Las dos únicas medidas de vivienda que Sánchez ha ejecutado esta legislatura son un fracaso

La legislatura de la vivienda vive, al menos por ahora, solo de promesas. El real decreto sobre vivienda que el Gobierno quería anunciar este martes a bombo y platillo se ha aplazado finalmente para septiembre ante la falta de apoyos parlamentarios que garantizaran sacarlo adelante. Es la tónica habitual desde julio de 2023, tres años en los cuales Moncloa únicamente ha logrado ejecutar al cien por cien una medida de calado en materia inmobiliaria.

En este período, según un análisis realizado por El Debate, el Gobierno ha hecho 31 anuncios de calado, pero solo ha logrado aprobar uno: los avales del ICO para facilitar el acceso a la primera vivienda de los jóvenes.

Esta medida nació y se prometió en la anterior legislatura, con el Real Decreto-Ley 5/2023, de 28 de junio, pero no se aterrizó hasta abril de 2024, cuando el Consejo de Ministros aprobó un convenio entre el Ministerio de Vivienda y el Instituto de Crédito Oficial.

El Gobierno dotó al ICO con 2.500 millones de euros, pero a cierre del pasado ejercicio solo se habían solicitado 255,8 millones de euros, apenas el 10 %. Solo se habían avalado 10.453 operaciones de financiación, cuando el Ejecutivo preveía que se alcanzarían las 50.000. No solo eso, sino que el propio ICO reconoce, en sus cuentas anuales, una caída del 49 % en el interés de los potenciales interesados.

Ante ello, el Gobierno aprobó el mes pasado ampliar el alcance de esta línea de avales, permitiendo que en las provincias donde acceder a la vivienda exige un mayor esfuerzo económico, como Madrid o Barcelona, el límite de ingresos permitido para los solicitantes pase de 37.800 euros a 54.000 euros.

Fin de la Golden Visa

La otra medida de vivienda ejecutada en su totalidad esta legislatura es el fin de la Golden Visa por la compra de vivienda, eliminada el 3 de abril de 2025.

Este permiso de residencia fue introducido por el Ejecutivo de Mariano Rajoy y se obtenía a cambio de adquirir una vivienda de más de 500.000 euros, pero el Ejecutivo de Sánchez acabó con él bajo la premisa de garantizar que el acceso a la vivienda sea considerado como «un derecho» y no como un «mero negocio».

Sin embargo, a pesar de su eliminación, y como informó El Debate, el mercado inmobiliario español cerró 2025 con un récord histórico absoluto de compraventas realizadas por ciudadanos extranjeros. En total, se registraron 97.480 operaciones, lo que supone un crecimiento interanual del 5 % y la cifra más alta de toda la serie histórica, según datos del Colegio de Registradores.

En el primer trimestre de este año, último con datos disponibles, la demanda de los extranjeros ha aumentado aún más, alcanzando el 13,92 % del total, con 24.800 operaciones.

El resto de anuncios están, como poco, aún en fase de desarrollo o ejecución, algunas de ellas, como la reiterada promesa de construir 184.000 pisos de protección oficial, sin datos oficiales que permitan hacer un seguimiento de su grado de cumplimiento. Otras, como por ejemplo la regulación de los contratos de alquiler temporal, que quedaron fuera de la Ley de Vivienda aprobada en la anterior legislatura –incluida también en el decreto ahora pospuesto–, no han logrado respaldo parlamentario para salir adelante.

Paradigmática es la moratoria de desahucios aprobada por el Gobierno en febrero en Consejo de Ministros, que no logró el respaldo del Congreso y que, por tanto, solo estuvo vigente durante un mes. Sin embargo, durante ese mes, según el Ejecutivo, se pudo solicitar la prórroga de los contratos vigentes hasta el 31 de diciembre de 2027, lo que ha generado un fenomenal lío jurídico entre propietarios e inquilinos.