Irresponsabilidad educativa
Las leyes educativas de esta legislatura en el ámbito universitario (LOSU) como en el no universitario (LOMLOE) no se han ajustado al principio no ser dañino para la formación de los ciudadanos
Nuno Crato es uno de los artífices del milagro educativo portugués. Fue el ministro que tomó las riendas del cambio en aspectos tan importantes como el abandono educativo temprano en Portugal que, de estar en 2010 encima del español (28.3 %), se sitúa en la actualidad por debajo del objetivo europeo del 10 %. El sistema educativo luso prioriza los conocimientos y las competencias de materias básicas como las matemáticas la lengua las ciencias o las humanidades y se ha esforzado en mejorar la calidad y la formación del profesorado como forma de potenciar la equidad dentro del sistema.
En un precioso libro editado por el catedrático de Harvard Fernando Reimers llamado «Cartas a un nuevo ministro de Educación», Crato afirma que lo más importante para gestionar y reformar el sistema educativo de un país es no ser dañino para la formación de los ciudadanos. Está claro que las leyes educativas de esta legislatura en el ámbito universitario (LOSU) como en el no universitario (LOMLOE) no se han ajustado a este principio. Cabría pensar que al menos, en su salida, los ministros Alegría y Subirats serían elegantes a la hora de considerar la situación actual con las Cortes disueltas y un gobierno que el 23 de julio pasará a estar en funciones y con perspectivas de cambio de ciclo.
De momento la convocatoria de elecciones he tenido un primer beneficio colateral positivo. La controvertida Ley de Enseñanzas Artísticas, que enfrentaba a los ministerios de Universidades y Educación, y que ha movilizado a las facultades de Bellas Artes por la polarización de la norma y la falta de diálogo entre los afectados por la misma, decae. Se abre ahora un periodo de diálogo entre universidades y centros artísticos que debería dar la luz a un texto más equilibrado, que permita el reconocimiento de las enseñanzas artísticas, la mejora y la afirmación de la calidad de su profesorado y la equivalencia a los sistemas europeos de educación en el área.
También se ha quedado paralizado el desarrollo reglamentario de la ley de Formación Profesional. La lentitud de la ministra Alegría a la hora de construir los Reales Decretos que permitían aplicar la normativa vigente va a suponer una rémora para poner en marcha a lo largo del próximo curso las mejoras contempladas con el consenso de los interlocutores sociales. También está pendiente, de nuevo por la mala gestión del Ministerio, la aplicación de cientos de millones de euros de fondos europeos para Formación Profesional, que corren el riesgo de perderse por no convocarse con celeridad.
También se han paralizado, «por responsabilidad», como reconoce el Ministerio de Educación, el nuevo diseño de la EBAU. Las críticas a las que se enfrentaba esta adaptación pendiente de la LOMLOE, correspondiente a la prueba del curso 2023/2024, permitirá a los nuevos gestores corregir las muchas deficiencias del diseño creado. En el último borrador presentado por el equipo de Subirats y Alegría, habían desaparecido aspectos tan criticables como la prueba de madurez y las preguntas de la elección múltiple. La prueba de madurez eliminaba cualquier atisbo de evaluación objetiva y sistemática de las asignaturas de Historia de España, Lengua y Literatura e Historia de la Filosofía.
La nueva versión propuesta realmente no suponía cambios importantes respecto a la que se celebra en este año 2023, aunque se adaptaba al nuevo enfoque competencial de la ley Celaá. Las muchas críticas a la norma y el enfado que tenían los profesores y las familias con los cambios propuestos –estoy seguro de ello– han sido los responsables de la retirada de la nueva redacción. Nadie quiere ir con más de 200.000 familias cabreadas a las urnas.
Si el Ministerio de Educación ha actuado «por responsabilidad», cabe pensar que el Ministerio de Universidades, que ha iniciado justo la semana en la que se han convocado elecciones la tramitación del Real Decreto en el desarrollo de la LOSU, el de acreditación del personal docente investigador, ha actuado por «irresponsabilidad».
La norma se ajusta a los compromisos adquiridos por Subirats con los socios catalanes del Gobierno. La rapidez con la que se ha elaborado el texto que se presentó a discusión esta misma semana muestra distintas contradicciones en la norma, lo que hace difícil su comprensión y ha generado incertidumbre entre el profesorado que está a punto de promocionar. En términos generales la norma deja a las agencias autonómicas control absoluto sobre cómo se seleccionan a los docentes de sus regiones para los cuerpos estatales y no hay un atisbo de coordinación. Dicho de otra forma, los 17 sistemas universitarios distintos creados por la LOSU valorarán cada uno al profesorado a su buen entender.
Además, como es tradicional en la actuación del Gobierno de Sánchez, certifica el nombramiento político de la mitad de las comisiones de selección del profesorado. La norma incrementa la importancia que va a tener criterios espurios a la hora de elegir profesorado, reduciendo la objetividad. Quizá esto explica por qué el Ministerio ha decidido no tramitar otras normas más técnicas y ha considerado que era primordial un texto que facilita el control político de la promoción del profesorado.
Subirats y su equipo se despiden mostrando todos los sectarismos que han acompañado su época en el puesto. He de reconocer que creía, al principio de su mandato, que iba a ser una persona de consenso. Me equivocaba. La Universidad española no es mejor tras su gestión. Tampoco lo son las de las distintas comunidades autónomas por separado. Ha perdido la oportunidad de hacer una gran reforma cuando, por primera vez en mucho tiempo, había dinero para plantear ese cambio.
- Jorge Sainz es catedrático de Economía Aplicada de la URJC
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