Yolanda Díaz y el PP apoyaron en 2022 la ley que establecía el sistema de cuotas de autónomos que ahora rechazan

La subida de cuotas para los autónomos ha logrado aunar el rechazo de todas las formaciones parlamentarias, incluida Sumar, contra la medida propuesta por Elma Saiz esta semana. Pero lo cierto es que los incrementos ya estaban estipulados en el Real Decreto-ley 13/2022 que el Congreso aprobó en agosto de 2022 con mayoría absoluta incluyendo los votos de Podemos –entonces socio de Gobierno–, que ahora ponen el grito en el cielo contra la propuesta.

El texto salió adelante con 260 votos a favor, 64 en contra y 25 abstenciones. Respaldaron la medida el PSOE, PP, Unidas Podemos, PNV, Más País, Compromís, Teruel Existe, PDeCAT, Coalición Canaria, Partido Regionalista de Cantabria y Foro Asturias. Solo Vox, Ciudadanos, Navarra Suma y el diputado Pablo Cambronero votaron en contra, mientras que Junts, ERC, BNG, Bildu y la CUP optaron por la abstención. La iniciativa llegó al Congreso tras un acuerdo del Consejo de Ministros con ATA, UPTA y UATAE, las principales organizaciones del colectivo, que avalaron la transición hacia un sistema de cotización por ingresos reales.

La norma reformó el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), estableciendo por primera vez un sistema de cotización vinculado a los rendimientos netos mensuales y una escala de cuotas progresivas para los ejercicios 2023, 2024 y 2025. A partir de 2026, el texto preveía el despliegue de una nueva tabla de ingresos y bases de cotización durante un periodo máximo de seis años. Y es en este punto donde entra en juego la nueva propuesta del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que encabeza Elma Saiz.

El nuevo plan propone elevar las cuotas mensuales entre 17,37 y 206 euros en 2026, en función de los rendimientos netos. Según el planteamiento del Ministerio, los autónomos con ingresos inferiores a 670 euros mensuales pagarían una cuota de 217,37 euros, frente a los 200 actuales, con una base mínima de 710,35 euros. En los años siguientes, esa cuota aumentaría progresivamente: 234,73 euros en 2027 y 252,10 euros en 2028.

La iniciativa ha sido rechazada de forma casi unánime por todo el arco parlamentario. En el PP, su líder, Alberto Núñez Feijóo, la calificó de «sinsentido», mientras que el vicesecretario de Hacienda, Juan Bravo, denunció una «subida de impuestos» para los trabajadores por cuenta propia. Compromís la ha tildado de «error», y Yolanda Díaz –que votó a favor de la ley en 2022– ha advertido que no apoyará el plan porque «penaliza de manera singular a los autónomos con rentas más bajas».

Las asociaciones del sector también han salido en tromba contra el Ministerio, con ATA a la cabeza. Solo el líder de UGT, tradicionalmente alineado con la vicepresidenta y habitualmente crítica con el PSOE, ha mostrado su respaldo a Saiz.

La ministra, por su parte, ha recordado que se trata de una propuesta aún en fase de «escucha», sujeta a posibles modificaciones, y ha insistido en que parte de una «evidencia» como la regularización aplicada en 2023, la primera con el actual sistema de cotización. Con el rechazo generalizado sobre la mesa, todo apunta a que el Ministerio revisará los términos del plan antes de llevarlo al Consejo de Ministros.

Eximir del pago del IVA

El Partido Popular ha sido el más rápido en capitalizar el malestar. La próxima semana forzará una votación en el Congreso para aislar al, mientras que este sábado Feijóo ha prometido eximir del pago del IVA a los autónomos con ingresos inferiores a 85.000 euros anuales, una medida que afectaría a la gran mayoría del colectivo.

Sumar presentará una enmienda para eliminar el IVA adelantado y plantea trasladar parte de la presión fiscal hacia los «rentistas». Por su parte, UPTA ha propuesto una senda alternativa en la que los tramos más bajos apenas aumentarían un 4 %, mientras que el incremento sería mayor para las rentas altas.

Pero más allá del ruido político, las contradicciones de quienes impulsaron esta reforma evidencian la fragilidad del Gobierno de coalición. Las mismas formaciones y asociaciones que hace tres años avalaron el sistema de cotización por ingresos reales son hoy sus principales detractoras.