Por qué solo seis de cada diez autónomos superan el segundo año de actividad

Hace tiempo que dejamos de romantizar ser autónomo; sobre todo, tributar como tal –si es que esta acción se ha podido maquillar en algún momento–. Independencia y flexibilidad no tienen ya la suficiente fuerza atractiva como para contrarrestar los más de 7.200 euros que se han de pagar anualmente en los tramos más altos. Tales son los umbrales que algunos denuncian 'pagar por trabajar'.

Además, los recurrentes cambios en las reglas del juego poco contribuyen a volver a enamorarse de este régimen laboral: donde antes el trabajador se ganaba (más o menos) la vida, ahora vive sometido a una considerable presión fiscal hasta el punto de que ha de ingresar el IVA antes de cobrarlo. Algo se está haciendo mal porque, bajo esta lógica, los autónomos no solo serían recaudadores para el Estado, sino que también ejercen las funciones de un banco.

Las altas del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) revelan que los valientes que se atreven a ser sus propios jefes superan los 3,4 millones en España. Sin embargo, cuatro de cada diez causa baja antes de cumplir el segundo año de actividad, momento en el que se agota la Tarifa Plana y la cuota se torna más seria. Los 80 euros mensuales de cotización dan paso al sistema de ingresos reales, con cuotas que oscilan entre 230 y 590 euros al mes en función de los rendimientos, tal y como señalan los expertos de la gestoría digital Billeo.

Entre los gastos obligatorios de cotización y los estructurales del negocio –que incluyen gestoría, seguro y suministros–, los trabajadores por cuenta propia pagan entre 4.500 y 7.000 euros al año solo por mantener el negocio. Y todo ello sin contar IRPF. Estas cifras son causa y consecuencia de la alta rotación: «cada año, hay 600.000 nuevos autónomos frente a 550.000 bajas». El importe anual del seguro de responsabilidad civil, por ejemplo, no baja de los 200 euros. Al pago RETA, se le suman las obligaciones trimestrales (IVA por un lado y retenciones e IRPF por otro) y las anuales (como la declaración de la renta). «La gestión profesional de todas estas obligaciones supone entre 600 y 1.800 euros anuales adicionales de media», puntualiza el asesor fiscal Carlos Gahete.

Desde 2023, los profesionales están más cerca de cotizar en función de lo que ganan. aunque no ha sido hasta 2025 cuando se implantó plenamente y hasta este 2026 cuando puede hablarse de consolidación. El nuevo sistema de cotización por ingresos reales promete mejorar la situación de los trabajadores por cuenta propia a nivel nacional que es especialmente vulnerable al compararse con la de otros países vecinos. Nuestro territorio no trabaja la misericordia con los que no han tenido un buen mes: la cuota es fija y se paga con independencia de la facturación. Por el contrario, en la mayoría de modelos europeos, la cotización está vinculada a los ingresos reales del periodo.

Así, encontramos a los freelancers a lo largo del territorio portugués que, acogidos al régimen simplificado, pueden empezar a tributar de forma progresiva, siendo la cuota igual a cero durante los primeros doce meses. El modelo de e-Residency de Estonia permite tributar únicamente sobre beneficios distribuidos, mientras que Francia, el régimen micro-entrepreneur aplica una cotización proporcional a la facturación —en torno al 22%—, de modo que, sin ingresos, el Estado no tendrá donde recaudar en ese ejercicio. Por último, Reino Unido, donde «los self-employed solo cotizan a la National Insurance a partir de cierto umbral de beneficios», explica Gahete.

Los últimos datos de la Agencia Tributaria reflejan que los trabajadores por cuenta propia soportan ya un tipo efectivo un 25 % superior al de las pymes. Mientras que los autónomos tributan de media un 21,73% sobre sus beneficios en el IRPF, las pymes abonan el 17,31% en el Impuesto sobre Sociedades. No obstante, todos habrían de estar agradecidos ya que el esfuerzo fiscal no parece destinado a relajarse. El envejecimiento demográfico, la necesidad de sostener el sistema de pensiones y el creciente peso del gasto público hacen difícil imaginar una reducción significativa de la carga contributiva durante la próxima década.