La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, y la titular de Educación, Pilar Alegría
Educación
La deriva educativa del Gobierno: millones de euros en becas para tapar una ley que margina el esfuerzo
El Ejecutivo central aprueba la «mayor partida» en ayudas educativas, pese a ser los responsables de que los estudiantes puedan pasar de curso con suspensos
Millones de euros en becas para tapar una ley educativa, la que ha puesto en marcha este mismo Gobierno, que denigra el esfuerzo educativo.
El Consejo de Ministros del Ejecutivo ha aprobado este martes 21 de febrero una partida de 2.520 millones de euros que irán destinados a pagar las becas de más de un millón de alumnos, a la vez que ha incluido una «ayuda universal» de 400 euros para estudiantes con un tipo de discapacidad.
En concreto, la cuantía de esta asignación se ha fijado en 1.730 euros anuales para estudiantes no universitarios y en 3.130 para los universitarios. El subsidio de los 400 euros anteriormente citados es compatible con la beca. Además, se aumenta la ayuda anual a la residencia para estudios posobligatorios, que alcanzará un importe de 2.500 euros frente a los 1.600 del curso anterior.
El Gobierno, a través de su ministra de Educación, Pilar Alegría, ha explicado que con este plan –que inequívocamente busca captar el voto joven–es garantizar la igualdad en el acceso a la educación y evitar cualquier obstáculo de naturaleza socioeconómica que dificulte o impida el ejercicio de dicho derecho.
La Lomloe y el esfuerzo
Resulta paradójico que el Gobierno destine una partida tan importante de dinero a ayudas para los estudios cuando desde Moncloa se puso en marcha la Lomloe, peyorativamente conocida como la ley del mínimo esfuerzo.
Tanto es así que bajo sus dictados, el currículo de la ESO permite pasar de curso sin límite de suspensos, aunque se dicte seguir los planes de refuerzo de los equipos docentes. En el caso del Bachillerato, se permite obtener el título con una asignatura suspensa y acceder bajo estas circunstancias a las enseñanzas universitarias.
Un panorama que puso en pie de guerra aparte de la comunidad educativa. Madrid ha iniciado una batalla política contra la norma, y de momento parte con ventaja. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha dado la razón al Gobierno de Díaz Ayuso en el recurso interpuesto por Educación para suspender el artículo 21.4 que la Comunidad de Madrid redactó sobre el currículo de Secundaria, con la intención de endurecer los requisitos para obtener estos títulos.
La idea de Madrid es que, si esa situación de asignaturas suspensas se produce, sea necesario el acuerdo de dos tercios del profesorado de ESO para que ese alumno pueda promocionar, y de cuatro quintos en el Bachillerato. Unos remiendos que desde Moncloa tacharon de excesivamente duros.
Desgraciadamente, la política educativa en España parece que conduce a las siguientes cotas: bajar los méritos y por consiguiente, minimizar el esfuerzo, mientras se barniza con una riada de euros públicos para igualar por abajo, no por arriba.
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