La fragmentación autonómica cuesta hasta 36.000 millones al año a la economía española

Con más de 8.000 municipios y 17 Comunidades Autónomas, el entramado administrativo de nuestro país está lastrando la productividad nacional. La falta de unidad burocrática tiene un coste de entre el 1,5 % y el 2,5 % del PIB cada año, unos 36.000 millones de euros. Esta situación encarece la actividad empresarial y limita el crecimiento, sobre todo de las pequeñas y medianas empresas.

Según un reciente informe de Fedea, entre 1979 y 2021 las administraciones españolas han aprobado más de 411.000 normas, una cifra que se ha multiplicado por cuatro desde el inicio de la democracia, y solo en 2022 se adoptaron casi 11.800 nuevas disposiciones. De media, se aprueban unas 32 normas diarias, una nueva regulación cada 45 minutos. En esta tesitura, no es extraño que el 48 % de las empresas identifique la regulación como un obstáculo crítico para la inversión a largo plazo, una proporción que duplica la media de la Unión Europea.

El origen del problema se remonta a 2017, cuando el Tribunal Constitucional anuló el principio de «eficacia nacional» de la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado de 2013. Aquella norma pretendía que cualquier licencia obtenida en una autonomía fuera válida en todo el país, pero el tribunal consideró que ese proceso no podía imponerse de manera horizontal desde el Estado. Desde entonces, las regiones son, en la práctica, las responsables de la construcción del mercado interior español.

Algunas regiones han empezado a revertir esa tendencia. Madrid fue pionera en 2022 con su Ley de Mercado Abierto, un modelo de reconocimiento mutuo unilateral por el cual la región renuncia a exigir trámites adicionales a empresas que ya cuenten con permiso en otros territorios. Este camino ha sido seguido por Murcia, la Comunidad Valenciana y Cantabria, mientras que Aragón y La Rioja ya tramitan normas similares.

Madrid estima que este modelo podría elevar su PIB en un 1,6 % a largo plazo. El informe advierte, sin embargo, de que el éxito de esta vía depende de su universalización, ya que actualmente el mercado interior funciona de forma asimétrica.

El caso español presenta una particularidad frente a la Unión Europea. Mientras que la fragmentación del mercado común afecta a ámbitos como el derecho mercantil o laboral, en España estas materias están unificadas por la Constitución. El problema, por tanto, es de carácter administrativo. Fedea señala que la solución no pasa por crear un nuevo marco jurídico desde cero, sino por eliminar las capas administrativas superpuestas que dificultan la actividad.

«España no adolece de falta de mercado, sino de exceso de fricción administrativa dentro de su propio mercado», advierte el informe, que señala que la integración efectiva no exige una reforma constitucional ni una recentralización generalizada, sino una mejor utilización de los instrumentos ya disponibles.

La clave, añade, pasa por coordinar mejor los distintos niveles de la administración para reducir las barreras regulatorias y avanzar hacia un mercado interior más integrado, capaz de mejorar la productividad y reforzar la competitividad.