Cerro de El Panecillo en Quito, Ecuador.
Ecuador busca inversores, pero exige reglas que sobrevivan a los gobiernos
Los expertos reunidos en el foro ENERGreen Talks coinciden en la necesidad de garantizar estabilidad regulatoria, contratos sólidos y seguridad de cobro
Los proyectos energéticos no suelen terminar en la misma legislatura en la que se anuncian, por lo cual es fundamental reforzar marcos regulatorios que permitan cerrar acuerdos a largo plazo. Esta fue una de las ideas más repetidas durante la segunda edición de ENERGreen Talks, celebrada esta semana en Madrid, un foro que reunió a responsables públicos, expertos y representantes empresariales para debatir sobre la transición energética en América Latina, y más concretamente en Ecuador.
A diferencia de otros sectores, la energía obliga a pensar en plazos largos –de entre 15 y 30 años– que atraviesan varios ciclos políticos. En el caso ecuatoriano, uno de los principales retos identificados por los ponentes es precisamente la falta de una política energética de Estado. Existen planes maestros, pero estos se adaptan a las prioridades de cada gobierno, lo que introduce incertidumbre en proyectos que requieren estabilidad regulatoria y financiera durante décadas.
En este contexto, los expertos coincidieron en la necesidad de combinar la seguridad jurídica con instrumentos contractuales de carácter bilateral, capaces de ofrecer mayor protección frente a los cambios políticos. También se subrayó la importancia de coordinar los esfuerzos del gobierno central con los gobiernos descentralizados, un aspecto clave en un país marcado por una elevada diversidad territorial.
El debate puso de relieve que los problemas de los proyectos energéticos no se limitan a la generación. La transmisión, la regulación y el diseño de los marcos normativos son factores determinantes para su viabilidad. Sin reglas claras, el despliegue técnico de las renovables se resiente y los proyectos se encarecen o se paralizan.
A ello se suma la necesidad de cumplir con compromisos internacionales como el Acuerdo de París, que condiciona el tipo de tecnologías empleadas y obliga a garantizar que el desarrollo energético no comprometa el futuro del propio sistema. En algunos casos, el avance de las renovables choca con salvaguardas ambientales, lo que exige un trabajo previo con las comunidades locales. Los ponentes insistieron en que estas exigencias no son un freno, pero sí un elemento que debe integrarse desde el inicio en el diseño de los proyectos.
El papel de las multilaterales
Uno de los consensos del foro fue el papel que desempeñan las instituciones multilaterales en América Latina. Su visión técnica y su capacidad de estructuración permiten superar barreras regulatorias, financieras e institucionales, especialmente en proyectos complejos y de largo recorrido.
En la selección de contratos, se destacó la importancia de aplicar criterios objetivos que prioricen los proyectos mejor enfocados, sin caer en requisitos excesivamente laxos –que atraen operadores no deseados– ni demasiado estrictos, que terminan ahuyentando la inversión. La estructuración de los proyectos y la asignación de riesgos fueron señaladas como aspectos críticos: no todos los riesgos pueden trasladarse al sector privado. Aunque este aporta agilidad en la gestión, los riesgos deben repartirse de forma equilibrada.
La seguridad jurídica, insistieron los expertos, no se limita a la existencia de leyes, sino a contar con un marco regulatorio que permita acuerdos a largo plazo, con reglas del juego claras y previsibilidad en los flujos de caja. La seguridad de cobro es, en última instancia, la base sobre la que se construye la financiación.
Reformas más allá de la ley
Ante la pregunta de si es necesaria una reforma institucional, la respuesta fue matizada. Una reforma legal, por sí sola, no es suficiente. Los proyectos energéticos de largo aliento obligan a enfrentarse a seis o siete gobiernos distintos, lo que exige cambios tanto jurídicos como institucionales y una convergencia progresiva hacia estándares internacionales.
La transparencia en los procesos públicos de selección de proyectos fue otro de los puntos subrayados, así como la necesidad de supervisión externa. En este ámbito, las instituciones bilaterales y multilaterales vuelven a aparecer como actores clave para reforzar la confianza de los inversores.
Galápagos como horizonte
El foro sirvió también para perfilar la hoja de ruta de la próxima edición de ENERGreen Talks, prevista para 2026 en las Islas Galápagos. El archipiélago, símbolo de biodiversidad y laboratorio natural, representa tanto una oportunidad como un desafío para la transición energética ecuatoriana.