Los afectados por los cobros indebidos del IMV exigen a Sánchez que paralice las reclamaciones

La Plataforma IMV Afectados por los Cobros Indebidos del Ingreso Mínimo Vital ha dirigido una carta abierta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que exige la paralización de las reclamaciones de cantidades indebidamente percibidas, una mayor transparencia sobre el alcance del problema y la condonación de las deudas derivadas de errores administrativos.

En el escrito, el colectivo sostiene que miles de familias se encuentran atrapadas en una situación de incertidumbre como consecuencia del sistema de revisión de la prestación. La plataforma recuerda que existe una reclamación colectiva contra España ante el Comité Europeo de Derechos Sociales en la que se están examinando, entre otras cuestiones, los procedimientos de revisión del IMV y las reclamaciones por cobros indebidos.

«Mientras su Gobierno continúa presentando el IMV como un éxito, una reclamación colectiva contra España sigue su curso ante el Comité Europeo de Derechos Sociales», señalan los afectados, que consideran que el problema ha adquirido una dimensión que trasciende los casos individuales.

La carta pone el foco en distintos perfiles afectados por estas reclamaciones, entre ellos personas con discapacidad, pensionistas vulnerables, trabajadores con bajos ingresos y madres solteras. Según la plataforma, muchas de estas personas utilizaron las cantidades percibidas para cubrir necesidades básicas como alimentación, alquileres, suministros o material escolar y ahora afrontan devoluciones que consideran imposibles de asumir.

El colectivo cuestiona además el funcionamiento del sistema de revisión de la prestación. «Miles de personas descubrieron que intentar trabajar podía convertirlas en deudoras del mismo sistema que supuestamente debía ayudarlas a salir de la pobreza», afirma el escrito.

«Si el error es del sistema, ¿por qué la factura la pagan las familias? Si el objetivo era proteger a los vulnerables, ¿por qué tantos vulnerables han terminado atrapados en una situación de incertidumbre permanente? Si la prioridad era la lucha contra la pobreza infantil, ¿cómo se justifica que hogares con menores soporten reclamaciones económicas que pueden comprometer aún más su estabilidad?», se preguntan los afectados.

La controversia se debe al diseño del IMV. La prestación se calcula inicialmente con datos de renta de ejercicios anteriores y posteriormente la Seguridad Social realiza una regularización cuando dispone de la información fiscal definitiva. Este mecanismo ha provocado que numerosos beneficiarios reciban años después reclamaciones por cantidades consideradas indebidamente percibidas.

El problema ya ha sido objeto de observaciones por parte de distintos organismos. El Tribunal de Cuentas advirtió de que la deuda pendiente de reintegro por pagos indebidos del IMV alcanzaba los 74,6 millones de euros a finales de 2023 y recomendó adelantar las revisiones para evitar que se acumulen devoluciones elevadas entre hogares vulnerables.

Por su parte, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) señaló en una de sus evaluaciones que el sistema de revisión genera frecuentes modificaciones en las cuantías reconocidas y puede provocar efectos desincentivadores sobre el empleo en determinados colectivos.

Condonación de las deudas

Ante esta situación, la plataforma reclama al Gobierno «transparencia total» sobre el número de expedientes de cobros indebidos generados desde la creación de la prestación, así como sobre las cantidades reclamadas y las causas que las originan. También exige una evaluación independiente del impacto social de estas reclamaciones, medidas de protección para los hogares vulnerables y la apertura de una mesa de diálogo con las asociaciones de afectados.

La principal petición del colectivo pasa por suspender las reclamaciones cuando tengan su origen en errores administrativos o deficiencias de gestión atribuibles a la Administración. En el tramo final de la carta, los afectados solicitan directamente al Ejecutivo la «condonación inmediata» de estas deudas y reclaman que el denominado escudo social no termine convirtiéndose en una carga económica para las familias que pretendía proteger.