La «Telefónica del transporte» de Renfe, en la cuerda floja tras el frenazo de Hacienda

La decisión del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC), dependiente del Ministerio de Hacienda, de suspender cautelarmente el proceso de licitación de la nueva empresa de autobuses de participación mixta de Renfe ha supuesto un alivio entre buena parte del sector del transporte por carretera, que había puesto el grito en el cielo por las condiciones leoninas del operador público. Prácticamente todas las asociaciones y patronales han apoyado con más o menos entusiasmo la impugnación, pero detrás de esta aparente unidad se esconde una lucha entre las empresas del sector por mantener un sistema que sufre graves desequilibrios internos.

El motivo del TACRC es algo ambiguo. Según el tribunal, la continuación del proceso podría provocar perjuicios de «difícil o imposible reparación» y no entra a sancionar unos criterios que, en la práctica, dejaban fuera a prácticamente el 99 % de las empresas del sector. La licitación establece que la empresa licitadora debía contar con al menos 500 autobuses –300 en caso de una UTE– y una cifra de negocio superior a los 75 millones de euros.

En un sector con unas 2.700 empresas, de las que alrededor del 60 % son microempresas con menos de diez vehículos, estos umbrales suponen una barrera de entrada difícilmente salvable. Según fuentes del sector, solo una decena de grandes grupos tendría capacidad real para competir por el contrato, con Alsa como principal favorita.

Estas mismas fuentes encuentran similitudes con la venta a finales de los noventa de Enatcar –la empresa pública de autobuses para operar líneas regulares– a, precisamente, Alsa, en el contexto de las privatizaciones del Gobierno de José María Aznar. «Se vendió una empresa en ruinas con 200 vehículos a precio de saldo [en realidad fue por 23.600 millones de pesetas, unos 157 millones de euros]», explican.

Esta complicidad con las altas esferas no se ha limitado a un partido. Con Óscar Puente, por ejemplo, la compañía fundada en Luarca ha facturado cerca del 70 % del abono único que subvenciona el Ministerio de Transportes y acumula 22 licencias, una de cada tres, del modelo concesional –a través del cual el Estado otorga a empresas privadas la explotación exclusiva de determinadas rutas durante un periodo limitado– a pesar de que 19 de ellas están caducadas.

Puente, de hecho, mantiene en stand-by la reforma de este sistema tras el rechazo autonómico al nuevo mapa concesional, que fue calificado de «burla» por parte de Direbús, asociación de reciente creación que ha sido especialmente beligerante en los últimos años.

Esta patronal de pymes fue la primera en anunciar la impugnación del concurso de Renfe frente a históricas del sector, como Anetra, Fenadismer o Confebús –que tardaron más tiempo en posicionarse–, en parte por la independencia que les da no contar entre sus miembros con grandes operadores del sector.

«Es una barbaridad el impacto que tendría esta empresa en materia de competencia desleal en las pymes del sector, por eso recurrimos la licitación lo antes posible», comenta Alfonso Taborda, presidente de Direbús. «En lugar de crear lotes más pequeños que las pymes pudieran licitar y paliar el impacto que ha tenido en las empresas la cancelación de circuitos por la guerra, han preferido crear una ‘Telefónica del transporte’ por carretera. Fue una idea del presidente de Renfe, que ha metido ahí a todos sus amiguitos del Grupo Avanza y se ha venido arriba pidiendo en el pliego que una UTE necesite hasta 300 coches», añade.

Otro de los problemas del pliego es que no prohíbe la subcontratación de servicios a empresas más pequeñas y la propia Renfe ha asegurado que el diseño de la empresa participada tiene el objetivo «de preservar la capilaridad territorial y la participación de operadores locales en este tipo de servicios urgentes e imprevisibles». En otras palabras, adelanta que la prestación del servicio partirá de las pymes, pero introduce entre medias un intermediario gestionado por la propia Renfe y un operador mayoritario.

La postura de Renfe, además, ha sorprendido en el sector. Mantiene que esta empresa mixta le permitirá mejorar la eficiencia «ante el incremento previsto» de los planes alternativos de transporte (PAT) y reduce así «la exposición a dinámicas de mercado que han tensionado precios». El operador público asegura que, en determinados casos, se ha tenido que enfrentar «a precios abusivos que han puesto en riesgo la viabilidad de este servicio», un hecho que todas las fuentes consultadas coinciden en que «nunca se había producido un problema para cubrir el servicio».