La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
Yolanda Díaz suma otro revés y aparca el registro horario hasta septiembre
Trabajo aplaza la que había convertido en su medida estrella tras el fracaso de la reducción de jornada y pese a que Díaz prometió aprobarla antes del verano
Nueva derrota para Yolanda Díaz. El Gobierno ha acordado aplazar hasta septiembre la aprobación del registro horario por las discrepancias internas sobre la reforma y las objeciones planteadas por el Consejo de Estado. La ministra se había comprometido a sacar adelante esta medida antes del verano.
Los ministerios de Trabajo y Economía han pactado dejar la aprobación del real decreto para después del verano con el objetivo de introducir cambios que permitan responder a las observaciones realizadas por el Consejo de Estado. Aunque ambos departamentos dan por cerradas las diferencias que mantenían sobre el texto, el acuerdo supone un nuevo revés para la vicepresidenta segunda, que había presentado esta reforma como una de sus medidas estrella tras el atasco parlamentario de la reducción de jornada.
La reforma pretendía sustituir el actual sistema por un registro digital, objetivo y accesible en tiempo real para la Inspección de Trabajo y Seguridad Social con el fin de combatir las más de 2,5 millones de horas extraordinarias no remuneradas ni cotizadas que, según las estimaciones del Ministerio, se realizan cada semana.
Sin embargo, la tramitación del reglamento lleva meses encallada. El pasado mes de marzo, el Consejo de Estado emitió un dictamen muy crítico en el que cuestionaba algunos de los pilares de la reforma. El órgano advirtió de que el acceso de la Inspección a los registros afecta a datos personales cuya comunicación no estaba suficientemente justificada ni acompañada de las garantías necesarias de protección. Además, sostuvo que el texto excedía el desarrollo reglamentario de la ley al imponer nuevas obligaciones tanto a empresas como a trabajadores.
Además, el informe recogía que la implantación del nuevo sistema podría suponer un coste próximo a 868 millones de euros para las pequeñas y medianas empresas, al estimar un gasto medio de 55,4 euros por trabajador y año para la inmensa mayoría de los empleados afectados. La CEOE ha rechazado desde el inicio la reforma por considerar que incrementa las cargas administrativas y ha anunciado su intención de recurrirla si finalmente se aprueba.
La tramitación también estuvo marcada por las diferencias entre Trabajo y Economía. El ministro Carlos Cuerpo defendió en varias ocasiones que las pymes dispusieran de un año para adaptarse a las nuevas obligaciones, una posición más gradual que la defendida por el departamento de Díaz. El Gobierno asegura ahora que esas discrepancias ya han quedado resueltas y atribuye el aplazamiento a la necesidad de adaptar el texto a las observaciones formuladas por el Consejo de Estado.
La vicepresidenta aseguró hace apenas unas semanas que el reglamento saldría adelante «aunque sea lo último que haga» antes de las vacaciones. Los sindicatos CCOO y UGT también habían presionado al Ejecutivo para que cumpliera ese compromiso y llegaron a dar un ultimátum al Gobierno para aprobar la norma antes del receso estival.
Trabajo sostiene que la reforma mantendrá intactos sus elementos esenciales: el carácter digital del registro, su accesibilidad para la Inspección de Trabajo y la posibilidad de que la negociación colectiva participe en la adaptación del sistema a cada sector. No obstante, el retraso permitirá al Ministerio introducir modificaciones para responder a las objeciones del Consejo de Estado sin alterar, según Trabajo, los elementos esenciales de la reforma.
