Los acreedores por las renovables descartan el Falcon y afinan la lista de embargos a la espera de la opinión clave de Trump

El último capítulo de la pugna millonaria entre España y sus acreedores por los impagos retroactivos a las renovables en EE.UU. se libra en el Tribunal Supremo del país. La última instancia judicial del país tiene sobre su mesa la reclamación de la Abogacía del Estado española para que se pronuncie sobre las, de momento, siete decisiones contrarias emanadas de la Corte de Distrito de Columbia.

Aguarda para ello la decisión del Ejecutivo de Donald Trump que, aunque no será vinculante, sí tendrá mucho peso, según fuentes de las compañías que llevan más de una década pleiteando contra España.

En concreto, se pronunciará el procurador general de Estados Unidos, John Sauer, que también fue abogado del propio Donald Trump antes de llegar a la Casa Blanca, según adelantó Expansión y ha podido confirmar este periódico. Asimismo, también emitirá un dictamen el Departamento del Tesoro de Scott Bessent.

España suma ya 27 condenas en los tribunales internacionales por los impagos retroactivos de las jugosas primas a la instalación de plantas renovables que en su día aprobó el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero. La última, conocida recientemente, por valor de 44 millones a favor de la luxemburguesa 9REN, ha elevado hasta los 688,4 millones la cuantía exigida en los tribunales de EE.UU.

En los últimos meses, los tribunales americanos han reconocido como sentencias propias los laudos contrarios en los casos de Cube (40,2 millones); Watkins (79,5 millones), Antin (125,1 millones), RREEF (74 millones), InfraRed (35 millones) y NextEra (290,6 millones).

Más de 2.000 millones

En total, la factura ronda los 2.179 millones de euros, de los cuales 415 son atribuibles a los intereses de demora ocasionados por la decisión de Teresa Ribera de no pagar los laudos contrarios. Algo que, en marzo, logró el aval de la Comisión Europea en uno de los contenciosos, contra Antin. Entonces Bruselas ordenó a España que no desembolsara 101 millones de un laudo contrario, porque de lo contrario se consideraría una ayuda de estado ilegal, avalando así los postulados de la hoy comisaria europea de Transición Limpia, Justa y Competitiva.

Ahora, la pelota está en manos del Supremo del país, que deberá dictaminar si el argumento de que España tiene inmunidad soberana pese a haber firmado el Tratado de la Carta de la Energía es válido. Algo que fuentes de los reclamantes ven complicado, recordando que del total reclamado, 300 millones corresponden a empresas americanas, y que también ha tomado partido en una de las demandas el equivalente americano a la CEOE, la Cámara de Comercio.

Las mismas fuentes señalan que, de desestimar los argumentos españoles, el camino quedaría expedito para proceder contra embargos contra bienes españoles en el país. Dichos bienes serían «activos comerciales del Estado», «pero no una embajada o el Falcon». Es decir, «bienes sin los cuales España pueda seguir conduciendo su actividad exterior sin entorpecer su actividad diplomática», de cara a agilizar los trámites en los tribunales y evitar así otra posible línea de defensa del Estado.

En cualquier caso, señalan que el Falcon, que llegó a estar oficialmente en el punto de mira, «es un bien costoso de mantener y que se deprecia», lo que le resta interés a ojos de los reclamantes.