El Gobierno quiere que las comunidades paguen su nueva medida educativa, pero ni se reúne con ellas

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, la socialista Milagros Tolón, ha comenzado su andadura en la cartera que rige asumiendo las normas que su predecesora, Pilar Alegría, anunció antes de dejar el departamento de Educación para presentarse como candidata del PSOE a las elecciones de Aragón.

Entre los cometidos que Alegría legó a Tolón se encuentra el anteproyecto de ley de mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia y la enseñanza en el ámbito de la educación no universitaria, en el cual se introduce una reducción importante de la ratio en las aulas y de la carga lectiva de los docentes.

En el anteproyecto de ley también se contempla fijar un máximo de horas de docencia en aula, que quedarán establecidas desde el próximo curso. Así, quedarían en un máximo de 23 en Primaria y 18 en Secundaria, Bachillerato y resto de enseñanzas. Aunque los periodos lectivos impartidos tengan una duración inferior a 60 minutos tendrán la consideración de hora lectiva.

El informe aprobado por el Consejo Escolar del Estado, que no es vinculante, apunta que «debería especificarse que se dotará a los centros del profesorado necesario para que esa reducción horaria por docente en ningún caso pueda suponer una reducción en los programas y apoyos del centro».

A su vez, El Debate ha tenido acceso a las enmiendas a la ley presentadas por diferentes organismos, entre las que se encuentran varias comunidades autónomas que afean la negativa del Gobierno a negociar la ley de la mano con ellas.

En primer lugar, el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid señala que «la norma que se dictamina no ha sido presentada ni debatida de presencial en el seno de la Conferencia Sectorial de Educación», en la cual participan las comunidades autónomas. A juicio de este organismo regional «una norma de este calado, que debe ser ejecutada por las comunidades autónomas, debería haber gozado de un amplio diálogo con éstas para asegurar su implantación».

Asimismo, se señala que las comunidades autónomas han realizado ya avances a este respecto, por lo que existirán distintas velocidades de implantación de la norma. «No consta en ella ninguna previsión a este respecto ni el posible apoyo por parte del Estado para una correcta aplicación en todo el territorio», lamenta la Comunidad de Madrid.

«Tampoco hay mención, desde el punto de vista económico, del diálogo o consenso que se haya podido mantener con las comunidades autónomas para asegurar la financiación de las medidas propuestas o bien si será el propio Estado quien asegure dicha financiación. En todo caso, en una norma de esta magnitud se entiende y se echa en falta el buen diálogo con las comunidades autónomas competentes en la materia», concluyen desde el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid.

Ausencia de memoria económica

Por su parte, el Consejo Escolar de la Región de Murcia ha criticado en sus enmiendas que el teto normativo «no incorpora una memoria económica que prevea el coste de las medidas que conlleva y su justificación. Sin embargo, el desarrollo de esta ley generará un alto desembolso por parte de las comunidades autónomas», apunta.

«Entendemos, por lo tanto, que, por lealtad institucional hacia las administraciones educativas autonómicas, la Administración General del Estado y el Ministerio proponente de esta norma, deben hacer una cuantificación del coste de implementación de la misma, así como la previsión presupuestaria oportuna para que sea el propio Estado quien lo financie», expresa.