El PSOE trata de culpar a las eléctricas del cierre de Almaraz pese a que lo pactó con Sumar para gobernar

La batalla por el cierre de las centrales nucleares se libra en muchos frentes, y uno de los más importantes es el del relato. En las últimas semanas, el PSOE se ha movilizado para culpar a las compañías eléctricas de la clausura de los reactores, ante la fuerte contestación social que está generando la inminente clausura de la planta atómica de Almaraz, en Extremadura.

Desde el apagón del 28 de abril, el ala socialista del Gobierno ha virado su postura: de negarse a abordar la prórroga de la vida útil de las centrales a aceptarla a condición de que sean las empresas las que lo soliciten. Lo afirmó Pedro Sánchez en el Congreso, el 7 de mayo, y lo reiteró una semana después la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen.

Pero las eléctricas, que como desveló El Debate ven margen hasta marzo de 2026 para maniobrar, no han movido ficha, lo que ha generado un gran nerviosismo entre los socialistas. Desde el PSOE extremeño calificaron la semana pasada de «inaceptable» esta postura, y afirmaron que el cierre «no debe darse por asumido sin que exista un acuerdo firme con el Gobierno de España».

Es más, la orden ministerial que concedió la última renovación de Almaraz, en 2020, establece específicamente que «tendrá validez hasta el 1 de noviembre de 2027 para la Unidad I, y hasta el 31 de octubre de 2028 para la Unidad II, que serán las fechas de cese definitivo de explotación de estas Unidades».

Tres condiciones, pero solo importa una

Pese a ello, desde el pasado mayo Moncloa ha trasladado que está dispuesta a mantener abiertos los reactores siempre que se cumplan tres condiciones: garantizar la seguridad de la población, que las centrales contribuyan a la seguridad de suministro y que sea económicamente viable.

La primera se da por descontado, dado que la Asociación Mundial de Operadores Nucleares (WANO) ha calificado a Almaraz como una de las más seguras del mundo. Y la segunda quedó especialmente en relieve con el apagón de abril, cuando apenas había nucleares conectadas al sistema –el 62 % de la generación en ese momento se cubría con renovables, como se recordó ayer en el congreso sectorial Aelec–.

Por tanto, la condición que hace chocar a las energéticas y al Gobierno es realmente la tercera: la económica. Desde el sector se insiste en que la fuerte subida de impuestos aprobada por Pedro Sánchez –que ha elevado un 70 % su carga fiscal– las hace económicamente inviables. Y ante la negativa del Ejecutivo a cualquier alivio, han pospuesto la reunión para extender la vida de Almaraz.

El porcentaje de españoles partidario de mantener las nucleares ha pasado del 43 al 66 % en dos años

En la pugna influye también el cambio de consideración de esta tecnología desde 2019, cuando se impuso el actual calendario de cierre. Según un reciente barómetro del Real Instituto Elcano, el 66 % de los españoles cree que las centrales nucleares deben seguir funcionando, una cifra que en 2023 se situaba en el 43 %.

Mientras, los técnicos de WANO acaban de visitar Almaraz para interesarse por los trabajos de cierre, alimentando la sensación de que la clausura de la planta no tiene marcha atrás. Todo ello, cuando se suceden las movilizaciones para mantener abierta la instalación, con una nueva protesta convocada para este sábado en Navalmoral de la Mata.

El próximo paso del proceso se producirá a finales de este mes, cuando la central entregará al Consejo de Seguridad Nuclear la documentación asociada a la declaración de cese definitivo de explotación de la unidad 1. Será el primer reactor en cerrar, en 2027, y le seguirán, entre 2028 y 2035, los otros seis.