Trabajadores de Tubos Reunidos se manifiestan contra el ERE ante la sede del PNV en Bilbao
Crisis de Tubos Reunidos
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Rivalidad entre partidos vascos para capitalizar un balón de oxígeno a Tubos Reunidos
El período de consultas del ERE concluye sin acuerdo y los sindicatos denuncian que las medidas planteadas desdicen las actuaciones realizadas con el rescate público
Los aranceles de Donald Trump al acero europeo han puesto una bomba de tiempo en uno de los cimientos del voto del PNV. Este lunes terminó sin acuerdo el período de consultas del ERE de Tubos Reunidos, despejando el camino para que la empresa active de forma unilateral más de 300 salidas para, según defienden sus directivos, poder garantizar un futuro para la compañía.
La compañía vasca está especializada en la fabricación de tubos de acero sin soldadura para conducciones de petróleo y gas. En sus últimas cuentas, presentadas el pasado 9 de febrero, desveló estar asfixiada por la deuda y por el hundimiento de su negocio en Estados Unidos, destino de la mitad de sus exportaciones.
Según sus últimas cuentas, presentadas en febrero y aún pendientes de auditoría, la deuda financiera neta de la empresa ha aumentado desde 234,3 millones de euros a 263,2 millones. Ello en un ejercicio en el que registró unas pérdidas de 71 millones, a pesar de que su facturación se incrementó un 13 % hasta los 365,7 millones de euros.
La tensión por el futuro de la empresa ha llevado las protestas a las puertas mismas de la sede de los nacionalistas vascos en Bilbao. Y ha abierto un enfrentamiento entre los jeltzales y EH Bildu, con iniciativas legislativas cruzadas y un punto de fricción: el rescate que la Sepi.
La dirección de Tubos Reunidos ha presentado un plan de viabilidad con tres patas: diversificación comercial, reducción de costes —con 301 salidas y el cierre de la acería en Amurrio— y reestructuración de la deuda.
Buena parte de este pasivo está en manos del holding estatal Sepi, que en 2021 rescató a la compañía con 112,8 millones de euros. Una ayuda además en la que, según la UCO, intervino la fontanera del PSOE Leire Díez.
Para los nacionalistas vascos, es prioritario que el Gobierno acceda a «la reestructuración de la deuda de Tubos Reunidos con la Sepi o la adaptación de sus condiciones financieras, vinculándola a un plan de viabilidad industrial y al mantenimiento del empleo», según una Proposición no de Ley registrada ayer.
La propuesta de los nacionalistas vascos llega apenas dos semanas después de que EH Bildu se apuntara un primer tanto con este asunto, tras lograr que el Congreso reclamara al Gobierno «actuar de manera proactiva» ante la crisis que atraviesa Tubos Reunidos y «contribuir al mantenimiento de todos los empleos».
Cuando se debatió, la portavoz jeltzale, Idoia Sagastizabal, afeó a Bildu que no hiciera ninguna mención a la deuda de la compañía que posee la Sepi. «Me da la sensación de que quizá ha pesado más asegurar la aprobación de una PNL, no sé si decir un tanto cómoda, para no obligar al Ejecutivo a retratarse con claridad en esta cuestión que creo que es decisiva, y creo que no es menor, porque cuando uno evita señalar el punto principal del problema, a lo mejor estamos pasando de exigir soluciones reales a hacer política declarativa», afirmó Sagastizábal.
La propuesta presentada este lunes por el PNV encuentra además un punto de conexión con el PP: eliminar el impuesto a la generación eléctrica del 7 % fijando su valor en 0 %. Algo que también solicitó ayer el líder popular, Alberto Núñez-Feijóo, dentro de un paquete de medidas de alivio para la factura energética de las familias.
Los nacionalistas abogan además por reducir los cargos y peajes aplicables a los consumidores electrointensivos, (...) recuperando e incluyendo la exención de hasta el 80 % de los peajes de transporte y distribución.
Mientras, los sindicatos de Tubos Reunidos denuncian que los recortes de la empresa van a afectar precisamente a algunas de las áreas a las que se han destinado preferentemente los fondos públicos.
«La planta de Amurrio, curiosamente, fue altamente potenciada en el plan estratégico 2021-2026, con casi 40 millones de euros (provenientes de dinero público, del crédito Sepi)», según ESK.
Además, 22 millones se han invertido en la acería cuyo cierre se acaba de anunciar. El dinero, según ESK, «se ha venido desembolsando hasta hace bien poco», lo que «choca con su intención actual de cerrar dicha acería, con la excusa de no ser rentable, cosa que tampoco demuestra en la documentación entregada».