La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
De la jornada de 37,5 horas al coste del despido: el reguero de promesas incumplidas de Yolanda Díaz
Al menos siete promesas hechas por la ministra de Trabajo se encuentran en trámite, bloqueadas o tan solo anunciadas, ya que no terminan de concretarse o avanzar por falta de consenso
Comienza el último curso político del Gobierno, y nunca antes el mercado laboral español había tenido tantas reformas sobre la mesa sin aprobarse. Al menos siete promesas hechas por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se encuentran en trámite, bloqueadas o tan solo anunciadas, ya que no terminan de concretarse o avanzar por falta de consenso.
Por el momento, el gobierno tan solo ha llegado a aprobar la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), ya que no tiene que pasar por el Congreso. La última fue de un 3,1 % respecto a 2025 con carácter retroactivo desde el 1 de enero, hasta alcanzar los 1.221 euros brutos mensuales en 14 pagas.
Tras él han llegado una serie de derrotas parlamentarias y dentro del propio gobierno coalición. La primera fue la propuesta estrella de Díaz, la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales sin una reducción salarial. El Congreso la rechazó el 10 de septiembre de 2025, pero el gobierno ha reiterado su intención de reintroducir la medida a lo largo de 2026. Eso sí, sin una mayoría parlamentaria garantizada.
Después, el foco del ministerio se desplazó tácticamente hacia el registro horario, desvinculándolo de la reducción de la jornada y aprobando su tramitación urgente por la vía reglamentaria el 30 de septiembre de 2025. Sin embargo, el gobierno acordó aplazar hasta septiembre la aprobación del registro horario por las discrepancias internas sobre la reforma y las objeciones planteadas por el Consejo de Estado.
La reforma pretendía sustituir el actual sistema por un registro digital, objetivo y accesible en tiempo real para la Inspección de Trabajo y Seguridad Social con el fin de combatir las más de 2,5 millones de horas extraordinarias no remuneradas ni cotizadas que, según estimaciones del Ministerio, se realizan cada semana.
Medidas de las que no hay noticias
Yolanda Díaz también anunció dos normas de las que no se sabe nada. Una es la ampliación de los permisos retribuidos, tras llegar a un acuerdo con UGT y CCOO en diciembre de 2025. Las medidas acordadas incluyen la ampliación a 10 días laborales (12 en caso de desplazamiento) el permiso por fallecimiento de familiares, con posibilidad de distribución discontinua en un periodo de cuatro semanas.
También la creación de un nuevo permiso de hasta 15 días laborables para acompañar a familiares en cuidados paliativos. Así como un día laboral de permiso para el acompañamiento de la eutanasia. Sin embargo, la tramitación normativa está aún pendiente.
Otra medida puesta sobre la mesa fue la posibilidad de incrementar las indemnizaciones por despido improcedente o de introducir compensaciones complementarias discrecionales al calor de un pronunciamiento del Comité Europeo de Derechos Sociales. De materializarse, esta reforma dispararía los costes de reestructuración, aumentaría la litigiosidad y mermaría la seguridad jurídica que hoy permite a las empresas planificar sus plantillas con previsibilidad.
En trámite
El 3 de marzo de 2026, el Consejo de Ministros aprobó el Estatuto del Becario, y lo remitió al Congreso de los Diputados. La norma busca erradicar el uso de las prácticas como «mano de obra barata» y establecer un marco regulatorio claro.
Las principales novedades del texto son el tope del 20 % de personas en prácticas sobre la plantilla, un máximo de cinco becarios por tutor, un plan formativo individual obligatorio vinculado al itinerario educativo, derecho a descanso, uso de servicios del centro de trabajo, protección frente al acoso y compensación de gastos. Además, las pymes, con estructuras más reducidas, deberán asumir los gastos de transporte y manutención de los becarios.
Su tramitación parlamentaria continúa sin que el proyecto cuente todavía con los apoyos necesarios para su aprobación definitiva.
Por último, está la transposición de la directiva europea de transparencia retributiva, que tenía como plazo el 7 de junio de 2026. El ministerio de Trabajo cerró la consulta pública en mayo sin llevar el proyecto normativo a las Cortes, y la Comisión Europea ha abierto ya un procedimiento de infracción contra España por el retraso.
Una vez se apruebe, la norma obligará a las empresas a informar sobre criterios salariales y justificar diferencias retributivas. Su aplicación será escalonada por tamaño empresarial.
