El Gobierno blinda la subida del IPC a pensionistas y funcionarios, pero se la niega a las empresas que prestan servicios públicos

Pensada para contener el gasto público tras la crisis financiera, la Ley de Desindexación está minando la rentabilidad de las empresas que sostienen buena parte de los servicios del Estado. La norma impide revisar los contratos públicos por el IPC y ha abierto un conflicto interno en el Gobierno que nadie termina de resolver. Sin embargo, colectivos más sensibles al voto, como pensionistas y funcionarios, sí disfrutan de subidas ligadas a la inflación, e incluso el Ejecutivo estudia extender esa referencia al salario mínimo.

La Ley 2/2015, de Desindexación de la Economía Española, fue aprobada en marzo de 2015 en un contexto de consolidación fiscal tras la crisis financiera como parte del paquete de reformas estructurales que exigía Bruselas para garantizar la estabilidad de precios.

El propio preámbulo de la norma advertía de que la indexación «tiende a generar una inflación más elevada y favorece su persistencia en el tiempo», y que la vinculación automática de precios al IPC «dificulta la concertación de contratos a largo plazo y deteriora la competitividad». De ahí que el Ejecutivo –entonces presidido por Mariano Rajoy– estableciera «una nueva disciplina no indexadora» en los precios y contratos ligados a la Administración, que por entonces representaban cerca del 20 % del PIB, y que cualquier revisión de precios regulados debía estar justificada «por la evolución de los costes y no por la inflación».

El resultado fue un régimen general que impide actualizar automáticamente los contratos públicos por el IPC, salvo en casos excepcionales y siempre mediante autorización expresa. La norma se aplica a todas las actividades económicas financiadas o gestionadas por el sector público, desde las obras y servicios hasta las concesiones administrativas y los conciertos sociales.

La aplicación de la ley afecta a todas las actividades económicas financiadas, reguladas o gestionadas por el sector público, incluyendo tanto a empresas privadas como a fundaciones y asociaciones del tercer sector que prestan servicios esenciales a la Administración. Entre los sectores más impactados se encuentran los contratos públicos de obras, servicios y suministros –como limpieza, mantenimiento o transporte–, las concesiones administrativas y las colaboraciones público-privadas, así como las entidades que reciben subvenciones o conciertos sociales.

Esta desindexación ha introducido una fuerte rigidez en la contratación pública. Los costes laborales y de materias primas pueden aumentar –y, de hecho, aumentan–, pero los importes contratados permanecen invariables, reduciendo los márgenes de beneficio y comprometiendo la continuidad de muchos proyectos.

«Es una auténtica locura», explica Jesús Martín, presidente de la Federación Nacional de Empresas de Limpieza (Afelin), patronal de uno de los sectores más afectados. Según detalla, «los márgenes se estiman en torno al 2 % o 3 %. Si hay subidas salariales no puedes trasladar nada». La mayoría de los contratos públicos se firman por varios años y se prorrogan de forma automática, «independientemente de las subidas del IPC».

Muchas empresas están pidiendo rescindir los contratos porque pierden dinero, pero se les imponen prórrogas forzosasJesús Martín, presidente de Afelin

Martín recuerda que la ley se aprobó «cuando España estaba al borde de la bancarrota», con un IPC rozando el cero e incluso con tasas negativas, pero el contexto actual es radicalmente distinto, con tasas de inflación del 10 %, subidas de materias primas e incrementos salariales por convenio. Por ello, el presidente de Afelin pide que se aplique la directiva europea de contratación pública, que permite repercutir los «costes ciertos» del personal cuando los incrementos salariales son obligatorios por convenio.

«Estamos obligados a subir los sueldos aunque el contrato esté congelado. Muchas empresas están pidiendo rescindir los contratos porque pierden dinero, pero se les imponen prórrogas forzosas. Algunas llegan a impugnarlos porque salen incluso por debajo del salario mínimo», añade.

Sectores afectados

Esta preocupación no se limita al ámbito de la limpieza. La CEOE y la Plataforma del Tercer Sector, que agrupa a unas 28.000 entidades sociales, firmaron el pasado 20 de octubre una declaración conjunta para reclamar la modificación de la Ley 2/2015 y «garantizar la viabilidad de los servicios públicos esenciales».

Ambas organizaciones alertaron de que la norma «impide la revisión periódica y predeterminada de los precios, incluso ante situaciones sobrevenidas», lo que está provocando «un grave impacto en la contratación pública de servicios esenciales». Consideran que esta rigidez «desincentiva la participación en licitaciones públicas» y reclamaron «recuperar la indexación de los contratos públicos de servicios» mediante la reforma de la Ley 2/2015 y del artículo 103 de la Ley de Contratos del Sector Público.

La Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan), por su parte, también ha exigido restablecer la obligatoriedad del procedimiento de revisión de precios y ampliar el límite revisable «del 20 % al 30 % para reequilibrar los contratos de obras anteriores a 2021».

Conflicto en el Gobierno

Martín lamenta que todos los partidos les han dado la razón, «pero luego nadie actúa», mientras Hacienda «mira para otro lado» sobre un asunto que le supondría un importante aumento de gasto. De hecho, la desindexación ha provocado un nuevo enfrentamiento entre los socios de Gobierno.

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha calificado la ley de desindexación como «un auténtico residuo de la España de los recortes» y se ha comprometido públicamente a promover su reforma, mientras que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha defendido el modelo actual. En respuesta a una pregunta del PNV en la sesión de control al Gobierno el pasado mes de febrero, recordó que las empresas «acuden a los concursos públicos sabiendo de antemano que se van a desarrollar durante un tiempo y que puede haber una fluctuación» en los costes.

Pensionistas y funcionarios

Mientras los contratos públicos permanecen congelados, el Gobierno sí ha blindado la subida del IPC para pensionistas y funcionarios. En el Acuerdo Marco firmado con los sindicatos, se comprometió a actualizar los sueldos del personal público mediante una subida del 0,5 % adicional y retroactiva, aplicable una vez confirmado el IPC del año anterior. El objetivo era compensar la pérdida de poder adquisitivo derivada de la inflación, aunque las organizaciones sindicales denuncian que el alza ha sido insuficiente y han iniciado nuevas movilizaciones para exigir más incrementos.

En el caso de las pensiones, la reforma impulsada por José Luis Escrivá vinculó su revalorización anual al IPC intermensual acumulado entre diciembre y noviembre, garantizando así el mantenimiento del poder adquisitivo de los jubilados.

La negativa del Gobierno a aplicar el mismo criterio a los contratos públicos tiene consecuencias directas sobre miles de empresas que gestionan servicios esenciales del Estado. Como recuerda Martín, si no se corrige esta situación, «muchas empresas acabarán prestando servicios en pérdidas».