El sanchismo asfixia a los autónomos: siete años de subidas, burocracia y más presión fiscal

Ser autónomo en España se ha convertido en un deporte de riesgo. La última propuesta del Gobierno para revisar las cuotas no solo ha desatado la ira del colectivo, sino también el rechazo de prácticamente todo el arco político. Desde la llegada de Pedro Sánchez a Moncloa, la presión sobre los trabajadores por cuenta propia no ha dejado de aumentar, con políticas que disparan los costes y complican la gestión diaria de millones de pequeños negocios.

En 2018 el Ejecutivo pactó con las organizaciones de autónomos una subida de entre cuatro y cinco euros al mes a cambio de una mayor cobertura social. Entonces sonaba razonable ya que se trataba de acercar el régimen de los trabajadores por cuenta propia al general. Pero aquel acuerdo inició una escalada que no ha parado desde entonces.

Siete años después, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha presentado una nueva propuesta que incluye cuotas más altas, bases ligadas al salario mínimo y un calendario de aumentos hasta 2031. En 2026, los autónomos pagarán entre 17 y 206 euros más al mes según sus ingresos, una cifra que seguirá aumentando hasta 2028.

El Gobierno se ampara en el acuerdo firmado en 2022 con autónomos, sindicatos y patronal –y ratificado por el Congreso– para cotizar por ingresos reales. Sin embargo, la nueva propuesta ha provocado el rechazo no solo de las asociaciones del sector, sino también de buena parte del espectro político.

«Es un sablazo inasumible», resume el presidente de ATA, Lorenzo Amor. La federación calcula que más de un millón y medio de autónomos sufrirán incrementos acumulados de hasta 2.000 euros en tres años. Incluso organizaciones tradicionalmente próximas a este Gobierno, como UATAE o UPTA, han expresado reparos. La primera denuncia que el sistema rompe la progresividad acordada en 2022, y la segunda reclama bases más bajas para los sectores con ingresos irregulares.

Sl sistema de tramos recaudará este año 1.000 millones más que en 2023, y aún persisten disfunciones graves en las regularizaciones del año pasado

ATA denuncia que el sistema de tramos recaudará este año 1.000 millones más que en 2023, y que aún persisten disfunciones graves en las regularizaciones del año pasado y en el tratamiento de los autónomos en pluriactividad o familiares.

En el Congreso, el Gobierno también se ha quedado solo. Al rechazo previsible del PP y Vox se ha unido el de Sumar, Compromís y ERC, aunque por motivos distintos. «No es normal que una peluquera pague más impuestos por lo que gana trabajando que por tres pisos alquilados», reprochó el portavoz de la formación valenciana, Alberto Ibáñez. Hasta la vicepresidenta Yolanda Díaz admitió que, si la propuesta es la que se ha publicado, «penaliza a las rentas inferiores».

Siete años de desgaste

Cada nuevo decreto, cada regulación o cada intento de reforma reafirma la sensación de que el Ejecutivo legisla de espaldas a las necesidades de este colectivo. Y tienen sus motivos, ya que el Gobierno ha dejado fuera a la patronal de los autónomos en negociaciones clave.

El caso más evidente fue la subida del SMI, que ha aumentado un 61 % desde 2018. Estos incrementos sucesivos son, para ATA, los responsables de que el número de autónomos empleadores haya caído en 46.000 personas a lo largo de 2024, según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA).

Cese de actividad

La prestación por cese de actividad, por ejemplo, sigue siendo una asignatura pendiente tras más de una década de existencia. ATA la considera directamente «un fraude para muchos». Amor recuerda que en 2025 se denegaron el 60 % de las solicitudes, pese a que el sistema recauda más de 370 millones de euros al año y solo pagó 112 en prestaciones.

«Si al 60 % de las personas que solicitan el paro se lo denegaran, se liaría en el país», denuncia Amor, que exige equiparar las coberturas con las del régimen general. El problema no es solo económico, sino burocrático: el autónomo que cesa su actividad debe darse de baja en Hacienda y en la Seguridad Social antes de poder cobrar una ayuda que ha financiado durante años.

También la reducción de jornada laboral provocó un importante conflicto entre la patronal y Trabajo. ATA la calificó de «una bomba nueva para todo el tejido empresarial», aprobada por el Consejo de Ministros «sin diálogo social ni negociación colectiva». «Cada nueva norma es una zancadilla al que genera empleo», lamenta Amor, recordando que el empleo crece en las grandes compañías mientras se destruye entre los pequeños negocios y autónomos empleadores.

El cálculo del SMI, otro frente

El nuevo modelo de cálculo del salario mínimo, que fija el SMI en al menos el 60 % del salario medio neto, ha encendido otra chispa. ATA rechaza que se imponga por ley «sin criterios de productividad ni diálogo social» y advierte de que la medida incide directamente en casi un millón de autónomos empleadores. «Si se pretende garantizar un nivel de vida digno, los autónomos cuyos ingresos no lleguen a ese 60 % deberían quedar exentos de pagar impuestos y cotizaciones», plantea.

A todo ello se suma la sucesión de regulaciones que han convertido 2025 en un año de incertidumbre constante. «Un 25 % de los autónomos lo han pasado de pena», reconocía Amor al cierre del ejercicio anterior. «Tres de cada cuatro han sufrido un aumento de costes financieros, energéticos o de producción», añadía.

El endurecimiento del registro horario, última ocurrencia de Trabajo en represalia por el fracaso de la reducción de jornada, ha terminado por agravar el desgaste. «Será una carga más para los autónomos», advierte Amor, que no rechaza la necesidad de controlar las horas extra, pero sí la lógica del Ministerio. «Cada norma es una nueva zancadilla, y siempre llega sin evaluar los efectos de la anterior», insiste el presidente de ATA.

El problema no son las cuotas, el registro horario o la burocracia. Entre los autónomos empieza a cundir cierto hartazgo que se traduce en un freno de la afiliación. El número de inscritos en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos ha pasado de 3,27 millones en junio de 2018 a 3,41 millones en septiembre de 2025, un incremento de apenas el 4 % que contrasta con el 19 % registrado en el Régimen General durante el mismo periodo. No es un colapso, pero sí una clara muestra del agotamiento que sufre este colectivo.