Alberto Nadal: «España ha dejado de funcionar porque el Gobierno no está en la gestión, sino en la propaganda»

Alberto Nadal (Madrid, 30 de enero de 1970) es desde septiembre vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible del Partido Popular. Es Técnico Comercial y Economista del Estado, y fue secretario de Estado de Energía y de Presupuestos en el Gobierno de Mariano Rajoy. Tras unos años en Washington como director ejecutivo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para Austria, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Noruega y Suiza, ha vuelto a Madrid para liderar la parte económica del PP junto con Juan Bravo, que es vicesecretario de Hacienda.

—Acabamos de tener un accidente de trenes terrible en España. ¿Habría ocurrido con el PP?

—Antes de la moción de censura de 2018, este era un país que, con sus defectos, funcionaba. Funcionaban los servicios públicos, el sistema eléctrico, el transporte... Siete años y medio después, el Gobierno que ha tenido la mayor recaudación de la historia, los fondos europeos que nadie más ha tenido y que ha endeudado al país como nadie, no ha sido capaz de que funcionaran los servicios públicos esenciales. Hemos tenido un apagón desconocido en todo el mundo desarrollado. La burocracia cada vez es más lenta. Los problemas esenciales de los servicios públicos son cada vez peores. Y en la alta velocidad, empezamos con retrasos, después tuvimos descarrilamientos cada vez más frecuentes, y al final ha ocurrido un accidente trágico. Todo esto nos dice que España ha dejado de funcionar, porque el Gobierno no está en la gestión, en la solución de problemas. Está en la propaganda, en la creación de noticias para apuntarse tantos de imagen o para provocar la división entre españoles porque cree que le conviene políticamente.

Antes de la moción de censura este era un país que, con sus defectos, funcionaba

—¿Se veía venir que podía ocurrir algo así?

—Estas cosas nunca se ven venir y no deberían producirse, pero se corren más riesgos cuando la cultura gubernamental es de confrontación, de llevar la ideología al Boletín Oficial del Estado, de no recordar las responsabilidades que tenemos todos de esforzarnos y trabajar diariamente para que el país progrese, de escuchar a grupos parlamentarios que no tienen ningún interés en que el país funcione. El propio Gobierno incumple la Constitución no presentando los Presupuestos. No importa no cumplir las normas, hacer las cosas bien. Importa generar división ideológica. Cuando se comportan así de manera sistemática, las cosas funcionan cada vez peor.

—Una de las críticas más fuertes estos días tiene que ver con la presencia de políticos al frente de empresas como Adif. Obviamente ustedes pondrán a su gente en las empresas públicas si llegan al poder. ¿Piensa que ponen ustedes a gente mejor que el PSOE cuando practican las puertas giratorias?

—El hecho de que una persona haya tenido responsabilidad política no le invalida para ser luego gestor de una empresa. Puede haber llegado a la política con una profesión previa, un fuerte conocimiento, etc. El problema es cuando pones al frente de empresas o ministerios personas sin una experiencia probada y capacidad profesional, que se hayan mostrado capaces de gestionar y resolver problemas. El ejemplo de Correos es muy significativo. En un negocio en el que todas las empresas han ido perdiendo su labor fundamental, la distribución de cartas, pero ha habido una explosión de la paquetería como consecuencia de la digitalización del comercio, tenemos una empresa cada vez peor gestionada y con más pérdidas. Esto se debe a que los gestores no eran los adecuados. Correos era un aparcadero en el que colocar a mi jefe de gabinete, ya que no sabía qué hacer con él. En nuestro caso puedo ponerle el ejemplo de quiénes han sido los presidentes de Red Eléctrica con el Partido Popular. Todos tenían una profesión previa. Cuando yo estaba de secretario de Estado de Energía, había uno que había sido secretario de Estado de Energía y de Presupuestos, pero previamente había sido profesor de universidad y había trabajado muchos años en el sector privado con un cargo relevante en las organizaciones empresariales. En líneas generales, el Partido Popular siempre ha creído en la profesionalidad y en la meritocracia.

El próximo Gobierno del PP va a bajar los impuestos a las clases medias

—Si ustedes llegan al poder, les criticarán por las puertas giratorias, pero los ciudadanos estarán pendientes, sobre todo, de si vuelven a subir los impuestos, como hizo Rajoy aunque dijo que no iba a hacerlo. ¿Lo harán?

—Vamos a poner las cosas en su justo término. El Gobierno socialista había anunciado un déficit público de seis puntos de PIB como máximo. El déficit real resultó ser el doble. Se subieron los impuestos durante un tiempo, pero en 2015 se bajaron. Todos los gobiernos del PP han bajado el peso de los impuestos y el gasto público en la economía. El próximo Gobierno del Partido Popular encabezado por Alberto Núñez Feijóo va a bajar los impuestos a las clases medias, que a través de la no actualización del IRPF por la inflación y a través del IVA están pagando las políticas de Pedro Sánchez. También lo vamos a hacer bajando los impuestos al aparato productivo, incluyendo autónomos, pymes y empresas, para fomentar la inversión, la captación de talento y el desarrollo tecnológico. Tenemos que bajar los impuestos para que los españoles vuelvan a tener la idea de que trabajar es importante y te mejora el bienestar, y también para ayudar a la inversión y la productividad, que están por los suelos.

—¿Qué harán con las pensiones?

—Apoyamos que se revaloricen de modo que no pierdan poder adquisitivo, pero lo que garantiza de verdad las pensiones es que haya más empleo de más calidad y más productivo. La economía no está creciendo en España de forma sana. Hay una parte de crecimiento que se debe a las reformas que hizo el anterior Gobierno del PP. El crecimiento es a pesar de Sánchez. Al crecimiento base que aportan las reformas que hizo el PP, se añaden dos causas insanas de crecimiento: el crecimiento desaforado de la población, que no tiene parangón entre los grandes países europeos y que es insostenible en el tiempo y que no tiene control, y un crecimiento del gasto también desproporcionado. Desde que gobierna Sánchez, el peso del gasto público en la economía ha crecido cuatro puntos y medio, que en euros son 70.000 millones. No se puede basar el crecimiento en no tener una política migratoria sensata y en el gasto. Proponemos un crecimiento de la población sensato, que también ayudará al pago de pensiones, pero teniendo aquellos inmigrantes que necesita España y seleccionándolos por sus habilidades, nuestras necesidades y su capacidad de integración. Tenemos que controlar el gasto de manera que crezca menos de lo que crece la economía. De los cuatro puntos y medio que ha crecido el gasto público en España desde que gobierna Sánchez, solo uno tiene que ver con las pensiones. Hay margen para ajustar el gasto sin tocar un solo euro de las pensiones.

El crecimiento económico no puede basarse en no tener una política migratoria sensata y en el aumento desaforado del gasto público

—¿Qué medidas económicas tomaría el PP si llegara próximamente al poder?

—El objetivo final de cualquier economía sensata es que crezca la economía en su conjunto. Esto significa que aumente la productividad del país. Si comparamos la renta española con la alemana, la nuestra es más o menos 3/4 de la suya, y aproximadamente el 60 % de la de Estados Unidos. ¿Qué nos diferencia? Que somos menos productivos. Un trabajador a tiempo total español trabaja de media más que un alemán, pero tenemos menos capital, menos tecnología, peores instituciones que en nuestro entorno. Al Gobierno le encanta hablar de que ha subido el salario mínimo. A nosotros nos interesa subir el salario medio: que todos los españoles ganen más. Para incrementar la productividad del país necesitamos muchas cosas. La primera es aumentar la inversión: atraer inversión de fuera y que los empresarios inviertan en España. Estamos exportando ahorro, y eso es porque no se ven oportunidades de negocio, a largo plazo, ni estabilidad, y hay que devolver rentabilidad, y ahí los impuestos juegan una parte fundamental. Lo segundo que necesitamos es una política energética razonable. Que el objetivo no sea únicamente el medioambiental, sino también que el coste sea el adecuado y el acceso a la red sea el suficiente. Tenemos que desterrar la idea de cerrar las centrales nucleares.

Tenemos que desterrar la idea de cerrar las centrales nucleares

Lo tercero que necesitamos es una burocracia eficiente. Que los reguladores económicos sean independientes de verdad. Y reducir la regulación excesiva que ha creado este Gobierno, llevando la ideología al Boletín Oficial del Estado y sin tener en cuenta los problemas reales de los agricultores, los industriales, los prestadores de servicios turísticos... La regulación debe existir para evitar conflictos y canalizar esfuerzos, no para crear problemas donde no los hay o sobrecargas innecesarias. Ahora mismo cualquier autónomo o pequeña y mediana empresa es incapaz de leer toda la legislación que le afecta. Es un sinsentido. La cuarta medida sería adaptar nuestro sistema educativo. La formación profesional debe ser una de las protagonistas. Nuestra formación universitaria tiene que estar en los primeros niveles del mundo. No puede haber jóvenes que salgan al mercado laboral solo con la ESO. Por último, necesitamos un esfuerzo tecnológico. En los doscientos últimos años hemos ido por detrás. Por primera vez, si hacemos las cosas bien, podemos dar el salto con los demás países, pero hay que hacer las políticas necesarias. Todo esto en un contexto en el que la geopolítica cada vez es más complicada, las reglas internacionales sobre comercio, inversión, etc., se están fragmentando, y necesitamos más que nunca una Europa unida.

—¿Qué harían con la vivienda?

—Uno de los ejemplos más claros de la hiperregulación en España es la vivienda. Nuestra regulación es muy ineficiente. Cuando tienes un problema de stock de vivienda tan fuerte como el que tenemos en España, en el que faltan más de 700.000 viviendas según el Banco de España, y ese déficit se incrementa en 100.000 todos los años, tienes que hacer varias cosas. La primera es sacar la mayor cantidad de suelo urbanizable que puedas. Una vez que la tengas, reducir el periodo de construcción hasta hacerlo lo más breve posible. Lo tercero es fomentar la construcción de viviendas. Lo cuarto es permitir que se usen como viviendas edificios que tienen otros usos. A ello hay que añadir que quienes tengan viviendas vacías posean incentivos para sacarlas al mercado. El Gobierno ha puesto obstáculos a la propiedad, ha denostado al sector de la construcción, ha llamado especulación a sacar suelo, ha puesto una regulación imposible a los propietarios dificultándoles cobrar sus rentas, fijando los precios... Hay que disminuir las trabas burocráticas e incentivar a ayuntamientos y comunidades para que saquen más suelo, como ya está haciendo el PP, pero hay que sacar más. Apoyar a promotores y constructores y a los segmentos de población que tienen más dificultad para obtener vivienda: rebajar impuestos a los jóvenes y darles otros instrumentos para que puedan comprar una vivienda. La edad de emancipación de nuestros jóvenes es cada vez más tardía. La edad de compra de la primera vivienda es 41 años. Tenemos que volver a convertir a España en un país de propietarios, empezando por los jóvenes: que puedan comprar las viviendas como hicieron sus padres y abuelos.

Tenemos que volver a convertir a España en un país de propietarios, empezando por los jóvenes

—Hablaba usted antes del deterioro de las instituciones en España. ¿Qué le parecen el rumbo que ha cogido el Instituto Nacional de Estadística y las declaraciones de la ex ministra Nadia Calviño diciendo que intervino en esta institución?

—Tiendo a pensar que los institutos de estadística trabajan de la mejor manera posible. Me parece poco recomendable que los equipos de un Ministerio digan al Instituto Nacional de Estadística (INE) lo que tiene que hacer, lo cual parece derivarse de las palabras de la vicepresidenta y ministra anterior. No parece razonable que el Ministerio enmiende la plana al INE diciéndole que tiene metodologías mejores y que los resultados que están dando no son los que deberían ser porque los buenos son los míos. Esto también me lleva a la reflexión de quién en el Ministerio llevó a cabo esas conversaciones con el INE. En esa época el actual ministro tenía unas responsabilidades muy cercanas a lo que podía ser un diálogo con el INE.

—¿Qué opina de la modificación que se llevó a cabo en el último informe anual del Banco de España, que omitió referencias a las pensiones que podían afectar al actual gobernador, y que terminó con la dimisión del responsable del informe?

—No conozco en profundidad los entresijos de lo que pasó ahí. Lo que sí es cierto es que nombrar a los presidentes, vicepresidentes y miembros de los consejos de órganos reguladores al margen y en contra del primer partido de la oposicición crea automáticamente la sospecha sobre los mismos en cualquier país que funciona. Desde que gobierna Sánchez, ni un solo nombramiento de órganos reguladores ha sido acordado con el Partido Popular. Cuanto menos, es sospechoso.

Escrivá es una persona interesante y técnicamente capaz

—¿Le parece que el Banco de España es menos independiente que antes?

—Hubiera sido deseable que el nombramiento de gobernadores no se produjera como se produjo. Tradicionalmente existía un acuerdo con el PP que se ofrecía bajo las mismas condiciones y los mismos criterios que se habían pactado para los miembros del Consejo General del Poder Judicial. El Gobierno provocó la ruptura planteando un candidato que rompía esos criterios.

—¿Mantiene una buena relación con José Luis Escrivá, el gobernador del Banco de España?

—Hace mucho que no hablo con él. Siempre hemos tenido una buena relación profesional, en el sentido de que hemos discutido muchas veces. Cuando él estaba en la AIReF y yo estaba de secretario de Estado, había un diálogo continuo con él. Escrivá es una persona interesante y técnicamente capaz.

En la Secretaría de Estado de Energía no teníamos ni idea de lo que hizo Montoro con los impuestos al gas

—En julio imputaron al ex ministro de Hacienda Cristóbal Montoro por cambiar impuestos para beneficiar a empresas gasistas. Usted era entonces secretario de Estado de Energía. ¿Qué conocimiento tenía de lo que estaba pasando?

—Los impuestos los decide Hacienda. Los cambios se refieren a los impuestos al consumo del gas, no a los de la generación. Esa parte la decidía Hacienda. También es verdad que fue un momento, 2014, en el que se bajaron los impuestos a buena parte del aparato productivo. Sobre qué ocurriera en el Ministerio de Hacienda o qué pasara con el ministro, no teníamos ni idea en la Secretaría de Estado de Energía. La bajada del impueso nos la encontramos como todos los demás, probablemente en la comisión de subsecretarios. El cambio favoreció a las empresas consumidoras de gas, no a las productoras de gas, que eran las que estaban bajo la Secretaría de Estado de Energía. Nosotros hicimos una reforma eléctrica y luego del gas y del sistema gasista. La hicimos con muy poca ayuda de Hacienda, porque estaba en una situación bastante complicada. Un año más tarde, Hacienda vio que tenía cierto margen y bajó los impuestos a los consumidores de gas y de electricidad, pero todas esas decisiones las tomó Hacienda de forma independiente y no fue a consultar a la Secretaría de Estado de Energía.