La educación en la encrucijada Jorge Sainz

Sánchez recorta la financiación de las universidades (y nadie dice nada)

Aunque sigue sin especificarse de forma clara qué áreas van a verse afectadas por estos recortes, existe una profunda preocupación por las posibles repercusiones en las actividades e instalaciones de investigación

El Gobierno de Pedro Sánchez solo respetará aquellas partes de la LOSU que satisfacen a sus socios independentistas al desguazar progresivamente todas aquellas instituciones que cohesionan España, como es la Universidad.

El gobierno del presidente Macron anunció a finales del mes de febrero un importante recorte (900 millones de euros) de su presupuesto de investigación y enseñanza superior. Esto representa una reducción del 5 % respecto a la inversión prevista y se produce a pesar de los compromisos previos del gobierno de aumentar el gasto en investigación. La reacción ha sido inmediata. La Universidad se ha levantado, y la prestigiosa revista Nature ha dedicado un artículo a la noticia, al igual que el periódico especializado Times Higher Education.

Aunque sigue sin especificarse de forma clara qué áreas van a verse afectadas por estos recortes, existe una profunda preocupación por las posibles repercusiones en las actividades e instalaciones de investigación. El Ministerio galo de Enseñanza Superior e Investigación reconoce los recortes, pero afirma que el presupuesto global sigue aumentando con respecto a 2023 y da prioridad a la protección de los salarios, los recursos de laboratorio y los centros de investigación existentes. Sin embargo, los críticos se muestran escépticos y subrayan la necesidad de un plan claro y transparente para aplicar los recortes minimizando los efectos negativos sobre el progreso científico francés. Sostienen que esta medida contradice los objetivos declarados del Gobierno francés de avanzar científicamente y ponerse a la altura de otros países en gasto de investigación, alejándola de alcanzar su objetivo de aumentar el gasto público en investigación hasta el 1 % del PIB desde menos del 0,75 %.

Esta semana ha tenido lugar en España la escenificación de una medida con un efecto similar sobre el sistema es universitario que, probablemente porque ha coincidido con una sobrecarga de noticias de corrupción política en el partido del Gobierno, o lo que es peor, porque a nadie le interesa lo que pasa en la Universidad española, a no ser que sea un escándalo de corrupción que los partidos políticos se puedan lanzar a la cabeza, ha pasado literalmente desapercibida, incluso en los mismos campus universitarios.

¿Qué ha sucedido? El partido del presidente del Gobierno, acompañado de sus aliados independentistas, aprobó en la comisión del Congreso de educación una enmienda que irá incluida en la nueva Ley de Enseñanzas Artísticas que retrasa la aplicación de una parte de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU). El añadido al texto legal retrasa la aplicación de la ley en uno de sus puntos más celebrados por los proponentes a la hora de la aprobación de la norma; la estabilización de plantillas y la eliminación de los falsos asociados (personas que viven y ejercen su carrera universitaria de forma completa, pero que cobran como trabajadores a tiempo parcial, sin ninguna estabilidad laboral).

La conferencia de rectores (CRUE), estimó a principios de este curso académico que llevar a cabo esta estabilización conllevaría un gasto mínimo de 884 millones euros, que debían correr a cuenta del propio ministerio. Pero por supuesto, ni la señora Morant, ni el Gobierno de Pedro Sánchez tienen ni la intención, ni los fondos de cumplir los compromisos económicos que adquirieron hace menos de un año el ministro Castells y el ministro Subirats. Solo respetarán aquellas partes de la LOSU que satisfacen a sus socios independentistas al desguazar progresivamente todas aquellas instituciones que cohesionan España, como es la Universidad.

La enmienda aprobada retrasa en el tiempo, hasta cuatro años, la estabilización de los profesores universitarios más vulnerables, dificultando su incorporación a una carrera universitaria normal. También deja en un área oscura quién será el encargado de financiar esos 884 millones de euros, que el Ministerio está intentando endosar a las comunidades autónomas. En contraste, entre viaje y viaje a Valencia para conseguir consolidar su posición como jefa del PSOE la comunidad levantina, la ministra Morant sí que ha tenido la oportunidad de transferir, por supuesto con las cuantías económicas correspondientes, al País Vasco la homologación de títulos universitarios, en una pirueta que seguro va a generar problemas de credibilidad al sistema educativo español. Por supuesto, siempre ha habido prioridades.

El recorte está en marcha. Parafraseando la máxima de los fiscalistas, retrasar un pago es no pagar. Y el ministerio lo sabe bien. Además, el aprendizaje que el equipo ministerial ha obtenido es que, si ha pasado una vez, podrá suceder a otra, y otra, y otra... Y, por lo tanto, harán de nuevo, una y otra vez, la misma jugada. Por definición, los profesores universitarios no salen a la calle y la mayor parte de los estudiantes están bien domesticados. Comunidades autónomas y sindicatos claman en el desierto y nadie los escucha ni los oye. Mientras, la Universidad española seguirá quejándose sin tomar ninguna medida por la falta de financiación ante falta de compromiso del Gobierno.

Quizá eso nos diferencia de Francia en cuanto al sistema universitario y de investigación. Un recorte del Ministerio sea del color que sea, tiene una rápida respuesta y la gente genuinamente se preocupa. Los ciudadanos confían en su sistema universitario para mejorar la calidad de la sociedad y de la economía. Quizá en España ya hemos dado por hecha la calidad de nuestra Universidad y no nos estamos preocupando por cómo se financia su futuro. La LOSU, la ley universitaria de Sánchez, no es la ley que necesita la Universidad española y mucho menos si desde su nacimiento no cuenta con la financiación requerida a llevar a cabo sus objetivos. Estamos ante un fracaso anunciado.