Renfe insiste en crear su filial de autobuses después de que la Justicia la acuse de restringir la competencia

El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC), dependiente del Ministerio de Hacienda, ha anulado el macroconcurso con el que Renfe pretendía crear una sociedad mixta para prestar servicios alternativos por carretera cuando se interrumpe la circulación ferroviaria. La resolución anula el pliego y obliga a la operadora a repetir la licitación.

Se trata de un duro revés para Renfe. La compañía defendía que la nueva empresa le permitiría responder con mayor rapidez al incremento de los planes alternativos de transporte (PAT), reducir su dependencia del mercado y abaratar costes. Sin embargo, el tribunal considera que el diseño de la licitación vulneraba varios principios esenciales de la contratación pública.

Según el TACRC, Renfe no justificó adecuadamente los motivos por los que consideraba necesario consituir una sociedad mixta participada por un socio privado en lugar de acudir a las fórmulas ordinarias de contratación para prestar estos servicios. Además, considera injustificada la decisión de licitar el contrato como un único lote de ámbito nacional, valorado en 923,2 millones de euros, al entender que esa configuración restringía el acceso de pequeñas y medianas empresas.

El concurso obligaba a acreditar una facturación anual mínima de 75 millones de euros y disponer de una flota de al menos 500 autobuses –300 en caso de concurrir mediante una unión temporal de empresas (UTE)–. Según las asociaciones del sector, estas condiciones dejaban fuera al 99 % de las empresas españolas de transporte de viajeros por carretera y solo permitían competir a un reducido número de grandes grupos. El tribunal concluye ahora que estas exigencias suponían una «restricción severa de la concurrencia» y reprocha a Renfe no haber motivado suficientemente su necesidad.

La resolución también aprecia deficiencias en la licitación. Además de cuestionar la creación de la sociedad mixta y la ausencia de división en lotes, el TACRC considera injustificadas las limitaciones impuestas a las UTE, censura la duración prevista para el acuerdo marco –de diez años, prorrogables hasta quince, cuando la normativa fija con carácter general un máximo de ocho años para este tipo de contratos– y aprecia falta de transparencia en la elaboración del presupuesto, al no desglosar adecuadamente los costes directos, indirectos y salariales.

El tribunal también concluye que Renfe incumplió la obligación de publicar el anuncio de licitación en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE), un asunto que considera determinante para declarar la nulidad del procedimiento.

La decisión del TACRC pone fin al procedimiento y obliga a Renfe a decidir si rediseña por completo el concurso o renuncia a la creación de la sociedad mixta en los términos actuales. Si opta por seguir adelante, la compañía tendrá que justificar la necesidad de crear esa filial, revisar los requisitos de solvencia, replantear la división del contrato y adaptar la licitación a las exigencias marcadas por el tribunal.

Desde el sector, la resolución ha sido bien recibido al entender que se trata «de una victoria de la legalidad, de la libre competencia y de la supervivencia de las pymes y microempresas españolas». «No podíamos consentir que un operador público estatal pretendiese regalar un mercado de casi 1.000 millones de euros a un oligopolio, marginando a quienes prestan día a día un servicio excelente y con máxima capilaridad en cada rincón de nuestra geografía», han señalado Anetra y Fenadismer en un comunicado.

Renfe no renuncia a la filial

Renfe, por su parte, ha advertido que la resolución «no supone el abandono de la iniciativa» y que estudiará la decisión para revisar y modificar los aspectos del pliego que resulten necesarios. El operador no renuncia a la creación de la sociedad al considerar que se trata «de una herramienta estratégica para reforzar la atención a los viajeros en situaciones de incidencia ferroviaria u obras en la red, mejorar la capacidad de respuesta, y optimizar los recursos destinados a los planes alternativos de transporte».

La compañía asegura que la filial «no nace para competir con el sector» y que es la única operadora que garantiza la movilidad cuando el tráfico ferroviario se ve interrumpido. Considera que, de acuerdo con sus análisis, el actual sistema basado en contrataciones puntuales y de urgencia «resulta insuficiente para atender las necesidades actuales derivadas fundamentalmente de obras ferroviarias de gran magnitud».