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Mina de Las Cruces, en Sevilla.

Mina de Las Cruces, en Sevilla.EP

La burocracia y la polarización política frenan que España explote un tesoro en minerales críticos

El país cuenta con una geología privilegiada, pero la falta de inversión, el rechazo social y la división política complican su autonomía estratégica

En 1992, durante una visita a una mina Baotou, en Mongolia Interior, Deng Xiaoping realizó su famosa predicción: «Oriente Medio tiene petróleo y China tiene tierras raras». Pocos entendieron entonces estas palabras, pero el vaticinio del expresidente chino cobra una importancia capital ahora que Europa y España buscan garantizar su autonomía estratégica. Sin embargo, este retraso es el menor de los problemas: nuestro país se enfrenta al rechazo social, la polarización política, la falta de inversión y la lentitud burocrática.

El pasado martes, el CSIC y el Real Instituto Elcano organizaron una mesa redonda en la que personal investigador de ambas instituciones abordó la realidad de los minerales críticos desde una perspectiva de autonomía estratégica, tanto en España como en la UE. Aunque los participantes reconocieron los avances de ambas entidades en los últimos años, la lectura entre líneas sugiere que son muchos los desafíos a los que se enfrenta nuestro país.

Los llamados minerales críticos son la nueva columna vertebral de la economía mundial. Se trata de materias primas imprescindibles para fabricar desde baterías y paneles solares hasta turbinas eólicas, semiconductores o sistemas de defensa. Litio, cobalto, níquel, grafito, wolframio o tierras raras como el neodimio o el disprosio son los cimientos de la transición energética y, sin ellos, la electrificación del transporte o la producción tecnológica europea serían imposibles.

La invasión rusa de Ucrania sirvió para que Europa tomase conciencia de la necesidad de garantizar la autonomía estratégica y, en 2024, aprobó la Ley de Materias Primas Fundamentales para reducir la dependencia exterior. La norma fija tres objetivos: producir dentro de la UE al menos el 10 % del consumo anual (frente al 6 % actual), procesar el 40 % de los materiales que utiliza y no depender de un solo país en más del 65 % del suministro. Además, promueve el reciclaje y la diversificación de proveedores con socios africanos y latinoamericanos.

El paradigma español

El caso de España, en este aspecto, es paradigmático. A pesar de ser un país de importante tradición minera y contar con una geología excepcionalmente rica –especialmente en el sur peninsular–, se enfrenta a graves problemas por la lentitud burocrática, el rechazo social, la polarización política y, por supuesto, la falta de inversión.

«Tenemos mucho potencial, con muchos recursos minerales», explicaba la investigadora del CSIC, Lola Yesares. «Pero un buen número de proyectos siguen en fase de exploración o stand-by administrativo». Además, la mayoría de los depósitos son de tamaño moderado, lo que obliga a aumentar la inversión en investigación y personal especializado, tanto en la industria como en el sector académico, y fortalecer alianzas entre los distintos sectores.

Solo el 22 % de los españoles se muestra a favor de abrir nuevas minas, y el 66 % se opone frontalmente

Y el problema no se limita a la falta de recursos. España arrastra una crisis de confianza social hacia la minería que complica cualquier proyecto. Según un estudio del Real Instituto ElCano, solo el 22 % de los ciudadanos se muestra a favor de abrir nuevas minas, mientras el 66 % se opone frontalmente.

«Los estándares europeos son los más altos del mundo, pero sin aceptación social no habrá minería», advertía Gonzalo Escribano, director del Programa de Energía y Cambio Climático de Elcano. La regulación comunitaria exige, además, que los proyectos cuenten con la aceptación de la población local para ser declarados estratégicos, de modo que cualquier oposición puede bloquear años de trabajo.

Polarización política

A la desconfianza se suma la polarización política. La semana pasada, el Senado aprobó una moción del PP para impulsar la explotación de minerales críticos, pero el Gobierno la rechazó y defendió su propio plan nacional, presentado en marzo sin dotación presupuestaria. Mientras tanto, Alemania y Francia ya financian estrategias mineras con fondos específicos y acuerdos internacionales.

El país también acumula un pasivo ambiental considerable. «Tenemos alrededor de 7.000 instalaciones de residuos mineros abandonadas», recordaba Virginia Rodríguez, investigadora del IGME-CSIC. Muchos de esos emplazamientos suponen un riesgo para la salud y el medioambiente, pero también una oportunidad. El reprocesamiento de residuos podría recuperar materias primas estratégicas y, al mismo tiempo, rehabilitar zonas degradadas, siempre que se haga con garantías científicas y medioambientales.

La conclusión de los expertos es clara: España dispone de recursos y conocimiento científico, pero carece de una política industrial sostenida que conecte investigación, inversión y aceptación social. Además, a estos problemas se unen a un retraso endémico. Como reconocía Gerardo Herrera, investigador del CSIC y experto nacional en la Comisión Europea, «China lleva años haciendo los deberes y nosotros acabamos de empezar».

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