El adiós a la exigencia en la universidad

En Se acabó el recreo (Los Libros del Asteroide, 2025), Darío Ferrari lanza una reflexión que debería incomodar a cualquiera de los que formamos parte de esa subespecie denominada Homo Académicus. Escribe el autor toscano que «...la universidad es un mundo psicótico, afectado por una grave carencia de percepción de la realidad, poblado por individuos con una fama extremadamente acotada […] que, pese a todo, se sienten estrellas de rock». La cita puede parecer exagerada. Sin embargo, ayuda a entender por qué algunas instituciones universitarias adoptan decisiones que sorprenden tanto a propios como a extraños, incluso cuando se presentan envueltas en un discurso bienintencionado.

Hace unas semanas, la universidad londinense de King’s College anunció una profunda reforma de su sistema de evaluación. Bajo el paraguas de la «inclusión», la propuesta plantea reducir el peso de los exámenes, acortar la extensión de los trabajos y, quizá lo más controvertido, pedir a los profesores que se centren en las ideas «y no en la gramática». Todo ello se presenta como un avance hacia una universidad más accesible, más diversa y más sensible a las distintas realidades culturales del alumnado.

El objetivo, en abstracto, es difícil de cuestionar. Nadie con un mínimo conocimiento de la universidad actual puede negar que existen desigualdades importantes asociadas al origen social, al contexto educativo previo o incluso al idioma. Pero reconocer ese problema no implica aceptar cualquier solución. Y aquí es donde la reforma resulta profundamente problemática. El problema no es el fin. Es el camino.

Porque una universidad que deja de evaluar cómo se expresa una idea empieza, en realidad, a dejar de evaluar la idea misma.

Separar contenido y forma es una ficción pedagógica. Pensar bien exige expresarse bien. No hay pensamiento complejo sin un lenguaje preciso. La gramática no es un adorno elitista ni una barrera artificial. Es la herramienta que permite estructurar argumentos, matizar posiciones y construir conocimiento. Renunciar a evaluarla no elimina las desigualdades. Las desplaza y, en muchos casos, las oculta.

Resulta especialmente paradójico que quienes durante años han defendido el valor social del lenguaje, su capacidad para construir identidades, generar reconocimiento o incluso moldear la realidad (ellos, ellas y elles) sean ahora quienes proponen ignorarlo en la evaluación académica. La contradicción es evidente. Si el lenguaje importa tanto, ¿por qué deja de importar cuando se trata de medir el desempeño de un estudiante?

Las consecuencias prácticas de este tipo de medidas son claras. El mercado laboral no funciona con criterios difusos. Empresas, administraciones y organismos internacionales no evalúan «ideas en abstracto». Evalúan informes, proyectos, correos, presentaciones. Evalúan, en definitiva, la capacidad de comunicar con claridad y precisión. Reducir la exigencia en este ámbito no hace a los estudiantes más competitivos. Los hace más vulnerables.

Algo similar ocurre con la reducción de la extensión de los trabajos o la sustitución de exámenes por formatos alternativos supuestamente más accesibles. Pasar de ensayos de 2.000 palabras a textos significativamente más breves no es una medida menor. Es una reducción directa del espacio para desarrollar argumentos complejos, para hilar ideas, para sostener una tesis con profundidad. Es, en definitiva, una reducción del esfuerzo intelectual exigido.

La universidad no está para eliminar la dificultad. Está para gestionarla, acompañarla y, en última instancia, superarla. Cuando la respuesta institucional a la dificultad es rebajar el listón, el mensaje implícito es claro: no todos pueden llegar, así que adaptamos el objetivo. Y ese mensaje, lejos de ser inclusivo, es profundamente condescendiente.

Además, introducir criterios como «validar experiencias» o «reconocer identidades» en los sistemas de evaluación abre la puerta a una subjetividad difícil de acotar. La evaluación académica pierde así uno de sus pilares fundamentales: la comparabilidad. Cuando los criterios dejan de ser claros, el mérito se vuelve discutible. Y cuando el mérito se diluye, la institución pierde legitimidad.

Este fenómeno no es exclusivo del Reino Unido. En España se observan tendencias similares, aunque de manera más gradual. La creciente flexibilización de los sistemas de evaluación, junto con normativas que amplían la capacidad de adaptación de los estudiantes sin exigir un aumento equivalente en responsabilidad o rendimiento, apunta en la misma dirección. Se consolida así una universidad en la que las reglas son cada vez más negociables y los estándares cada vez más difusos.

El riesgo es evidente. Si evaluar deja de ser medir y pasa a ser interpretar, el sistema entero se resiente. No solo por la posible proliferación de reclamaciones basadas en percepciones subjetivas, sino porque se erosiona la confianza en el valor de los títulos. Una universidad cuya exigencia es cuestionable también es una universidad cuya credibilidad se debilita.

Conviene insistir: la inclusión es un objetivo legítimo y necesario. Pero no puede confundirse con la rebaja de estándares. La verdadera inclusión consiste en proporcionar a todos los estudiantes las herramientas necesarias para alcanzar altos niveles. Refuerzo, acompañamiento, formación adicional. Eso es inclusión. No redefinir el nivel hacia abajo.

Una universidad exigente es, en realidad, una universidad más justa. Porque trata a todos los estudiantes como capaces de alcanzar la excelencia. Porque no presupone límites en función del origen. Porque confía en el esfuerzo como mecanismo de movilidad. Renunciar a la exigencia es, en el fondo, renunciar a esa idea. Es asumir que algunos no pueden llegar. Y, por tanto, es mejor no exigirles. Ese no es un proyecto inclusivo. Es, sencillamente, un proyecto resignado.

Y quizá ahí radica el verdadero problema. No en la intención declarada de estas reformas, sino en la visión del estudiante que subyace a ellas. Una visión que, en lugar de aspirar a elevar, opta por acomodar. Que, en lugar de exigir, prefiere facilitar. Y que, en última instancia, corre el riesgo de vaciar de contenido a la propia institución universitaria.

Una universidad sin exigencia puede seguir llamándose universidad. Pero deja de serlo en lo esencial.