Renfe justifica la creación de su empresa de autobús en que los potenciales beneficiarios del contrato la respaldan

Un día después de que el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) suspendiera cautelarmente la licitación de Renfe para crear una empresa de autobuses, el operador público ha salido al paso para recordar que cuenta con el respaldo de las principales empresas del sector –y potenciales beneficiarios–.

La empresa presidida por Álvaro Fernández Heredia –quien, por cierto, dirigió la empresa de autobuses de Valladolid bajo la alcaldía de Óscar Puente– asegura en un comunicado que, en la primera fase del procedimiento, se han presentado nueve empresas que suman más del 75 % de la demanda operada mediante medios privados en España, lo que evidencia «un respaldo mayoritario del mercado con capacidad real para prestar ese tipo de servicios».

Renfe recuerda que el diseño del contrato prevé preservar «la capilaridad territorial» que ofrecen los operadores locales, un servicio que representa el 15 % del futuro contrato. Por ello, muestra «su plena seguridad en la solidez de licitación de la nueva sociedad de autobuses» frente a la suspensión del tribunal dependiente de Hacienda. «La empresa confía en que esta medida cautelar no afectará al desarrollo del proceso de licitación, diseñado conforme a la normativa vigente y a los principios de transparencia, concurrencia e igualdad de oportunidades», añade.

El TACRC fundamentó su decisión en que el proceso de contratación podría provocar perjuicios de «difícil o imposible» reparación para las pymes. El pliego del concurso requería una flota de al menos 500 autobuses –o de 300 si se presenta en UTE–, lo que reducía las posibilidades a un número muy reducido de operadores.

«La mayoría de las empresas asociadas con nosotros operan con entre 20 y 60 vehículos, y muy pocas superan los 80 en una misma sociedad. Por tanto, una licitación que exige 300 vehículos mínimo favorece a un grupo muy reducido de grandes empresas que ya vienen siendo beneficiadas por el trato preferente de las distintas administraciones. Y no es de recibo que un operador estatal se comporte de esta manera», comenta el presidente de Direbús, Alfonso Taborda.

Por su parte, las patronales Fenadismer y Anetra afirman que, en España, el 60 % de las 2.700 empresas de transporte de viajeros son microempresas de menos de diez trabajadores, por lo que las exigencias de Renfe «dejan fuera al 99 % del tejido empresarial del sector». «Solo una decena de grandes grupos podrían optar a un contrato que, de facto, veta la participación de las pymes y autónomos que hasta ahora venían prestando estos servicios con solvencia», agregan.

«Precios abusivos»

Otro asunto al que apunta Renfe es «la exposición a dinámicas de mercado que han tensionado precios». Según el operador público, «en determinados casos» se ha tenido que enfrentar «a precios abusivos» que han puesto en riesgo «la viabilidad» del servicio. Desde el sector, sin embargo, desmienten este extremo y aseguran que «nunca ha habido ningún problema» a la hora de cubrir los viajes.