Imagen de autobuses en la estación de Villanueva de Córdoba-Los Pedroches.
El Tribunal Administrativo paraliza cautelarmente la filial de autobuses de Renfe
Las patronales del transporte Anetra y Fenadismer afirman que el pliego de condiciones excluía al 99 % de las empresas españolas de transporte de viajeros y favorece solo a las grandes
El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) ha paralizado cautelarmente la creación de la nueva filial de autobuses que promueve Renfe, tras los recursos de las patronales del transporte Anetra y Fenadismer.
El tribunal -un órgano dependiente del Ministerio de Hacienda- ha suspendido la licitación ante «perjuicios de difícil o imposible reparación» para el sector. Según estas organizaciones, que representan a pymes del sector, el pliego de condiciones excluía al 99 % de las empresas españolas de transporte de viajeros y favorece solo a las grandes.
Anetra y Fenadismer alertaron sobre «las graves irregularidades y el impacto excluyente de este proyecto», y ahora el pronunciamiento cautelar del TACRC implica que el proceso de licitación queda bloqueado hasta que se dicte una resolución definitiva.
El consejo de administración de Renfe acordó a principio de marzo la constitución de una sociedad mixta, en la que el accionista de control sería al adjudicatario, con un 51 % (el 49 % en manos de la propia Renfe) para gestionar sus servicios alternativos por carretera cuando haya incidencias en los trenes.
Sin embargo, las patronales del sector consideran que los requisitos de solvencia técnica y económica impuestos resultan «totalmente desproporcionados» y suponen un ataque directo a la libre competencia.
Entre las condiciones exigidas en el procedimiento previsto por Renfe figura contar con una flota de 500 vehículos en propiedad (o 300 en UTE), una cifra de negocio superior a los 75 millones de euros y haber ejecutado contratos similares por valor de al menos 35 millones.
En España, el 60 % de las 2.700 empresas de transporte de viajeros son microempresas (menos de 10 autobuses), con lo que las exigencias de Renfe dejarían fuera al 99 % del tejido empresarial del sector y solo podrían aspirar una decena de grandes grupos.
«No entendemos por qué Renfe pretende crear una estructura nueva y rígida en lugar de apoyarse en la capilaridad y eficiencia de las pymes españolas», añaden.
Con esta empresa, Renfe pretende licitar un contrato marco a largo plazo (10 años más 5 de prórroga) para la prestación de los planes alternativos de transporte, con un coste estimado del servicio de 61,5 millones de euros, lo que permitirá un ahorro en el gasto de entre 90 y 130 millones de euros en los 10 años de vigencia.
En su día, explicó que con la nueva empresa ya no tendrá que depender de la disponibilidad de empresas externas porque contará con una flota estable de autobuses y personal de conducción suficiente, en un momento de escasez de vehículos y de conductores.
«Favorecen a un grupo reducido»
Direbús ha valorado positivamente la decisión del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TARC) y propone una nueva licitación por parte de la compañía dependiente del Ministerio de Transporte, que contemple una licitación por lotes como se realiza en otros organismos de la administración central.
La organización considera que la decisión administrativa supone un paso clave para evitar un perjuicio grave al conjunto del sector, pues al paralizar el procedimiento mientras se resuelve el fondo del recurso, se bloquea la adjudicación.
Alfonso Taborda, presidente de Direbús, ha destacado que «la mayoría de empresas asociadas con nosotros operan con entre 20 y 60 vehículos, y muy pocas superan los 80 en una misma sociedad. Por tanto, una licitación que exige 300 vehículos mínimo favorece a un grupo muy reducido de grandes empresas que ya vienen siendo beneficiadas por el trato preferente de las distintas administraciones. Y no es de recibo que un operador estatal se comporte de esta manera».
