28 de septiembre de 2022

la educación en la encrucijadaeugenio nasarre

La rebeldía lingüística en Cataluña

La Generalitat nos toma por estúpidos. Está acostumbrada a actuar con los resortes del leguleyo de secano

Los últimos episodios en la obsesiva batalla del independentismo catalán por expulsar el castellano de la escuela en Cataluña e impedir un bilingüismo razonable, que no sólo es el modelo que la Constitución predica sino el que responde mejor a la realidad sociolingüística de Cataluña, muestran un panorama caracterizado, fundamentalmente, por tres elementos: la pertinaz y desafiante conducta de rebeldía de la Generalitat; la cómplice pasividad del Gobierno (y de forma vergonzante del PSC); el desamparo de las entidades, asociaciones y personas que ejemplarmente están defendiendo la presencia del castellano en la vida escolar catalana. La combinación de estos tres elementos no sólo produce desasosiego y consternación en cualquier buen ciudadano, sino que, por su gravedad, debe alentar una respuesta que trascienda las siglas políticas.
La Generalitat nos toma por estúpidos. Está acostumbrada a actuar con los resortes del leguleyo de secano, aunque –hay que reconocerlo– en otras ocasiones no le han ido mal sus triquiñuelas. En esta ocasión se ha inventado la distinción entre lengua «vehicular» y «curricular» para sortear la jurisprudencia ya establecida. Es una burda trampa. Nadie sabe a ciencia cierta en qué consiste tal distinción. Pero, aunque la hubiera, no resolvería en absoluto el quid del conflicto. Porque lo que el Tribunal Constitucional ha establecido es que no es conforme a la Constitución la condición exclusiva del catalán como lengua vehicular; también lo es el castellano, como lengua oficial del Estado; y pueden serlo otras lenguas en función de los proyectos lingüísticos.
La fijación del 25 % de presencia del castellano en el horario escolar no es un capricho del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Es la condición mínima para que el castellano adquiera la condición de lengua vehicular, ya que basta con que alguna materia distinta de la enseñanza del castellano se imparta en esta lengua para satisfacer la decisión judicial. Es el minimum minimorum de una enseñanza bilingüe. La novedad reside en que dos nuevas sentencias del TSJC, convertidas en firmes por el Tribunal Supremo, han anulado los proyectos lingüísticos de dos centros que no consideraban el español lengua vehicular.
La nueva ley aprobada a mata caballo por el Parlamento catalán –¡con el voto favorable de los socialistas!– es una auténtica vergüenza. Está hecha deliberadamente para no cumplir la Constitución. El aval del PSC es la señal de que el Gobierno no va a actuar en defensa de nuestra Carta Magna. Le parece bien lavarse las manos, dejando en la estacada a las familias que defienden sus derechos en las escuelas de Cataluña.
Tampoco la posición del Defensor del Pueblo es aceptable. El exministro de Educación ha afirmado que estará «atento y activo para que se respeten los derechos de todos» en el ámbito escolar de Cataluña. Pero ha invocado la nueva ley, «en la que se evita hablar de porcentajes», como si creara un nuevo escenario que habría que considerar. O sea, el exministro de Educación tiene amplias tragaderas o se ha ofuscado su mente, al no percibir y denunciar el carácter tramposo de la ley catalana. Su actitud «atenta» es un anuncio de que no va a hacer nada.
Hay un argumento que utiliza mucho el PSOE para justificar su posición de apaciguamiento y sometimiento a las directrices de los independentistas: la convivencia en Cataluña y la paz escolar. Claro, es un argumento tan falaz como insostenible. Porque está basado en aceptar la sumisión de la mayoría de la sociedad catalana a los dictados de una minoría.
Los últimos datos sociolingüísticos revelan que el 52,7 % de los habitantes de Cataluña tienen como lengua materna el castellano, frente al 31,5 % que tienen el catalán. Y, en cuanto al uso, el catalán es usado habitualmente por el 76,4 % de la población, mientras que el castellano lo es por el 93,2 %. Todo lo cual muestra que el castellano sigue siendo la primera lengua de uso y materna de Cataluña y que la sociedad catalana es bilingüe de forma abrumadora. Cuando se pregunta a los catalanes sobre el futuro lingüístico de Cataluña una muy amplia mayoría desean una sociedad plurilingüe, que compartan el castellano, el catalán y el inglés.
La convivencia se ha de construir sobre la base de la realidad sociolingüística y sobre los deseos de futuro de la mayoría de los catalanes. La convivencia no se construye sobre la imposición y el sometimiento de media Cataluña a la otra. Esa es la pretensión de los independentistas y de sus aliados.
Pero el logro de esa pretensión sólo resulta posible mediante una intensa coacción que doblegue a la población que ha de ser sometida. En esta operación es en la que estamos. Por eso, es tan encomiable el compromiso de las entidades cívicas que se están dejando la piel por defender los derechos lingüísticos de sus hijos, que es tanto como defender la Constitución sin mutilaciones. Pero esas asociaciones por una escuela bilingüe están desamparadas y libran su batalla con un sentimiento de soledad.
La debilidad en esta hora del constitucionalismo en Cataluña favorece las pretensiones del independentismo. La grave complicidad del PSC constituye un pilar decisivo para la política de rebeldía de la Generalitat y de acoso a las asociaciones y familias que reclaman sus derechos. Respaldarlas es el primer deber cívico del constitucionalismo en Cataluña y en toda España. La convivencia en Cataluña exige el bilingüismo razonable de sus dos lenguas cooficiales en la escuela. No es ni aceptable ni posible otra solución.
  • Eugenio Nasarre es ex secretario general de Educación y expresidente de la Comisión de Educación del Congreso de los Diputados
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