España necesita 750.000 viviendas y más de 340.000 trabajadores que las construyan

La crisis de la vivienda suele explicarse en términos de intervención pública, alquiler turístico, fondos y grandes tenedores o especulación. Sin embargo, uno de los factores que menos capitaliza el debate es también uno de los que más condicionarán la capacidad de resolver el problema: el mercado laboral. Porque construir más viviendas ya no depende únicamente de disponer de financiación, licencias o terrenos. También exige algo mucho más primitivo: profesionales capaces de levantarlas.

Existe un amplio consenso en que España necesita ampliar su parque residencial. La Unión Europea estima que el país arrastra un déficit cercano a las 700.000 viviendas, mientras los visados de obra nueva han retrocedido alrededor de un 20% en los últimos años. Pero incluso si mañana desaparecieran los obstáculos administrativos o financieros, seguiría existiendo un cuello de botella capaz de frustrar cualquier amago de aumentar la oferta residencial. La intención de construir no basta si se opera en un contexto en el que encontrar albañiles, electricistas, fontaneros, soldadores o instaladores que conviertan los proyectos en viviendas se torna cada vez más complicado.

Los problemas no desaparecen a costa de ignorarlos –menos todavía en el sector inmobiliario, donde el déficit entre oferta y demanda aumenta en 150.000 viviendas cada año que transcurre sin solución–. Hablamos, en concreto, de una necesidad que supera los 340.000 trabajadores y que podrá alcanzar los 700.000, según la Confederación nacional de la construcción (CNC).

El reto amenaza con agravarse en tanto en cuanto el 60 % de los profesionales tienen más de 45 años y menos del 9 % superan los 30. Estos datos son una consecuencia directa del imaginario colectivo construido durante décadas que despreció la Formación Profesional frente a una Universidad asociada al prestigio y al reconocimiento intelectual. El relevo generacional en los oficios quedó prácticamente desatendido y, en consecuencia, dos de cada tres compañías tienen problemas para encontrar talento a día de hoy.

La falta de cantera laboral se intensifica, además, por el escaso aprecio y valoración hacia estos trabajadores, unos salarios de entrada poco competitivos, la insuficiencia de plazas y docentes en FP y «una demanda que no deja de crecer al calor de la construcción de vivienda, la rehabilitación energética y las nuevas infraestructuras», añade el experto y analista económico, Álvaro García.

El mismo asegura que el impacto no se limita a la supervivencia del gremio, sino que supone un freno para la economía y el bienestar de un país en el que «cada año se construyen 92.000 viviendas para 240.000 nuevas familias». Ante menos mano de obra disponible, las promociones residenciales acumulan retrasos, las carreteras, puentes, redes eléctricas e hidráulicas tardan más en ejecutarse y la competencia entre empresas por atraer talento dispara los costes laborales, los cuales acaban trasladándose al precio final de las obras.

El apagón inmobiliario es el otro gran escollo que García identifica para explicar la pérdida de capacidad productiva. La red eléctrica no rema a favor del acceso al mercado residencial y no se prevé que lo haga antes de 2030. Sus cálculos apuntan a que casi 9 de cada 10 subestaciones españolas opera al límite de su capacidad, lo que deja bloqueadas cerca del 88 % de las solicitudes de conexión para nuevas promociones. La consecuencia es que alrededor de 350.000 viviendas proyectadas permanecen en el aire, incapaces de iniciar las obras o de entregarse por una limitación tan poco visible como determinante: la falta de potencia eléctrica. «Aunque hubiera capital y constructores, la reestructuración y la ampliación de la red eléctrica por parte de las distribuidoras requiere un mínimo de 5 a 8 años de obras millonarias», sentencia.

Las previsiones más realistas apuntan a entre 12 y 15 años para llenar la bolsa de talento y recuperar el equilibrio. En la práctica esto se traduce en que la generación que hoy transita entre los 20 y los 40 años llega tarde. Muchos afrontarán la compra de su primera vivienda rozando los 50 años; otros continuarán encadenando alquileres durante la etapa de mayor capacidad de ahorro de su vida. La consecuencia trasciende el acceso a un techo propio: dificulta la creación de patrimonio, retrasa la emancipación, condiciona la natalidad y amplía una brecha generacional ya considerablemente notable por la pérdida de poder adquisitivo y una productividad estancada.

Quizás la salvación se llame inmigración. Sobre lo que no hay duda es de que la ausencia de mano de obra cualificada amenaza con convertir la fuerza laboral en el verdadero límite de la política de vivienda. Y mientras esa escasez persista, acceder a una vivienda seguirá pareciéndose más a un privilegio que a un derecho efectivo.