Casa 47, el lavado de cara del Sepes que no solucionará el problema de la vivienda en España

Un año después de que Pedro Sánchez anunciase la creación de una «gran empresa pública de vivienda» que se encargue de la construcción y gestión de inmuebles, esta ha visto por fin la luz. El Gobierno ha reconvertido la Entidad Pública Estatal del Suelo (Sepes) en Casa 47, en honor al artículo 47 de la Constitución Española que establece que la vivienda es un derecho para los españoles. El objetivo de esta nueva entidad será gestionar todo el ciclo residencial e impulsar las políticas para promover el acceso a una vivienda.

Por ello, ofrecerá alquileres que podrán tener una duración de hasta 75 años. Pero si se lee la letra pequeña, se establece que el primero será de 14 años, y después se harán prórrogas automáticas cada siete años, siempre y cuando se mantengan la mayor parte de los requisitos de acceso.

Desde el Ministerio de Vivienda calculan que el 60 % de la población podrá optar a estos alquileres asequibles, aunque tienen que contar con unos límites de renta. Estos son entre 2 y 7,5 veces el IPREM, que es entre 1.200 y 4.500 euros mensuales, o lo que es lo mismo, entre 16.800 y 63.000 euros anuales. También se tendrán en cuenta requisitos patrimoniales que todavía no han sido explicitados.

En el caso de las rentas inferiores a los 16.800 euros anuales, la cartera dirigida por Isabel Rodríguez ha asegurado que «se les apoyará a través de la vivienda social».

Su precio se fijará en base a «criterios de asequibilidad», explican desde el Ministerio de Vivienda, que no superarán el 30 % de la renta media del territorio donde esté la vivienda. En zonas como Madrid, los precios estarían un 38 % por debajo del precio de mercado, y en Málaga se podría reducir hasta un 50 %, encontrando así alquileres entre 680 y 690 euros. En los lugares donde se considera que no existe esa «tensión» se introducirán otros criterios, como un tope.

¿Cuántas viviendas tendrá?

Casa 47 será aprobada el próximo martes en el Consejo de Ministros, y no nace vacía. De hecho, cuenta ya con 40.000 viviendas y 2.400 suelos con capacidad para albergar otros 55.000 inmuebles que proceden de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), el conocido como banco malo. En lo que va de año, la entidad ha licitado la redacción de los proyectos de más de 1.600 viviendas distribuidas por todo el territorio nacional.

Además, próximamente lanzará una oferta pública de compra de 100 millones de euros para seguir incrementando el parque público de vivienda. Todas las viviendas que adquieran no podrán ser vendidas.

¿Dónde estarán ubicadas?

El Ministerio de Vivienda no ha detallado cuántos inmuebles habrá en cada territorio. Pero si se sabe que de los procedentes de la Sareb en Cataluña hay 14.000, lo que supone una cuarta parte. En Andalucía se encuentran unas 4.500, en la Comunidad Valenciana 3.500 y en Madrid capital 1.300.

Asimismo, la entidad ha desbloqueado obras de urbanización con un alto impacto en ciudad como Sevilla, Ibiza o Valencia. Y próximamente Málaga y Madrid, que aún están pendientes de aprobación municipal.

«Promesa electoral»

Expertos inmobiliarios como Julián Salcedo, presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios del Colegio de Economistas de Madrid, consideran que está medida, además de llegar tarde, no conseguirá los efectos deseados. Además, al recibir buena parte de los activos de Sareb, «supondrá el impago de 16.500 millones de euros de la deuda contraída, ya que se los traspasa de manera gratuita, y lo acabaremos pagando todos», cuenta.

«Esta medida es solo una promesa más en pleno proceso electoral: el de Extremadura», considera Salcedo. Por eso pide que «se pongan de inmediato los recursos a disposición del sector privado, que ha demostrado sobradamente su capacidad para construir más de 700.000 viviendas nuevas en 2006», sentencia. A través de vivienda nueva, se paliaría en parte, la crisis de la vivienda.