La «autonosuya» universitaria
La LOSU tiene una memoria económica que lo único que permite a las universidades es ir en procesión a su Comunidad Autónoma como orden religiosa mendicante
«Las Autonosuyas» fue una película de 1983 dirigida por Rafael Gil, basada en el libro homónimo de Fernando Vizcaíno Casas y con un reparto liderado por Alfredo Landa (en el papel de Austrasigildo, alcalde de Rebollar de la Mata) que ironizaba sobre la posibilidad de que alguna de las recién constituidas autonomías se transformase en una forma de crear burocracia excesiva y políticos viviendo del cuento identitario. La película, que fue en su momento algo polémica, tuvo 287.111 espectadores, lo que la colocaría en el año 2022 como la número 12 de la taquilla del cine español, lo que no es una mala cifra si se tiene en cuenta que las protestas de nacionalistas catalanes y vascos hicieron imposible que se estrenase en esas dos comunidades.
Justo cuarenta años después veo con cierta desazón que algunos de los temores que apunta la película eran casi proféticos. La semana pasada se ha dado otra vuelta de tuerca más al absurdo de eliminar la Libertad a instituciones que por su carácter secular y transversal gozaban de un marco legal y financiero relativamente estable, que les permitía defenderse frente al acoso sobre el que ironizaba la comedia española. Efectivamente, el pasado 12 de abril entró en vigor la Ley orgánica del sistema universitario (LOSU). Como el avispado lector ya se habrá dado cuenta, no aparece por ninguna parte un adjetivo como español, nacional o, ni tan siquiera, estatal.
La nueva ley recoge, como no podía ser de otra manera, tanto en su preámbulo como a lo largo del texto el deseo de la norma de proteger y a ampliar la autonomía universitaria. Sus cien artículos y treinta disposiciones plantean una reforma que, según el legislador, se hace con el «…pleno respeto al principio de autonomía universitaria, integrado en el derecho fundamental a la educación reconocido en el artículo 27 de la Constitución Española.» Al mismo tiempo que habilitan «un amplio margen al desarrollo de sus disposiciones mediante la labor normativa de las Comunidades Autónomas» que sean capaces de, en plena dialéctica líquida, «proporcionar instrumentos y habilitar espacios y dinámicas para que las universidades puedan seguir siendo un espacio de experimentación, innovación y participación».
Sin embargo, una lectura detallada del texto me hace poner en duda la voluntad real del ministro Subirats y su equipo a la hora de delinear la ley. Como economista, cuando veo una normativa, tengo la mala costumbre de empezar a leerla al revés. No. No me refiero a que empiece por la disposición final, sino que primero reviso la memoria de análisis económico, en la que se detallan los fondos que van a permitir ejecutar el proyecto del Gobierno. Llámenlo un vicio si quieren. La LOSU tiene una memoria económica que lo único que permite a las universidades es ir en procesión a su Comunidad Autónoma como orden religiosa mendicante. El diseño que se ha hecho de la carrera universitaria se ha realizado centrado en la situación y los problemas concretos de algunas universidades de algunas comunidades autónomas (imagínese el lector cuáles: sí, esas) sin tener en cuenta el coste económico que iban a tener en realidad sobre el resto del sistema. El resultado es un presupuesto incremental en la docencia de las universidades que no aparece por ningún lado en la memoria económica.
Este hecho podría tener sentido si se redujese la endogamia o se facilitase la gestión de la universidad. Pero ninguna de las dos cosas. Sobre todo, si hay comunidades autónomas dispuestas o deseosas de intervenir el control de las universidades, incrementando la «autonosuya» universitaria. Quizá el ejemplo más palmario de este deseo es el cambio que se ha producido en la selección del profesorado funcionario. Se pasa de una selección por una agencia estatal a la «taificación» de la promoción universitaria, que pasará a ser responsabilidad de las autonomías, mediante un convenio de dudosa constitucionalidad.
Mientras que las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular se han apresurado a seguir manteniendo su compromiso con un sistema estatal que dote de homogeneidad (que no uniformidad) a la educación superior bajo unos criterios transparentes, el Ministerio está en una carrera legislativa para conseguir que antes de final de año la puesta en marcha de su norma esté lo más avanzada posible, y en su caso, de forma irreversible.
En este marco ha pasado casi desapercibida en España la publicación el mes pasado de la Autonomy Scorecard para 2022 de la Asociación Europea de Universidades (EUA) que muestra la relación entre las universidades públicas y los gobiernos que las financian y regulan y que denuncia (sin tener en cuenta todavía la LOSU) el «aumento de las intervenciones estatales ad hoc» que reducen la autonomía de las universidades en materia de investigación, docencia, innovación y otros ámbitos mediante el uso de «… una influencia excesiva e innecesaria, ya sea a través de acuerdos específicos de gobernanza, el uso excesivo de instrumentos de dirección o la intervención directa.»
En el caso de España los resultados del estudio muestran que todavía existen demasiadas restricciones. En todas las dimensiones analizadas (autonomía organizativa, autonomía de personal, contratación, autonomía financiera y autonomía académica) nuestro país se sitúa, ya antes de la LOSU, en el nivel medio bajo de los países europeos, lo que dificulta a las universidades desarrollar todo su potencial, mejorar la contratación del profesorado, internacionalizarse o diseñar planes estratégicos con verdadera independencia. La LOSU no resuelve estos problemas, los agrava. No pone las bases para que se pueda mejorar la gestión profesional e independiente incrementando de forma paralela y racional la transparencia el sistema, tanto en sus objetivos como en sus resultados mientras que se politiza la gestión y la enseñanza. Me temo que cuando dentro de cinco años la EUA haga una actualización de estos datos, la situación de España habrá empeorado sensiblemente.
- Jorge Sainz es catedrático de Economía Aplicada Universidad Rey Juan Carlos
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