El Congreso tumba la senda fiscal: las consecuencias de gobernar sin presupuestos

El Congreso ha rechazado este jueves la senda de estabilidad que fijaba los objetivos de déficit, deuda y gasto, lo que obligará al Gobierno a presentar una nueva propuesta y complica aún más la aprobación de las cuentas para 2026. No se trata de un escenario inesperado para el Ejecutivo, que lleva sin aprobar unos PGE desde 2023, pero los expertos alertan de que gobernar sin presupuestos merma la capacidad de planificación y dificulta el control parlamentario.

La senda de estabilidad marca los objetivos de déficit, deuda pública y gasto para los próximos tres años y supone la antesala de los presupuestos generales. En la propuesta rechazada por el Congreso, el Ejecutivo fijaba un límite de déficit público en el 2,1 % del PIB para 2026, el 1,8 % en 2027 y el 1,6 % en 2028; mientras que la deuda debía reducirse al 99,1 % del PIB al final de ese periodo. El límite de gasto –que se ha debatido, pero no votado– quedaba en los 216.177 millones de euros, incluyendo los fondos europeos.

Consciente de que el revés parlamentario era inevitable, el Ministerio de Hacienda se había puesto de tope dos votaciones de la senda de estabilidad y, en caso de rechazo, seguir adelante con la presentación de los PGE de 2026 utilizando los objetivos que remitió a la Comisión Europea en 2023 dentro del marco del programa de estabilidad. Esta misma jugada fue avalada por la Abogacía del Estado cuando el Senado tumbó los objetivos de estabilidad en 2024.

Lo que sí provocará el rechazo del Congreso es un importante retraso en la presentación de los presupuestos del próximo año, que se retrasará hasta primer trimestre del próximo año, y no se aprobarían antes de abril o mayo. Eso, si finalmente salen adelante, algo complicado dado el frágil equilibrio parlamentario. Claro que, de no aprobarse, no supondrá un problema para Pedro Sánchez que, en sus siete años como presidente del Gobierno, solo ha sido capaz de aprobar los PGE en tres ocasiones.

Aunque este Ejecutivo está haciendo de esta práctica una constante, lo cierto es que tiene graves implicaciones. Como señalaba recientemente la presidenta de la AIReF, Cristina Herrero, la presentación de presupuestos «es una obligación constitucional» y su falta «sustrae al Parlamento la oportunidad de debatir sobre los proyectos de gasto del gobierno y la oportunidad de incorporar sensibilidades de otros partidos políticos que en su conjunto representan la mayoría de la sensibilidad de los españoles». Además, cada año que pasa con un presupuesto prorrogado provoca que las cuentas tengan menos flexibilidad para adaptarse a la realidad del momento.

La ley permite prorrogar las cuentas del año anterior, pero se trata de un mecanismo excepcional para asegurar la continuidad de los servicios públicos en periodos de bloqueo o transición

La ley permite prorrogar automáticamente las cuentas del año anterior si no hay un nuevo proyecto aprobado a 31 de diciembre, pero se trata de un mecanismo excepcional cuyo objetivo es asegurar la continuidad de los servicios públicos en periodos de bloqueo o transición. La acumulación de prórrogas desvirtúa el espíritu de la norma y reduce la capacidad del presupuesto como herramienta de política económica.

Desde la AIReF explican que gobernar con unas cuentas diseñadas para un contexto económico distinto resta eficiencia. Las partidas se desajustan con el paso del tiempo, aparecen nuevas necesidades y desaparecen holguras que en un primer año pueden amortiguar la falta de un nuevo marco presupuestario. En 2024, por ejemplo, el techo de gasto permitía un crecimiento del 8,5 %, pero la prórroga acabó limitándolo al 4,3 %. En 2025, el escenario podría ser inverso, lo que muestra que el mecanismo de arrastre no siempre acompasa la realidad económica ni garantiza una asignación óptima de recursos.

Además, la ausencia de unos PGE actualizados obliga a tramitar miles de modificaciones presupuestarias para adaptar las partidas heredadas de 2023, un proceso menos ágil y más fragmentado que la aprobación de un presupuesto completo. Solo entre enero y agosto se autorizaron cambios por valor de 27.000 millones de euros, según la autoridad fiscal, evidenciando el progresivo desajuste entre las cuentas vigentes y las necesidades reales de gasto.

Sin un proyecto presupuestario, el Parlamento pierde su capacidad anual de examinar prioridades, proponer cambios y fiscalizar al Ejecutivo

La AIReF subraya también las implicaciones democráticas. Sin un proyecto presupuestario, el Parlamento pierde su capacidad anual de examinar prioridades, proponer cambios y fiscalizar al Ejecutivo, lo que afecta al control político y a la rendición de cuentas. «El Gobierno tiene que ir paso a paso con una visión fragmentada, en lugar de otorgar una visión de conjunto que es fundamental para que los agentes económicos puedan tomar sus decisiones y que los ciudadanos puedan controlar al Gobierno y ver si sus actuaciones se corresponden con las promesas que se hicieron antes de las urnas», apunta.

A la autoridad fiscal le preocupa, además, el efecto que este bloqueo tiene sobre su propia labor de evaluación. Sin un proyecto ni un marco estratégico completo la institución se ve obligada a trabajar con un «escenario inercial» basado en la tasa de crecimiento del gasto pactada para 2024 (3,3 %), lo que reduce su capacidad para elaborar previsiones precisas y supervisar con detalle la sostenibilidad de las finanzas públicas.