Los estudiantes van a ser los grandes perjudicados por el Estatuto del Becario: «Las consecuencias son graves»

El Consejo de Ministros aprobó este martes la Ley del estatuto de las personas en formación práctica no laboral en el ámbito de la empresa, conocido coloquialmente como el Estatuto del Becario, más de dos años después de que el Ministerio de Trabajo y Economía Social firmara y presentara esta norma con los sindicatos.

La norma, que deberá ser aprobada por las Cortes Generales al tener rango de ley, ha generado discrepancias internas en el Gobierno entre el PSOE y Sumar. En este sentido, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, reconocía que, aunque había «un acuerdo de diálogo social», existían «discrepancias» con el PSOE para su aprobación. En concreto, el PSOE, consideró en un primer momento que el texto necesitaba «más trabajo técnico» o «madurez» antes de aprobarse, y se mostró más prudente frente al impacto que puede tener en empresas, y posiblemente universidades.

Asimismo, la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas (CCS) cree que el anteproyecto de ley del nuevo estatuto del becario dificultará las prácticas formativas y las hará «poco atractivas» para las empresas, instituciones y entidades del tercer sector.

El presidente de la CCS —órgano que representa a la sociedad en el sistema universitario a través de empresas, sindicatos y estudiantes—, Antonio Abril, ha lamentado que la norma no haya sido consensuada con la comunidad educativa y con los ministerios de Educación y de Universidades, ya que regula las prácticas académicas de las enseñanzas universitarias y de formación profesional.

«Estamos muy preocupados por las graves consecuencias que puede acarrear la actual propuesta normativa para las prácticas externas que realizan los estudiantes», señala en un comunicado en el que resalta que la «sobrecarga de esfuerzos y de costes que se les imponen a las prácticas curriculares dificultará su gestión por las universidades».

Avisa de que las hará «poco atractivas» para las empresas, instituciones y entidades del tercer sector, comprometidas en programas de cooperación educativa. Y señala que, unido a la reducción de las prácticas extracurriculares, se limitará aún más la oferta de prácticas e impedirá su realización en períodos no lectivos.

El presidente de la Conferencia de los Consejos Sociales recalca que la norma no debería «coartar el desarrollo de esta actividad académica y dificultar la cooperación educativa entre universidades y empresas e instituciones».

Los Consejos Sociales piden al Gobierno revisar el actual marco normativo de las prácticas externas con el fin de mejorar su funcionalidad como actividad formativa esencial y recuerdan el Libro Blanco de las Prácticas, elaborado por los rectores, la CEOE, el Consejo de Estudiantes Universitarios del Estado, la Confederación Española de Centros de Enseñanza y la Cámara de Comercio de España.

Por otro lado, la directora general de la Fundación Universidad-Empresa y coordinadora del libro blanco, Carmen Palomino, ha señalado que el texto proyectado introduce dos cambios «que alteran el equilibrio actual»: la obligatoriedad de pagar todas las prácticas, incluidas las curriculares, sin distinguir si son o no obligatorias y las 480 horas en cuatro años para las extracurriculares.

«Estas medidas no garantizan una mejor calidad, sino que reducen la oferta. Las pymes, que representan más del 90 % del tejido empresarial, difícilmente podrán asumir nuevos costes; y el sector público o entidades sin ánimo de lucro —que acogen más del 60 % de las prácticas universitarias— podrían quedar directamente excluidos», advierte.

Palomino desmiente que haya mayoritariamente «falsos becarios» ya que desde 2024 todas las prácticas cotizan a la Seguridad Social, además de que el Ministerio de Trabajo realizó 4.194 inspecciones de las que 1.598 fueron irregulares: «penalizar al 95 % del sistema por las infracciones de una minoría es, sencillamente, ineficaz y contraproducente».