Trabajo ofrece descongelar los contratos públicos para que la CEOE acepte el SMI de 1.221 euros

El Ministerio de Trabajo ha citado para el próximo lunes a los agentes sociales para intentar cerrar la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) de 2026. Todo apunta a que CCOO y UGT aceptarán el incremento del 3,1 % –hasta los 1.221 euros mensuales en catorce pagas–, pero esta vez Yolanda Díaz quiere incorporar a la CEOE al acuerdo ofreciendo relajar la Ley de Desindexación en los contratos públicos, un asunto que lleva años enfrentando a Trabajo y Hacienda.

La última vez que la patronal apoyó una subida del SMI fue en 2020, cuando el salario mínimo pasó de 900 a 950 euros. Desde entonces, el Gobierno ha ido aprobando los incrementos con el apoyo exclusivo de los sindicatos, y la subida de 2025 –un 4,4 %, hasta 1.184 euros– se pactó por quinto año consecutivo sin empresarios. Trabajo no está obligado a negociar el incremento del SMI, solo a realizar consultas, pero la ministra insiste en alcanzar acuerdos tripartitos para reforzar la legitimidad de una medida que se ha convertido en un punto de fricción permanente con la patronal.

La mesa del lunes llega, además, con la advertencia del propio comité de expertos del Ministerio sobre los efectos acumulados de años de subidas continuadas. En su último informe, el grupo asesor admite el desacople entre salario mínimo y productividad. «El crecimiento del salario mínimo interprofesional en los últimos años se ha situado claramente por encima del crecimiento de la productividad aparente del trabajo», reconoce el documento, que cifra el aumento del SMI entre 2018 y 2025 en un 61 %.

El comité también recoge estimaciones de AIReF y del Banco de España que detectan «una ligera reducción en la permanencia en el empleo tras los incrementos del SMI», con efectos en jóvenes y trabajadores temporales. Y añade una mención al fenómeno del bunching o agrupamiento salarial. La «rápida subida del SMI» ha provocado una concentración creciente de trabajadores en torno a ese umbral, estrechando las escalas salariales y reduciendo incentivos a la promoción y la formación. El informe subraya asimismo que «una parte significativa de los convenios colectivos fija salarios mínimos inferiores al SMI legal», lo que convierte al Estado, de facto, en regulador de sueldos.

Tras el fracaso de la reducción de jornada, Díaz busca ahora una salida que le permita presentar el acuerdo del SMI como una victoria del diálogo social. Y ahí entra la Ley de Desindexación y su impacto sobre los contratos públicos. El Ministerio de Trabajo se ha comprometido a estudiar «seriamente» reglas de «relajación» de la Ley 2/2015 de Desindexación de la Economía Española en la contratación pública.

Se trata de un asunto que sindicatos y patronal llevan años reclamando, con el argumento de que miles de empresas prestan servicios esenciales a la Administración con márgenes mínimos que se vuelven inviables cuando suben salarios y costes, mientras los contratos permanecen congelados. «Es una auténtica locura», explicaba en su día a El Debate Jesús Martín, presidente de la Federación Nacional de Empresas de Limpieza (Afelin). «Los márgenes se estiman en torno al 2 % o 3 %. Si hay subidas salariales no puedes trasladar nada».

En manos de Hacienda

El movimiento de Díaz está, sin embargo, en manos de Hacienda. María Jesús Montero ha defendido en varias ocasiones el sistema actual, recordando que las empresas concurren a los concursos «sabiendo de antemano» que los contratos se desarrollan durante años y que puede haber fluctuaciones de costes.

La patronal se ha manifestado reiteradamente a favor de relajar esta ley, pero no está claro que la CEOE confíe en que Hacienda facilite ahora un acuerdo tras el cúmulo de enfrentamientos entre Díaz y Montero. Garamendi, de hecho, ha advertido que la vicepresidenta «dice muchas cosas y algunas de sus promesas no han salido». La alternativa, en cualquier caso, será otra subida unilateral del SMI.