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La ex vicepresidenta María Jesús Montero (i), y el ministro de Hacienda, Arcadi España (d), durante el acto de traspaso de carteraEuropa Press

Datos de la IGAE

El Gobierno duplica los fondos de sus Presupuestos paralelos para sortear su soledad en el Congreso

Las ampliaciones de crédito engordan en 32.000 millones las cuentas prorrogadas de 2023, más del doble que en 2025

El Gobierno acelera su contabilidad paralela a espaldas del Parlamento. Las ampliaciones de crédito en los tres primeros meses del año se han duplicado hasta los 31.862 millones de euros, más del doble que en los tres primeros meses de 2025.

Los datos de la Intervención General del Estado, IGAE, recién publicados, muestran un incremento sostenido de las modificaciones y ampliaciones de crédito como consecuencia de las sucesivas prórrogas presupuestarias desde 2023. Cabe recordar que el Gobierno no ha logrado aprobar ningún Presupuesto en esta legislatura, y continúa gobernando con unas cuentas aprobadas por una mayoría legislativa que ya no existe.

En 2025, las ampliaciones presupuestarias alcanzaron la cifra récord de 76.943 millones de euros. De esta cuantía, el 37 % se destinó al pago de deuda pública, partida a la que se ha comprometido 1,7 billones de euros con cargo a futuras cuentas. La segunda partida, a mucha mayor distancia, es el gasto en Defensa, con 49.000 millones hasta el 31 de marzo.

No es la única maniobra del Ejecutivo para sobrevivir sin Cuentas. Según se ha conocido esta semana, el Gobierno derivó en 2024 fondos del Mecanismo de Recuperación al pago de pensiones, por un importe de 2.389 millones de euros. En el informe del Tribunal de Cuentas que lo desveló, varios consejeros señalaron además la falta de transparencia derivada de las prórrogas presupuestarias.

Defensa, Economía y Agricultura

«El Ejecutivo de Sánchez esté comprometiendo miles de millones de euros relacionados con el departamento de Margarita Robles sin tener presupuestos actualizados y sin someter sus decisiones a las Cortes. De hecho, solo en 2025 el Ministerio de Defensa ha incrementado en casi un 50 % sus créditos con respecto a 2024», denunciaron los populares la semana pasada en una nota.

En lo que va de 2026, hasta abril, el Ministerio de Economía ha sido el beneficiario del grueso de las ampliaciones de crédito, con 12.400 millones. Sigue en importancia el Ministerio de Agricultura, con 3.849 millones; y el Ministerio de Política Territorial, con 2.210.

Como ha venido informando El Debate, el Gobierno está haciendo un uso intensivo de la ingeniería contable que levantó durante la pandemia. De hecho, la está usando más que durante lo más crudo de la emergencia. De ahí que no tenga urgencia alguna en presentar unos nuevos Presupuestos, escudado, como aseguró Félix Bolaños en Consejo de Ministros de este martes, «en la situación geopolítica» actual derivada de la guerra en Irán.

Durante la pandemia, el Gobierno aprobó con carácter excepcional cambios normativos que se incorporaron a la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2023. Un texto que se mantiene vigente en la actualidad, ante la falta de apoyos parlamentarios para sacar adelante unas nuevas cuentas en todo lo que llevamos de legislatura.

El TC ha admitido a trámite una denuncia del Senado por la decisión del Gobierno de incumplir su obligación constitucional

La fórmula a la que el Gobierno recurre cada vez con mayor entusiasmo le habilita a mover partidas presupuestarias entre secciones sin atender a las restricciones del artículo 52.1 de la Ley General Presupuestaria. Un artículo que, entre otros, limitaba a anteriores Ejecutivos la posibilidad de trasladar créditos entre secciones presupuestarias. Ahora basta con que el ministro de Hacienda, hasta finales de marzo María Jesús Montero y ahora Arcadi España, etiquete la partida como «gastos ineludibles» para sortear el control de las cámaras.

En febrero, el PP intentó que el Congreso pusiera punto y final a esta maniobra. También el Tribunal Constitucional ha acordado, por unanimidad, admitir a trámite una denuncia del Senado contra la decisión del Gobierno de «incumplir su deber constitucional de presentar los Proyectos de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2024, 2025 y 2026 y el uso de la prórroga durante los años 2024, 2025 y, en su caso, 2026, sin la aprobación de nuevas cuentas».