¿Realmente quieren los políticos acabar con el problema de la vivienda? No lo parece, o no saben cómo hacerlo

El Gobierno de Sánchez ha anunciado esta semana una batería de iniciativas pensadas para mejorar el acceso a la vivienda entre las que se incluyen algunas que a priori no suenan mal, como bonificar con el 100 % del IRPF a los propietarios que no suban el alquiler a los inquilinos o frenar los abusos en el alquiler de habitaciones.

Sin embargo, son solo parches, y no acaban con el brutal problema de unos precios de la vivienda que muchas familias no pueden permitirse, o que les sitúa en una posición económica muy delicada.

Entre 1980 y 1992 se construían 240.000 viviendas anuales para 40 millones de habitantes; en los últimos doce meses han sido 140.000 para casi 50 millones

Los precios están disparados porque no hay pisos disponibles suficientes. El economista Diego Barceló lo explica muy claramente: entre los años 1980 y 1992 se construía una media de 240.000 viviendas anuales cuando la población española no llegaba a 40 millones de habitantes; en los últimos doce meses se ha iniciado la construcción de 140.000 viviendas cuando en España ya vivimos casi cincuenta millones de personas.

«¿Por qué no se construye? Porque es imposible construir con normas que cambian en cada comunidad autónoma, en cada municipio... El problema lo crea el propio Gobierno por ignorancia, por torpeza o por lo que sea, pero el problema está ahí», sostiene Barceló.

Sánchez y sus socios de izquierdas han complicado hasta el extremo el panorama con medidas que han fomentado la okupación y han retraído a quienes pueden poner pisos en el mercado fantaseando con los «grandes tenedores», cuando el 90 % de los arrendatarios en España son pequeños propietarios que solo tienen una vivienda en alquiler. Pero el problema es aún más profundo: «Son 20-25 años de inacción, sin una política de vivienda clara y con una intervención muy compleja en el mercado que no ha facilitado nada», señala el catedrático de CUNEF Santiago Carbó. «Habría que tomarse el asunto más en serio, al menos teniendo en cuenta a ese grupo de personas que no tiene acceso en este momento a la vivienda: los jóvenes», añade.

Si de verdad quieren ayudar a que se resuelva el problema de la vivienda, los políticos no deberían intervenir el mercado, sino facilitar que actúe. Barceló propone varias medidas al respecto. La primera es eliminar impuestos que elevan el precio de la vivienda. Si una empresa quiere construir, lo primero que tiene que hacer es pagar al municipio de turno el Impuesto de Construcciones, que supone en torno al 4 % del coste total de ejecución material de la obra. Una vez construido, los vecinos han de abonar el 10 % de IVA, y si se compra de segunda mano, hay que pagar el Impuesto de Transmisiones. «Quienes dicen estar preocupados por el problema de la vivienda, no hacen más que poner obstáculos», lamenta Barceló.

Además, está el problema de la reclasificación del suelo, que entre otras cosas impide que se construyan más de tres plantas en determinados casos, y entonces es mucho más difícil prorratear el coste del suelo. «Hay regulaciones que son totalmente contraproducentes. Por ejemplo, la norma que en Madrid impide construir pisos de menos de 40 metros cuadrados. Un chaval podría tener la entrada para pagar un piso de 25 metros, pero los políticos consideran que eso no es digno, y que lo digno son al menos 40 metros. Entonces el chaval, en lugar de comprarse el piso, tiene que compartir piso con tres desconocidos. Eso es un disparate», afirma Barceló. «¿Quieren arreglar el problema? Saquen sus sucias manos del mercado de la vivienda, bajen los impuestos y dejen que la gente se busque la vida en el buen sentido. La gente sabe lo que tiene que hacer. El problema es que no dejan funcionar al mercado de la vivienda», añade.

«¿Quieren arreglar el problema? Saquen sus sucias manos del mercado de la vivienda, bajen los impuestos y dejen que la gente se busque la vida en el buen sentido», indica a los políticos el economista Diego Barceló

Carbó admite que el Gobierno no está acertando con sus medidas. Para que baje el precio de la vivienda, hace falta que haya más: «Hay que generar incentivos -a quienes construyen o pueden poner viviendas en alquiler-, y eso no se está produciendo. Hay que poner siempre en duda si los gobiernos desean realmente que baje el precio de la vivienda». Esta preocupante afirmación se basa en que gran parte de los propietarios no estarían muy felices si bajara el precio de la vivienda, pues es el modo en el que han canalizado su ahorro. Su interés se contrapone con el de quienes necesitan una vivienda asequible. Tampoco los bancos estarían muy contentos, pues bajaría el valor de las hipotecas.

Como se puede ver, hay muchos intereses contrapuestos en relación con la vivienda. Los compradores son quienes están pagando los platos rotos, con unos precios muy altos, por un sistema que no funciona. Ni siquiera son interesantes para todos medidas aparentemente positivas como la bonificación del 100 % del IRPF por no subir el alquiler a los inquilinos: básicamente beneficiarían a quienes firmaron durante la pandemia. Solo una buena estrategia global de vivienda para la compra y el alquiler, con una ley del suelo que redujera las incertidumbres a los promotores y les facilitara la construcción, ampliara la oferta y con ello bajaran los precios, podría acabar con la pesadilla que para muchos está provocando el problema de la vivienda.