La gran batalla a la vuelta del verano: negociación contra reloj para salvar a las nucleares del cierre

La gran batalla energética española se librará a la vuelta del verano. Se trata del cierre de las centrales nucleares españolas, cuya clausura escalonada fue pactada entre el Gobierno y los titulares en 2019 y que tendrá, con Almaraz entre 2027 y 2028, su particular cruce del Rubicón.

España ya ha cerrado dos centrales nucleares hasta la fecha, la de Zorita, en Guadalajara, y la de Trillo, en Burgos. Pero Almaraz juega en otra liga: ha sido, en los últimos años, la instalación energética que más energía ha producido en España.

La clausura de la planta extremeña, al acabar con importantes economías de escala, supondría un gran freno para la posibilidad de mantener operativos el resto de rectores españoles –abocados también al cierre escalonado antes de 2035– incluso aunque llegara a La Moncloa un gobierno más proclive a las nucleares.

«No parece lógico aferrarse a un plan de cierre establecido en 2019, ya que la situación energética, ambiental y geoestratégica actual difiere radicalmente», trasladan desde Foro Nuclear, la asociación que agrupa a las empresas titulares de las centrales.

En la Cumbre del Clima de 2023, 25 países firmaron el objetivo de triplicar la capacidad nuclear, y otros seis países se unieron el año pasado. Países como Bélgica han optado por prolongar la vida útil de sus reactores, y el nuevo Gobierno alemán ha reabierto el debate nuclear, entre otros motivos porque el coste de su energía hubiera sido un 23 % menor en 2024 si se hubieran mantenido operativas sus plantas nucleares, según un informe de PwC.

«España se queda sola en el mundo y es el único país con reactores en operación que ha planificado cerrarlos», aseguran desde Foro Nuclear.

Las nucleares son garantía de estabilidad para el sistema, dado que sus grandes turbinas de miles de toneladas «aportan potencia rodante e inercia»

El Gobierno, al menos a su ala socialista, no parece querer quedar ante la opinión pública como el impulsor del cierre de las plantas después del apagón del pasado 28 de abril, a raíz del cual se ha disparado el consumo de gas, importado de Rusia, Argelia y EE.UU. Pero en un escenario de incertidumbre sobre el estado de la red eléctrica, los expertos insisten en que las nucleares son garantía de estabilidad para el sistema, dado que sus grandes turbinas de miles de toneladas «aportan potencia rodante e inercia».

El dinero es, ahora mismo, la cuestión fundamental sobre la cual pivota el cierre nuclear. Como ya informó El Debate, las eléctricas ven margen para solicitar formalmente la prórroga de la vida útil de Almaraz al menos durante tres años más, algo en lo cual parecen estar de acuerdo tanto Iberdrola como Endesa y Naturgy.

Las dos primeras mandaron una carta en junio a Transición Ecológica con una propuesta, a la que respondió a finales de julio la ministra Sara Aagesen marcando la línea roja de que cualquier prórroga debe pasar por no encarecer el recibo energético. Desde Transición Ecológica señalan que no aliviarán la fiscalidad porque España «está preparada» para sustituir las nucleares por renovables y ciclos combinados de gas.

Fuerte subida de impuestos

El Gobierno se aferra a que las nucleares no son rentables frente a las renovables, pero omite que les ha subido un 70 % los impuestos desde 2019, lo que según PwC «ha creado un problema artificial» para ahogar al sector. Un hachazo que las empresas buscan revertir, al menos parcialmente, tanto desde el Estado como desde las comunidades autónomas.

Por ahora, el Ejecutivo valenciano de Carlos Mazón es el único que ha anunciado la eliminación de las tasas autonómicas, «perdonando» 14 millones a Cofrentes. Pero ni Extremadura, gobernada por el PP, ni Cataluña, por el PSC, se han sumado.

Pese a ello, tanto Iberdrola como Endesa han abogado por mantener abiertas las nucleares. Para el presidente de la primera, Ignacio Sánchez-Galán, las centrales son «eficientes, seguras, tienen muchísima autonomía y dan mucha estabilidad al sistema energético. Son la solución más eficiente para mantener las líneas conectadas, de ahí que todos los países europeos y de fuera de Europa estén ampliando su vida útil».

Sin embargo, Iberdrola insiste en el caso de España no son viables dada la elevada carga fiscal que afrontan, el doble que en Francia. «El precio es excesivo, y aunque se flexibilice la carga fiscal en regiones como Valencia, si no hay cambios en la legislación actual, desde luego no podemos solicitar la ampliación (de la vida útil)», señaló durante la reciente presentación de los resultados semestrales de Iberdrola. «Quizá no sea viable», afirmó.

Más optimista se mostró José Bogas, consejero delegado de Endesa. «Todos los propietarios, no solo Iberdrola y Endesa, estamos en posición de cumplir con los requisitos establecidos por el ministerio. Tendremos una reunión pronto para discutir la situación y, en mi opinión, posponer el cierre nuclear es la opción más probable que pase, pero veremos. Estamos discutiendo los problemas técnicos», trasladó en un encuentro con analistas.

El Gobierno, mientras tanto, afronta presiones centrífugas. Por un lado, sus socios catalanes, ERC y Junts, abogan por mantener abiertas, al menos por ahora, las centrales catalanas. Pero desde Sumar, Yolanda Díaz ha asegurado que cualquier modificación del calendario supondría «vulnerar» el acuerdo de Gobierno entre su formación y el PSOE.

El último plazo límite para Almaraz, como adelantó este periódico, es marzo de 2026, pero cuánto más tiempo pasa menos margen tiene para comprar combustible, realizar las millonarias obras necesarias y formar y retener al personal adecuado. Mientras tanto el tiempo corre hacia el final de una tecnología que, el año pasado, aportó el 20 % de la energía consumida en España.