Yolanda Díaz perjudica al propio Gobierno con su Estatuto del Becario e ignora las peticiones de otros ministros

El Gobierno tiene previsto aprobar este martes en Consejo de Ministros la Ley del estatuto de las personas en formación práctica no laboral en el ámbito de la empresa, conocida coloquialmente como el Estatuto del Becario, más de dos años después de que el Ministerio de Trabajo y Economía Social firmara y presentara esta norma con los sindicatos.

La norma, que deberá ser aprobada por las Cortes Generales al tener rango de ley, ha generado discrepancias internas en el Gobierno, tanto entre el PSOE y Sumar, como en el seno de la formación que lidera la propia Yolanda Díaz, según ha podido confirmar El Debate.

Tal y como consta en las observaciones formuladas al Ministerio de Trabajo con respecto a este anteproyecto de ley, la norma «delimita el ámbito de aplicación de la norma a prácticas de formación profesional, enseñanzas artísticas o deportivas, especialidades del Sistema Nacional de Empleo y prácticas universitarias curriculares y extracurriculares».

De la interpretación de estas limitaciones, el Ministerio de Cultura, regido por el también miembro de Sumar Ernest Urtasun, se deduce que algunos de los programas de becas gestionados por esta cartera, «ni encajan directamente en estas exclusiones, ni están claramente incluidas en los supuestos del artículo 1.2, ya que no se vinculan a estudios oficiales ni a programas del Sistema Nacional de Empleo. En consecuencia, la relación del Ministerio con estos becarios pasaría a ser de carácter laboral», lamenta el departamento que lidera Urtasun.

En este sentido, aunque no son las únicas (entre otros, el MNGARS, la BNE o el Museo Nacional del Prado también convoca y gestiona becas de similares características), destaca el caso de las becas FormARTE, señala Cultura, que explica que se trata de becas de especialización profesional en instituciones públicas, pero no forman parte de un itinerario formativo académico.

En defensa de esta formación, el Ministerio de Cultura esgrime en el documento al que ha accedido este medio que «las becas FormARTE fueron creadas con el objetivo de formar profesionales altamente cualificados en instituciones culturales de referencia. Desde museos nacionales hasta archivos, bibliotecas o centros de conservación y restauración, estas becas han ofrecido una experiencia formativa única e insustituible, poniendo a los futuros profesionales durante esta etapa formativa en contacto directo con el patrimonio cultural», defiende.

Asimismo, aunque el anteproyecto de ley no prohíbe expresamente la existencia de este tipo de becas, «no estarían amparadas por este Estatuto, pero serían consideradas relación laboral lo que, salvo mejor criterio, pondría en peligro la viabilidad y continuidad de esta formación que es ya una 'institución' que ayuda a vertebrar el sector cultural», afea Cultura a la titular de Trabajo.

Por otro lado, lamenta que las becas FormARTE no encajan claramente en ninguna de las categorías de becas defendidas por el Ministerio de Trabajo, aunque comparten características con los programas de internacionalización (formación práctica en instituciones públicas, sin relación laboral, con fines de especialización).

Ante esta petición, Cultura solicitó en septiembre de este mismo año que «la formación práctica desarrollada en el marco de programas de especialización profesional promovidos por Administraciones, entidades y organismos pertenecientes al sector público se regirá por su normativa específica, siempre que no implique la realización de tareas propias de una relación laboral», a lo que Trabajo ha hecho oídos sordos.

La respuesta del Ministerio de Trabajo

Por su parte, la cartera de lidera Yolanda Díaz respondió a estas alegaciones que «no se acepta la propuesta de establecer una exclusión específica dirigida a las situaciones de especialización», ya que «la definición del ámbito objetivo de aplicación de la norma tiene que ver con la actividad sustantiva que se realiza» y que «la mayoría de las actividades de especialización encuentran directo acomodo en las modalidades formativas previstas en la actual normativa».

Además, Trabajo contestó a Urtasun que «las exclusiones contenidas en la ley a las que se hace referencia obedecen en ocasiones a mandatos legales y en otros casos a la existencia de particulares que imponen un régimen particular, particularidades que no parecen concurrir en este caso».