El Gobierno multiplica por cuatro su déficit pero recorta un 2 % la inversión en infraestructuras
Estamos ante la parálisis de un Ejecutivo cercado por la corrupción de sus instituciones y del partido
Tenemos las carreteras de nuestro país llenas de agujeros. Vayas por la autovía que vayas, es necesario completar una auténtica gincana para no dejarse los neumáticos o romper un amortiguador del coche. Coger hoy un tren de Alta Velocidad implica que, además del riesgo personal si alcanza los 300 km/h, la única garantía real es no llegar a la hora prevista. Y no por una incidencia puntual, sino por la propia decisión de Adif de rebajar las prestaciones de la Alta Velocidad a una velocidad media. Al final, si uno quiere llegar a tiempo a una reunión, no queda más remedio que salir con mucha más antelación. Todo esto ocurre en un país que, en el primer cuatrimestre del año, ha aumentado el gasto público en un 10 %, mientras que las inversiones –la Formación Bruta de Capital– caen un 2,2 %.
Sin duda alguna, estamos ante la parálisis de un Gobierno cercado por la corrupción de sus instituciones y del partido; un escenario que salpica por todos los flancos al presidente del Gobierno. Su hermano está juzgado; el que fue su mano derecha, en la cárcel; su chófer –en la conquista de la Secretaría General del partido– se encuentra en prisión también, ambos a la espera de sentencia; el sucesor de su mano derecha está investigado y procesado por múltiples delitos; su fiscal general, reprobado; su mujer, a punto de sentarse en el banquillo, y el juez Santiago Pedraz instruye una causa que cuenta con todas las papeletas para ser remitida al Tribunal Supremo para que se solicite el correspondiente suplicatorio a las Cortes.
Esta parálisis gubernamental afecta, como es obvio, a las ideas. No son capaces de proponer nada para resolver los problemas estructurales que padecemos, pero eso no impide que sigamos gastando sin freno. Lo peor es que, en las partidas donde sí se podría contener el gasto, la única iniciativa que se les ocurre es convocar plazas para engrosar el número de empleados públicos. No se explica de otro modo que, habiendo una subida salarial acumulada del 4,5 %, esta rúbrica presupuestaria crezca muy por encima de dicho porcentaje.
Todo esto sucede en un entorno en el que los ingresos totales que le corresponden al Estado crecen un 7,8 %, una cifra que supone contabilizar 7.390 millones de euros más de recaudación, hasta alcanzar un total contable de 101.798 millones; un registro nunca visto. Para que se hagan una idea: en abril de 2018, dos meses antes de que Pedro Sánchez llegara al poder, los ingresos de la Administración General del Estado se situaban en 60.615 millones. Es decir, en ocho años los ingresos contables han sumado más de 40.100 millones de euros. Sin embargo, este caudal de recursos no es suficiente porque el déficit del Estado se ha multiplicado por 4,3 veces con respecto a la misma fecha de 2025.
Existen cuatro partidas presupuestarias que merecen un análisis individualizado por lo alarmante de su evolución. En primer lugar, las transferencias corrientes, que suman 61.670 millones de euros, se reparten en cuatro grandes bloques: los organismos autónomos dependientes de la AGE se llevan 5.868 millones –un 52,8 % más–; la Seguridad Social absorbe 12.626 millones –un 7,6 % más–; las comunidades autónomas perciben 34.952 millones –un 11,2 % más, partida que requiere lupa debido a que una porción sustancial procede de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia–; y la administración local, que recibió 8.224 millones, sufriendo un retroceso del 10,4 % derivado del impacto económico de la DANA.
En segundo lugar destacan los intereses de la deuda; esa losa que algunos pretenden ignorar pero que exige pagos mensuales millonarios. De hecho, este concepto se ha convertido ya en la segunda partida más cuantiosa de los gastos del Estado. Su cuantía es ya un 61 % superior a lo que se destina a pagar los salarios públicos, sumando 11.453 millones de euros, lo que supone un 6,5 % más que el año pasado.
Otra cifra muy llamativa por su volumen exponencial es la de las aportaciones a la Unión Europea. El importe devengado en el cuatrimestre asciende a 5.862 millones de euros, con un repunte del 41 %. Muchos ciudadanos se preguntarán la razón de este incremento. La respuesta se debe principalmente al crecimiento del PIB nominal y a la recaudación del IVA: cuanto más crecemos en términos nominales impulsados por la inflación, más nos toca pagar a Bruselas.
Finalmente, las inversiones reales han decrecido, pero resulta sangrante compararlas con otras magnitudes. Dedicamos a inversión pública 2,2 veces menos de lo que pagamos a la Unión Europea y hasta 4,3 veces menos de lo que destinamos a abonar los puros intereses de la deuda. Como se puede comprobar, estas cuatro partidas suman 81.669 millones de euros, el 78,1 % de todo el gasto estatal.
Esta deriva presupuestaria resulta francamente preocupante. Los intereses de la deuda merecerán un análisis más profundo en próximas tribunas, dado que existen pocos gastos tan improductivos como este. Estamos obligados a pagarlos porque el Ejecutivo no deja de endeudarnos. Si de verdad se quiere destinar más recursos a la inversión en infraestructuras, es imperativo reducir el volumen del endeudamiento.
Para lograrlo solo hay una salida: recortar de forma drástica el gasto político y el gasto ineficiente. Si no lo hacemos pronto, el día en que los ingresos dejen de crecer por encima de la inflación o se estanquen, llegará alguien dispuesto a aplicar la tijera en las pensiones o en la sanidad. Quien tenga dudas, que mire a los franceses, que ya están preparando el terreno.
