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Alivio a medias en el sector inmobiliario tras la caída de los decretazos: «La confianza ya se ha dañado»
Promotores, inmobiliarias y economistas señalan que las propuestas tumbadas por el Congreso eran «equivocadas» y piden alternativas «útiles»
Alivio en el sector inmobiliario tras haber tumbado el Congreso de los Diputados, este viernes, los dos decretos-ley del Gobierno en materia inmobiliaria.
La Federación de Asociaciones de Empresas Inmobiliarias (FADEI), patronal del sector inmobiliario profesional en España, considera que el rechazo «evita profundizar en un mercado del alquiler a dos velocidades»: protegido para quienes ya tienen contrato y cada vez más inaccesible para quienes todavía buscan vivienda.
La organización considera que “hoy se ha frenado una propuesta equivocada, pero falta una respuesta útil", dado que la votación de este viernes no incrementa la oferta ni resuelve las dificultades de acceso y exige una alternativa inmediata.
De su lado, Amadei, la patronal inmobiliaria madrileña, celebra la derogación de los decretos aunque advierte de que «la inseguridad jurídica ya ha dañado la confianza de los propietarios». «Celebramos el rechazo de los decretos, pero queda la duda de si será suficiente: el casero ya sabe que las reglas del juego pueden cambiar a mitad de partido», trasladan.
«Que estos decretos no hayan sido convalidados no resuelve ninguno de los problemas que tenemos sobre la mesa. Ahora tenemos la oportunidad de hacer las cosas de otra manera: sentarnos, escucharnos y trabajar en soluciones que puedan mantenerse en el tiempo», ha señalado por su parte Montserrat Junyent, presidenta del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Barcelona y de la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Cataluña.
Por su parte, los economistas, a través del Consejo General de Economistas de España, afirman que «las medidas planteadas podían redistribuir de manera diferente los efectos de la escasez de vivienda, pero también creemos que difícilmente podían reducir esa escasez y, por tanto, no abordaban suficientemente el núcleo estructural del problema».
Según recuerdan, aproximadamente el 92 % de las viviendas alquiladas a precio de mercado pertenece a particulares.
Para ese pequeño propietario, las medidas contemplaban una prórroga con limitaciones a la actualización de la renta que pudiera extenderse hasta 2030, un contrato que se renovase salvo el pago de una indemnización equivalente a un año de alquiler en determinados supuestos y la ampliación hasta 2030 de la suspensión de determinados lanzamientos cuando concurran los supuestos de vulnerabilidad previstos en la norma.
«La experiencia internacional y el propio Informe Anual del Banco de España apuntan a que este tipo de intervenciones puede producir efectos sobre la oferta: retirada de viviendas del mercado del alquiler, traslado hacia la venta, incremento del alquiler de temporada o por habitaciones o establecimiento de rentas iniciales más elevadas para anticipar futuras limitaciones», resaltan desde el CGE.
La organización pide, no obstante, recuperar en futuras negociaciones algunas medidas de los decretos que sí consideran útiles. «Estas iniciativas merecen seguir siendo analizadas y, en su caso, recuperadas en futuras propuestas normativas, de forma que medidas que pueden resultar útiles no queden necesariamente vinculadas a la suerte parlamentaria de un conjunto normativo mucho más amplio», afirman.
