El fracaso de los 112 millones de la SEPI: cómo el rescate de Tubos Reunidos terminó en concurso de acreedores y registros de la UCO

El registro de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la sede de Tubos Reunidos y en las oficinas de la SEPI, ordenado por el juez Santiago Pedraz, ha echado por tierra el relato con el que el Gobierno justificó el primer gran rescate de la era pospandemia. En julio de 2021, la inyección de 112,8 millones de euros públicos se presentó como un salvavidas estratégico e imprescindible para asegurar la viabilidad de un motor industrial vasco y proteger más de 8.400 empleos. Hoy, con la siderúrgica en concurso voluntario de acreedores y una deuda que supera los 200 millones de euros, el caso Leire Díaz es la puntilla que le faltaba a esta histórica compañía.

El expediente de Tubos Reunidos llegó al Consejo Gestor de la SEPI el 13 de julio de 2021 a través de la entonces consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno vasco, Arantxa Tapia, que remitió una carta de respaldo que se incorporó a la documentación tramitada por Rosario Martínez Manzanedo, directora de Participadas del holding público.

Este apoyo del nacionalismo vasco, socio preferente del Ejecutivo de Pedro Sánchez en Madrid, se sumó a las valoraciones positivas de los ministerios de Industria y de Transición Ecológica, dirigidos entonces por Reyes Maroto y Teresa Ribera, respectivamente.

El rescate se justificó bajo criterios de viabilidad y soberanía industrial. Tubos Reunidos figuraba como uno de los diez principales productores mundiales de tubería de acero inoxidable para el sector del petróleo y el gas, sosteniendo 1.400 empleos directos y cerca de 7.000 indirectos en el País Vasco. Los informes para dar luz verde al préstamo participativo de 112,8 millones de euros a siete años fueron validados por la consultora BDO Auditores, como asesor financiero, y por el bufete Simmons & Simmons, en calidad de asesor jurídico. Sin embargo, la instrucción de Pedraz revela que, en paralelo a los cauces oficiales, operaba una estructura clandestina orientada al cobro de comisiones.

Las pesquisas del juez apuntan a que la autodenominada red «Hirurok» –integrada por la exmilitante socialista Leire Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso– percibió 114.950 euros de la siderúrgica a través de facturas presuntamente falsas emitidas por la sociedad Mediaciones Martínez. El objetivo de este pago habría sido recurrir a la influencia de Santos Cerdán para desbloquear la ayuda estatal en un momento en el que el expediente se encontraba paralizado en los despachos del organismo público.

La relación de los investigados con la mercantil se prolongó tras la concesión del dinero. Según consta en las investigaciones, Tubos Reunidos contrató como asesor a Vicente Fernández entre diciembre de 2021 y noviembre de 2025, un periodo en el que el ex alto cargo ya había dimitido de la presidencia de la Sepi tras ser imputado en otra causa, pero donde presuntamente seguía tratando asuntos del ente público. La UCO sostiene que Fernández seguía asistiendo a reuniones en representación del organismo, dictando instrucciones y accediendo a información confidencial que utilizaba en beneficio de la trama. Por estos servicios de asesoría, el exdirigente habría facturado otros 40.000 euros a la firma vasca.

«Segunda operativa»

El sumario acredita que la interlocución entre la empresa y la trama socialista continuó activa durante los años posteriores para sortear las dificultades financieras de la siderúrgica. Los agentes identificaron una «segunda operativa» desarrollada entre 2024 y 2025 con el fin de obtener de la SEPI un aplazamiento en la amortización parcial de los intereses de la deuda que Tubos Reunidos era incapaz de afrontar.

Los investigadores han constatado la celebración de una reunión el 13 de noviembre de 2024 en el propio despacho de Santos Cerdán en la sede central del PSOE, en la calle de Ferraz, en la que participaron el entonces secretario de Organización, Leire Díez, y dos directivos de Tubos Reunidos. El encuentro figuraba explícitamente anotado bajo el epígrafe «Reunión Tubos Reunidos» en una libreta azul incautada por la Guardia Civil a la fontanera socialista.

Mientras la Audiencia Nacional investiga los delitos de cohecho y tráfico de influencias, el tiempo ha terminado por certificar el fracaso de la operación. El Gobierno vasco presiona en Madrid para que la SEPI realice una quita o flexibilice la deuda, mientras el nuevo administrador concursal –PKF Attest– ha insuflado algo de oxígeno al anunciar la retirada del ERE de 285 despidos, apostando por congelar los recortes laborales mientras busca contrarreloj un socio inversor que evite el desguace por lotes de la histórica siderúrgica.