En el debate público, las posturas se encuentran polarizadas
Vivienda
Javier Medina, dueño de 11 pisos: «El Gobierno nos está diciendo que no alquilemos a personas vulnerables»
Los arrendadores están endureciendo sus filtros de selección mediante estudios de solvencia y la contratación sistemática de seguros de impago
La gestión del acceso a la vivienda y la protección de los colectivos vulnerables se ha convertido en uno de los mayores focos de tensión política y social en España tras el rechazo parlamentario al decreto ómnibus. Esta normativa, que integraba el grueso del llamado «escudo social», ha decaído ante la imposibilidad de alcanzar un consenso mayoritario, dejando en el aire medidas críticas como la paralización de los desahucios.
La negativa de formaciones como PNV y Junts ha sido determinante, fundamentada en que la actual legislación traslada el peso de la vulnerabilidad económica de los inquilinos a los propietarios. Ambas formaciones han alertado de que impedir el desalojo sin una compensación adecuada puede provocar graves perjuicios financieros a los dueños de los inmuebles.
En el debate público, las posturas se encuentran polarizadas. Por un lado, Irene Montero ha denunciado que el fin de estas medidas excepcionales podría dejar a cerca de 60.000 familias sin un lugar donde residir. Por otro lado, los propietarios defienden que la seguridad jurídica se está viendo seriamente comprometida.
Filtros más estrictos y precios más altos
Javier Medina, propietario de 11 inmuebles en la zona de Levante y Cataluña, ha expresado en Espejo Público su malestar, calificando la situación de «completamente injusta».
En concreto, ha asegurado que, debido al riesgo de impago y las trabas a la inversión, ha optado por diversificar su capital vendiendo parte de sus activos. Para este inversor, el mensaje que se lanza es contraproducente: «El Gobierno nos está diciendo abiertamente que no alquilemos a personas vulnerables porque no los vamos a poder tirar en caso de un impago».
Para mitigar riesgos, los arrendadores están endureciendo sus filtros de selección mediante estudios de solvencia y la contratación sistemática de seguros de impago. Medina explica que su estrategia pasa por «exigir contratos estables y revisar antecedentes de morosidad», lo que encarece el precio final de la vivienda.
«Yo he tenido la suerte de que todos han pagado», afirma, añadiendo que sí que ha tenido morosos pero, al final, «han terminado pagando». Este complejo escenario pone de relieve una crisis estructural en la que el derecho a la vivienda y el respeto a la propiedad privada colisionan sin que se logre articular una solución equilibrada.
