Bruselas no obliga a endurecer el despido, como asegura Yolanda Díaz

El Ministerio de Trabajo ha iniciado este lunes la ronda de contactos con sindicatos y patronal para endurecer el despido. El objetivo de Yolanda Díaz es dotar al sistema de mayor capacidad «disuasoria», en línea, asegura, con la Carta Social Europea y las resoluciones del Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS). Sin embargo, los expertos recuerdan que no se trata de órganos judiciales y que sus resoluciones no tienen carácter vinculante, por lo que España no tiene ninguna obligación de revisar las indemnizaciones.

El Comité Europeo de Derechos Sociales, con sede en Estrasburgo, emitió dos resoluciones –en julio de 2024 y junio de 2025– en las que consideraba que la legislación española vulnera el artículo 24 de la Carta Social Europea revisada. En ambos casos, el órgano señalaba que la indemnización de 33 días por año trabajado, con un máximo de 24 mensualidades, «no es suficientemente elevada para reparar el perjuicio sufrido por la víctima en todos los casos y ser disuasoria para el empresario».

No obstante, el propio dictamen aclaraba que se trata de una interpretación dirigida al Consejo de Europa, no de una resolución judicial. Según el texto, el Comité «formula conclusiones y recomendaciones al Comité de Ministros», que es quien, en su caso, puede instar a los Estados a revisar su legislación. Esa recomendación, explican los juristas, no implica obligación alguna ni conlleva sanciones.

En otras palabras, el CEDS emite valoraciones consultivas sobre la adecuación de las normas nacionales a los principios de la Carta, pero no tiene potestad para imponer cambios legislativos ni para invalidar leyes nacionales, como han recordado los tribunales Supremo y Constitucional en recientes sentencias.

Para los expertos consultados, el Gobierno está utilizando el argumento europeo como escudo político para justificar una reforma que responde más a su programa que a una imposición real. Federico Durán, of counsel de Garrigues, recuerda que «el debate acerca de las indemnizaciones por despido es un debate nacional, no europeo». En su opinión, el artículo 24 de la Carta Social Europea «contiene una referencia genérica que necesariamente ha de concretarse» y esa concreción «corresponde a los ordenamientos nacionales, que gozan de un amplio margen al respecto».

Durán añade que «el CEDS no es un órgano jurisdiccional» y que «carece de base normativa para exigir que las indemnizaciones sean disuasorias o que reparen el perjuicio íntegro efectivamente sufrido por el trabajador despedido». Se trata, insiste, de «opiniones carentes de fuerza vinculante» que pueden dar lugar a recomendaciones del Comité de Ministros, «pero las recomendaciones no pasan de ser tales y son de formulación genérica».

El economista Raymond Torres, director de Coyuntura de Funcas, coincide en que los dictámenes del Comité «no son prescriptivos, son recomendaciones» y subraya que «la propia Carta Social tampoco dice cuál debe ser el nivel de indemnización». Además, recuerda que «en algunos países europeos la normativa no especifica un monto de indemnización» y que «en otros, como los nórdicos u Holanda, lo dejan al criterio de los tribunales». Esa flexibilidad, señala, «es coherente con la propia normativa europea y con el Convenio 158 de la OIT, que habla de una indemnización apropiada o adecuada, pero no fija una cifra».

Torres también cuestiona la retórica de la ministra cuando habla de «despido disuasorio». «El término disuasorio, tal y como lo utiliza el Comité, se refiere al nivel de indemnización por despido improcedente, no al despido en sí», precisa. «Un despido puede ser inevitable en determinados contextos económicos; lo importante es que el sistema sea justo y que las decisiones judiciales lleguen a tiempo».

«Monólogo social»

El Ministerio de Trabajo sostiene que la reforma del despido busca dar cumplimiento a las resoluciones del CEDS y reforzar el carácter «disuasorio» de las indemnizaciones. La ministra Yolanda Díaz ha defendido que se trata de «garantizar la protección efectiva de los trabajadores frente al despido injustificado», una posición que su 'mano derecha' Joaquín Pérez Rey reiteró este lunes al abrir la mesa de diálogo: «Estar en una mesa de diálogo social no es sólo para calentar la silla. Hay que estar para proponer, para hacer propuestas y para alcanzar acuerdos».

La patronal, por su parte, rechaza de plano la iniciativa. El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha acusado a la vicepresidenta de mantener un «monólogo social» y de adoptar decisiones «partidistas» que responden, a su juicio, a intereses políticos más que económicos. Los empresarios temen que la reforma encarezca los costes laborales y erosione la seguridad jurídica de las empresas.

El mayor problema de la patronal es que esta reforma llega en un momento delicado para Díaz. La vicepresidenta segunda necesita un golpe de efecto que le permite sacudirse el fracaso de la reducción de jornada en el Congreso y todo apunta a que la negociación por el endurecimiento del despido va a ser mucho más dura que la de su medida estrella para esta legislatura.