La «estrategia de ocultación» del Gobierno para presentar el IMV como un éxito internacional

A pesar de que el Gobierno lleva tiempo presentando el ingreso mínimo vital (IMV) como un «hito histórico» y una iniciativa «única en el mundo» ante organismos internacionales, la realidad de esta prestación es mucho más compleja. La organización ATD Cuarto Mundo ha denunciado ante el Comité Europeo de Derechos Sociales una «estrategia de ocultación sistemática» por parte del Ejecutivo que, a su juicio, impide conocer el alcance real de la prestación y sus efectos sobre los beneficiarios.

En la respuesta de esta asociación, publicada esta semana por el Consejo de Europa, se denuncia una «total falta de datos esenciales sobre la aplicación de la norma y su impacto real», una carencia que afecta tanto a investigadores como a instituciones como el Defensor del Pueblo o el Tribunal de Cuentas.

En esta línea, sostienen que el Ministerio de Inclusión no ha facilitado el índice de litigiosidad –es decir, el número de ciudadanos que han tenido que acudir a los tribunales para reclamar esta prestación–, que, según estimaciones obtenidas a través del Portal de Transparencia, afectaría al menos a uno de cada diez beneficiarios de la ayuda. A pesar de los intentos de fiscalización, la Administración responde con «datos sesgados y parciales que no permiten sino observar la punta del iceberg», según denuncian los reclamantes.

La profesora de Derecho de la Universitat Rovira i Virgili y colaboradora de ATD Cuarto Mundo, Pepa Burriel, señala que este secretismo también afecta a los sindicatos. Según Burriel, representantes de UGT y CCOO «llevan muchísimo tiempo pidiendo informes y no los consiguen», lo que, a su juicio, evidencia un cierre de filas en el Ministerio para proteger el relato sobre el supuesto éxito de la prestación. La desconfianza es tal que incluso los anexos en los que las entidades debían incorporar su opinión no han sido publicados.

El informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas, aprobado en junio de 2025, alerta de que el INSS gestiona la prestación a través de aplicaciones informáticas que presentan «problemas e insuficiencias que provocan pérdidas de datos, ineficiencias en la gestión y riesgos de duplicidades».

Estas deficiencias tienen un impacto directo en la gestión de la ayuda. Mientras el Gobierno destaca la agilidad del sistema, el Tribunal de Cuentas constata que el tiempo medio para resolver solicitudes fuera de plazo asciende a 245 días, superando ampliamente el límite legal de seis meses. Esta situación resulta «excesiva para un colectivo constituido por personas vulnerables» que, en muchos casos, ven cómo sus expedientes permanecen inactivos durante semanas antes de ser analizados por primera vez.

Cobros indebidos

Uno de los aspectos más controvertidos de la gestión del IMV es el de los llamados cobros indebidos. El sistema actual, que revisa las rentas con datos fiscales de ejercicios anteriores, puede generar deudas sobrevenidas para familias en situación de vulnerabilidad.

Según el Tribunal de Cuentas, entre 2023 y 2024 se registraron 316.971 expedientes de reclamación por cobros indebidos, lo que, en la práctica, equivale a que uno de cada tres hogares beneficiarios de esta ayuda se haya visto obligado a devolver dinero al Estado, en muchos casos por errores en el diseño de la prestación.

El Defensor del Pueblo ha llegado a calificar esta práctica de «violencia institucional», al considerar que sitúa a los ciudadanos en una situación de mayor vulnerabilidad de la que partían, con reclamaciones que pueden superar los 20.000 euros.

Pugna entre Escrivá e Iglesias

El origen de estos problemas se remonta a la pugna entre José Luis Escrivá y Pablo Iglesias durante la pandemia. Según explica Burriel, el entonces ministro de Seguridad Social «no dejó participar en el proceso a Podemos», a pesar de que las competencias recaían en la vicepresidencia. A su juicio, el resultado fue una norma que incorpora obligaciones que «no tienen sentido» y establece una responsabilidad solidaria de la deuda que alcanza incluso a los menores de edad.

«El ingreso mínimo vital, tal y como está configurado, debería desaparecer», sostiene Burriel, que plantea en su lugar una «amnistía de deudas» para las familias afectadas.

Alcance limitado

Esta situación se traduce en un alcance limitado de la prestación. El Tribunal de Cuentas señala que el IMV se ha frenado y que, con la normativa actual, no alcanzará a todos sus beneficiarios potenciales, mientras que los datos de la AIReF indican que el 55 % de los hogares con derecho a la ayuda no la solicitan.

Muchas familias renuncian a pedir la prestación por miedo a que la Administración exija posteriormente reintegros, así como por la complejidad del proceso. Algunos afectados, según recoge la denuncia de ATD Cuarto Mundo, han rebautizado el IMV como «ingreso máximo mortal» ante los riesgos que supone en determinados casos.

Hoy, solo el 21 % de las personas en situación de pobreza severa en España perciben la prestación, una cifra que cuestiona las expectativas del programa. Mientras el Gobierno defiende el éxito de la medida ante organismos internacionales, distintos expertos advierten de que los índices de pobreza no han mejorado –especialmente en hogares con hijos–.

«No sé si el empeoramiento de las condiciones de vida ha hecho que el IMV sea insuficiente, o si ya lo era de origen al estar diseñado para una pobreza cronificada», señala Burriel, que recuerda que la pobreza es un fenómeno complejo y que la norma «no parte de esa complejidad». «Ha intentado adaptarse, pero sigue sin ser suficiente», concluye.