Sánchez nos fríe a impuestos y recauda 2,3 puntos más de PIB desde 2018 frente a una caída de 0,6 puntos en la UE

El Instituto de Estudios Económicos (IEE) ha presentado su informe Competitividad Fiscal 2025, en el que compara el nivel de impuestos de los 38 países que componen la OCDE, y España no sale de nuevo bien parada: ocupamos el puesto 34, el quinto peor, tan solo por delante de Polonia, Colombia, Italia y Francia.

Nuestro país ha perdido cinco posiciones desde 2018, lo que refleja un deterioro continuado de su competitividad fiscal relativa. Los países que lideran la clasificación (Estonia, Letonia, Nueva Zelanda, Suiza o Luxemburgo) destacan por la existencia de sistemas tributarios más simples, neutrales y orientados a favorecer la inversión y el crecimiento económico. Por el contrario, las economías peor posicionadas suelen caracterizarse por una mayor complejidad normativa, una carga fiscal más elevada sobre la inversión y la presencia de impuestos que generan mayores distorsiones económicas.

A partir del Índice de Competitividad Fiscal, el IEE desarrolla el indicador de presión fiscal normativa, que aproxima la carga derivada del diseño legal del sistema tributario. Sitúa a España con una presión un 17 % superior a la media de los países de la Unión Europea y un 18 % por encima de la OCDE, evidencia del carácter estructural de la brecha de competitividad fiscal en España.

La presión fiscal en términos de recaudación ha aumentado entre 2018 y 2024 en 2,3 puntos de PIB, mientras que la media europea descendió en 0,6 puntos. Además, parte de esta diferencia responde a factores estructurales, como el mayor desempleo y la economía sumergida, por lo que la convergencia con los niveles medios europeos en estos ámbitos podría elevar la recaudación en más de 39.000 millones de euros sin necesidad de aumentar los impuestos.

El esfuerzo fiscal confirma que la carga tributaria soportada por los contribuyentes españoles es elevada en relación con su capacidad económica. En 2024, España presenta un esfuerzo fiscal un 14,1 % superior al promedio de la Unión Europea. Este resultado empeora si analizamos el esfuerzo fiscal directo, esto es, derivado de la imposición directa (fundamentalmente IRPF e Impuesto de Sociedades), donde España soporta un esfuerzo 16,5 % superior a la media de la Unión Europea.

Empresas más gravadas que en la mayoría de Europa

La fiscalidad empresarial ocupa un lugar central en este informe y constituye uno de los aspectos más preocupantes del diagnóstico porque influye, directamente, en las decisiones de inversión, contratación, ampliación de capacidad productiva, innovación y localización de proyectos. Para las empresas, la competitividad fiscal no depende únicamente del tipo nominal del Impuesto sobre Sociedades, sino de la carga fiscal efectiva que soporta una inversión, de las cotizaciones sociales empresariales, de la complejidad normativa y de la estabilidad del marco tributario.

Los datos reflejan que España soporta una presión fiscal empresarial superior a la media europea, tanto en términos de recaudación como de PIB. En 2024, las empresas aportaron el 33,9 % de los ingresos públicos, frente al 26 % de la UE-27, y su carga fiscal equivalió al 12,5 % del PIB, por encima del promedio europeo del 10,3 %. Además, entre 2018 y 2024 esta presión aumentó con más intensidad en España que en la UE. Esta evolución confirma un endurecimiento relativo de la fiscalidad empresarial, con posibles efectos sobre la inversión, la competitividad y la capacidad de crecimiento de las empresas.

Como parte del sistema fiscal, el Impuesto sobre Sociedades y la tributación del capital sitúan a España en una posición relativamente desfavorable frente a su entorno europeo. El tipo nominal del impuesto alcanza el 25 %, por encima de la media de la UE, y la carga combinada sobre beneficios distribuidos (al sumar el impuesto sobre sociedades y dividendos) llega al 47,5 %, frente al 38,8 % europeo. A ello se añaden unas cotizaciones sociales empresariales elevadas, equivalentes al 9,5 % del PIB, frente al 7,1 % de la UE.

La complejidad fiscal es un factor clave de competitividad, ya que las empresas no solo soportan el coste de los impuestos que pagan, sino también el esfuerzo administrativo necesario para cumplir con sus obligaciones. En España, este problema resulta especialmente relevante para las pymes, con menor capacidad para asumir costes de asesoramiento, adaptación normativa y gestión. Según el Índice de Complejidad Fiscal, España registra un valor de 114,8, por encima de la media de la UE, situada en 100, y de la OCDE, en 103,4. Esta mayor complejidad se refleja, asimismo, en los costes de cumplimiento tributario: la mediana de horas que las empresas españolas dedican, anualmente, a preparar, presentar y pagar impuestos asciende a 150 horas, frente a las 113 horas en la Unión Europea y 92 horas en la OCDE. Esto confirma que la desventaja fiscal española también es regulatoria y administrativa.