El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, en el Congreso
El Gobierno sortea el bloqueo de la Ley de Industria y asume el control de los proyectos estratégicos
La creación del Comité de Inversiones Estratégicas permite al Ejecutivo decidir qué iniciativas serán prioritarias pese a que la norma que debía regularlo sigue parada
El Consejo de Ministros aprobó la pasada semana la creación del Comité de Inversiones Estratégicas, concebido como una «ventanilla única» para agilizar proyectos clave. La decisión llega a pesar de que el órgano ya estaba previsto en la Ley de Industria, actualmente paralizada en el Congreso. Con este movimiento, el Ejecutivo se reserva la capacidad para calificar proyectos estratégicos y evita que Telefónica –participada por el Estado– tuviera que comunicar con nueve meses de antelación el ERE que acaba de presentar, como recogía el texto legal.
Según la orden publicada en el BOE, su función será «identificar e impulsar» inversiones estratégicas, apoyar la evaluación de proyectos relevantes y servir de canal para agilizar la coordinación administrativa entre ministerios y comunidades autónomas. Sus acuerdos no tendrán efectos directos frente a terceros, de modo que no sustituyen permisos ni autorizaciones, pero sí permitirán priorizar expedientes que el Gobierno considere de interés.
El Comité dependerá de Presidencia y estará copresidido por la Oficina de Asuntos Económicos y G-20 de Moncloa y por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. Formarán parte de él representantes –con rango mínimo de dirección general– de Industria, Transición Ecológica, Hacienda, Trabajo, Exteriores, Defensa, Transportes, Agricultura, Sanidad, Ciencia, Inclusión, Transformación Digital, así como de la Oficina Nacional de Prospectiva y del ICEX Invest in Spain. También se crea una Secretaría Técnica que coordinará expedientes y asistirá al Pleno del Comité.
La Ley de Industria preveía la creación de este órgano con posterioridad a su aprobación, con una hoja de ruta que incluía criterios de elegibilidad, gobernanza y un desarrollo reglamentario específico. Ninguno de esos elementos está todavía definido. Sin embargo, el Ejecutivo podrá impulsar inversiones sin que las empresas conozcan aún los requisitos que deberán cumplir para obtener la calificación de estratégicas.
Esa falta de concreción ya fue advertida por el investigador de Fedea, Diego Rodríguez, que considera que el Ejecutivo plantea «un sistema de gobernanza y una serie de objetivos deseables», pero sin detallar criterios de selección, umbrales de inversión ni estándares medibles de sostenibilidad o retorno. Señala además que, a diferencia de otras normas sectoriales, el proyecto utiliza conceptos amplios como «ecosistema industrial» o «reto estratégico», cuyo alcance dependerá del desarrollo reglamentario.
Lo llamativo es que el Gobierno acelere en la composición de este Comité en lugar de buscar el desbloqueo de la Ley de Industria, norma que debía fijar sus límites, metodología y beneficiados asociados. El proyecto, de hecho, contempla un procedimiento que incluye la solicitud empresarial, informes autonómicos y la evaluación técnica antes de la decisión final de la Comisión Delegada. De momento, esto queda todavía fuera.
El problema es que esta ley introducía mayor complejidad para las empresas interesadas en plantear unos despidos masivos, como la obligación de comunicar el expediente con nueve meses de antelación. Es precisamente ese bloqueo parlamentario el que ha permitido a Telefónica –participada por el Estado– sortear dicha obligación con el ERE anunciado para más de 6.000 trabajadores.
El Ejecutivo defiende que el Comité permitirá atraer inversión internacional, reducir trámites y reforzar la autonomía estratégica. Su alcance real dependerá del reglamento pendiente, que deberá definir qué proyectos podrán optar a esa clasificación, qué ventajas conllevará y bajo qué condiciones. Hasta entonces, la designación quedará al arbitrio de Presidencia.
