El abogado Ignacio Montoro representa a treinta afectados por la estafa de Monovex.
Un médico pierde 300.000 euros en una estafa con criptomonedas, y hay 29 afectados más
Se desmonta el mito de que este tipo de fraudes solo afecta a personas con un nivel cultural bajo. El coste total de la estafa ronda los 2,5 millones de euros.
Con perfecto acento español, un nombre que podría ser el de cualquier compatriota («Manuel Sánchez», «Rafael Peña») y la promesa de una rentabilidad alta, le ofrecieron invertir una pequeña cantidad de euros en criptomonedas para que comprobara que el sistema funcionaba. Veía en una plataforma de Internet (Monovex) que iba ganando dinero, que sus cuentas iban mejorando, y se iba enganchando, hasta que quiso sacar su dinero y no pudo. Perdió 300.000 euros.
El caso podría ser el de una persona de nivel cultural bajo, como se piensa que son los afectados por estos casos, pero no lo es. Se trata nada menos de alguien que fue jefe de un servicio de ginecología. «No te creas que quería el dinero para comprarse un Ferrari. Lo quería para sus hijos, para sus nietos... Nos dijo que no lo contaba por vergüenza», explica el abogado Ignacio Montoro, que tenía y sigue teniendo como cliente a este médico de 70 años.
Con este caso arrancó la denuncia que el despacho de Montoro, Summons Abogados, puso el 10 de noviembre en la Fiscalía Anticorrupción contra Monovex, la firma fraudulenta detrás de este atropello. Tras conocer el caso del médico, buscaron en foros de Internet otros posibles afectados. Surgieron veintinueve más. El coste total de la estafa se cifra en unos 2,5 millones de euros.
Entre los afectados hay médicos, abogados, personas de otras profesiones y de edades diversas que han perdido 300.000, 500.000, 20.000, 50.000 euros... «Es el futuro de las estafas. Recibimos casos todas las semanas, y el problema es que las autoridades policiales y judiciales están luchando contra este fraude del siglo XXI con medios del siglo XX», lamenta Montoro.
Para paliar estas carencias y tratar de que el caso vaya lo más rápido posible, Montoro presentó la denuncia en la Fiscalía Anticorrupción, que tiene más medios que un juzgado ordinario (la UCO, la UDEF...), y la idea es que termine en la Audiencia Nacional. De momento, la Fiscalía está estudiándolo.
Sobre la mafia que hay detrás aún no se sabe nada concreto: «Hay correos electrónicos, grabaciones, teléfonos de España y de Reino Unido... pero no se sabe quiénes son. Está claro que hay un delito, pero aquí lo difícil será demostrar la autoría y la participación», señala Montoro.
¿Recuperarán su dinero los afectados? Difícilmente. «Puede que la Fiscalía enganche a alguno, pero no es sencillo. Luego se les puede juzgar, pero otra cosa es que tengan responsabilidad civil y capacidad de pagar. Aquí no hay bancos ni aseguradoras», comenta Montoro.
Es un problema para los implicados, a los que no les queda otra posibilidad que esperar, como tuvieron que hacer en el pasado los que fueron tentados por otros ganchos para sacar rentabilidad a su dinero. El anzuelo antes podían ser los sellos, y ahora son las criptomonedas.
