El Gobierno sortea la falta de presupuestos con más de 78.000 millones en créditos extraordinarios en dos años

El Gobierno ha vuelto a tirar de chequera con una partida extraordinaria de 500 millones para los pacientes de ELA. Un gesto que invita a preguntarse cómo puede el Ejecutivo seguir aprobando nuevos gastos cuando España lleva dos años sin aprobar unos presupuestos generales. La respuesta está en una fórmula pensada para situaciones excepcionales que el Gobierno ha convertido en práctica habitual.

Se trata del llamado crédito extraordinario, una figura prevista en los Presupuestos Generales del Estado para necesidades imprevistas, cuando los fondos de contingencia se agotan o surge una urgencia inaplazable. En principio, su uso debía reservarse a situaciones excepcionales –una catástrofe natural, una crisis sanitaria, un compromiso internacional–, pero en la práctica se ha convertido en la vía ordinaria para ampliar el gasto sin pasar por el Parlamento.

«Esto, que está cogido con alfileres, es lo que se ha estado agarrando el Gobierno durante 2024 y 2025 para autoaprobarse créditos especiales», explica el economista José Ramón Riera. El pasado año, el Consejo de Ministros –encargado de validar las propuestas de ampliación de cada ministerio– aprobó incrementos por valor de 51.655 millones de euros en 2024 y, hasta agosto 2025, ya van casi 27.115 millones, 5.000 de los cuales ha ido solamente a Defensa.

Una vez aprobado el gasto, llega el momento de ejecutarlo. Es entonces cuando aparecen las llamadas obligaciones reconocidas, que son los compromisos de pago adquiridos por la Administración. En la práctica, explica Riera, esto significa que «cuando se inicia un proceso de pago –por ejemplo, una transferencia a las comunidades autónomas–, se comunica el importe y se genera una punta contable que se llama obligación reconocida». A partir de ahí, el Estado puede efectuar la transferencia o adjudicar los fondos a una institución, convirtiendo el crédito extraordinario en gasto real.

El problema, según Riera, llega cuando hay que encontrar de dónde sale el dinero. «Al no haber unos presupuestos de ingresos ni de gastos, porque nadie ha presentado cuál es el presupuesto de ingresos para realizar este presupuesto de gastos, es todo ficticio», advierte.

En ausencia de una planificación anual aprobada por el Congreso, el Tesoro Público cubre los nuevos compromisos con deuda. «Si no hay caja, el Gobierno le dice al Tesoro que pida dinero prestado. Y entonces el Tesoro saca subastas de letras, de bonos y de obligaciones», explica.

El Banco de España situaba este mismo martes la deuda pública en 1,699 billones de euros

Las emisiones se organizan según su vencimiento –a corto plazo, medio o largo, hasta 50 años– y se van ajustando en función de las necesidades comunicadas por los ministerios. El resultado es un incremento sostenido del endeudamiento nacional, que el Banco de España lo situaba este mismo martes en los 1,699 billones de euros, a los que hay que añadir otros 16.000 millones procedentes de préstamos de la Comisión Europea que, según Riera, no están contabilizados.

Al aumento de gasto se le une el vacío de control parlamentario. «Evidentemente, toda la oposición podría exigirle al Gobierno que dé explicaciones por esos incrementos de créditos, pero no se hace», lamenta. Esa falta de supervisión convierte al Consejo de Ministros en un órgano con un poder presupuestario excepcional, capaz de aprobar miles de millones de euros en ampliaciones sin pasar por el Congreso.

A ningún consejero delegado de empresa privada se le ocurriría aprobar un crédito así sin la autorización expresa del consejo

Para el economista, si una situación similar se produjera en el sector privado, tendría consecuencias inmediatas. «Saltarse el presupuesto aprobado por el consejo de administración es tremendamente complicado», afirma. «Una cosa es saltarse un millón de euros y otra cosa es saltarse mil millones. No hay ningún consejero delegado ni presidente ejecutivo al que se le ocurra hacerlo sin autorización expresa del consejo».

Riera explica que, en las empresas, incluso ante gastos urgentes, «todo queda reflejado en un memorándum firmado por el consejero delegado, el director financiero y el área de negocio que diseña el proyecto», mientras que en la Administración «el Gobierno puede aprobar un crédito extraordinario de 500 o 1.000 millones de euros en un solo Consejo de Ministros».

Maquillaje estadístico

El economista denuncia que las cifras publicadas no reflejan las obligaciones de pago acumuladas y que parte del endeudamiento no está recogido en el cómputo oficial. A su juicio, se trata de un «maquillaje» que recuerda a los desequilibrios previos a la crisis financiera de 2008 y que podría pasar factura más adelante.

Un ejemplo claro es el dato de endeudamiento, que en el cierre del año se situó 1,62 billones de euros y en agosto en los 17, billones. A pesar de esa diferencia de 80.000 millones, la IGAE cifra el déficit contable en 30.000 millones de euros, una diferencia de 50.000 millones.

Y lo más preocupante es el papel de las instituciones europeas. «Si lo sé yo mirando la contabilidad nacional, no me dirás que en Bruselas no hay gente para controlar el gasto», ironiza. Según Riera, la Comisión Europea se comporta como «cómplice» de las prácticas del Gobierno al no exigir explicaciones por el uso reiterado de créditos extraordinarios ni por la desviación del gasto público, un silencio que –advierte– «acabará pasando factura cuando el país tenga que rendir cuentas».

En la práctica, los créditos extraordinarios han permitido al Gobierno esquivar la falta de Presupuestos Generales del Estado y, lo que es más grave, perpetuarla. Con cada Consejo de Ministros que aprueba nuevos fondos sin control parlamentario, la excepción se consolida como norma. «Es una auténtica barbaridad», advierte Riera.