De la subida de las pensiones a la protección de los okupas: las medidas que caen con el decreto ómnibus

El Gobierno vive su primera derrota del año después de que el Congreso tumbase el decreto ómnibus, por el que se prorrogaban determinadas medidas para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social, así como se adoptaban medidas urgentes en materia tributaria y de Seguridad Social. Ni PP ni Junts dieron su brazo a torcer, y retan ahora al Gobierno a presentar un «decreto limpio» que incluya exclusivamente la revalorización de las pensiones.

Y es que este decreto recogía la subida del 2,7 % de las pensiones en 2026. En el caso de las pensiones mínimas era del 7 % y del 11,4 % para las no contributivas y el ingreso mínimo vital (IMV). Ahora, si el Gobierno no presenta un nuevo texto antes de la tercera semana de febrero –más o menos cuando se da la orden de pago de las pensiones– estas volverán a ser las de 2025.

También se incluía congelar en 2026 las cotizaciones sociales que abonan los trabajadores autónomos, así como una cotización adicional para que los bomberos y los agentes forestales y medioambientales puedan adelantar su jubilación; y la ampliación de la posibilidad de que los médicos de atención primaria, de familia y pediatras puedan compatibilizar la pensión de jubilación y el trabajo.

Moratoria de desahucios

Este punto es uno de los más importantes y el que ha hecho que tanto PP como Junts tumbarán el decreto ómnibus. Y es que, se prorrogaba hasta el 31 de diciembre de 2026 la suspensión de los procedimientos de desahucio y lanzamientos para las personas vulnerables y sin alternativa habitacional.

Esta medida se puso en marcha durante la pandemia, y ha impedido que muchos propietarios, aun teniendo una sentencia judicial a su favor, pudieran recuperar sus viviendas ocupadas. Pero ahora, siempre y cuando haya una sentencia en firme, los okupas e inquiokupas, podrán ser desalojados. Eso sí, la velocidad de estos procesos judiciales no cambia, y los juicios seguirán funcionando de la misma forma.

Además, se incluía una prórroga a la prohibición de interrumpir los suministros básicos de agua, luz y gas para los consumidores vulnerables.

Dentro de las medidas del llamado «escudo social» también se incluía mantener los descuentos vigentes en el bono social eléctrico, que era de un 42,5 % para los consumidores vulnerables y de un 57,5 % para vulnerables severos.

Medidas fiscales

El Ejecutivo incluyo en este decreto distintas medidas fiscales. Por un lado, se encontraba la supresión de la obligación de los perceptores de prestaciones por desempleo de realizar la declaración de la renta. Por otro, había incentivos y beneficios fiscales para pequeños autónomos y afectados por la dana y por los incendios forestales del pasado verano. Así como ampliar el criterio que permite que las pérdidas sufridas por las empresas en pandemia sigan sin computar a efectos de disolución.

También se prorrogaba un año más el tipo reducido para gravar las viviendas vacías. Antes, los propietarios que tienen viviendas vacías tenían que pagar un IRPF del 2 %, pero desde 2012 y hasta 2022 se aprobó un tipo reducido del 1,1 % para aquellos inmuebles en los que se hubiera revisado el valor catastral, que se ha ido extendiendo año a año.

Otro punto era la prorroga de los límites para la aplicación del régimen simplificado y del régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). O el mantenimiento de las entregas a cuenta de las comunidades autónomas.

Deducciones «verdes»

Con el decreto ómnibus también cae la deducción den la declaración de la Renta para todos los contribuyentes que adquieran un coche eléctrico enchufable en 2026, o que instalen postes de recarga. La bonificación era de hasta un 15 % el importe en el IRPF.

Por otro lado, estaba la deducción para los contribuyentes por realizar obras en sus casas que mejoraban la eficiencia energética.

Sí a las ayudas al transporte

El Congreso, en cambio, si que ha aprobado el decreto en el que se incluían las ayudas al transporte público. En él se incluyen descuentos de hasta el 100 % para colectivos como jóvenes y niños, y además se crea un nuevo abono único nacional.

Este abono ya está operativo desde el 19 de enero, y permite hacer viajes ilimitados durante 30 días en Cercanías, Media Distancia, algunos Avant y autobuses estatales, con un precio de 60 euros, 30 euros en el caso de los menores de 26 años.

Por su parte, las bonificaciones establecen en los autobuses estatales la gratuidad hasta los 14 años, el bono de diez viajes con un 40 % de descuento y el abono mensual con un 50 % de descuento y un 70 % para jóvenes de hasta 26 años.

En los transportes públicos de competencia autonómica y local se prorroga la ayuda estatal, con la gratuidad infantil, los descuentos del 50 % para jóvenes hasta los 26 años y la bonificación del 20 % en el resto de abonos.