Por qué el nuevo impuestazo de Sánchez a las energéticas lo acabarán pagando las familias

En momentos de incertidumbre internacional como el actual escenario derivado de la guerra en Irán, es cuando más se pone a prueba la solidez de la política económica de un país. Es precisamente en estos contextos cuando se requiere rigor, estabilidad y una comprensión clara de los incentivos que rigen el funcionamiento de los mercados. Sin embargo, la propuesta del Gobierno de imponer un nuevo impuesto a las empresas energéticas –secundada, tristemente, en algunos ámbitos de la UE– vuelve a incidir en un error recurrente: utilizar la vía fiscal como respuesta automática a cualquier tensión económica, ignorando sus efectos reales.

La primera cuestión que conviene subrayar es que gravar a las empresas energéticas en un contexto de incremento de costes no soluciona el problema de fondo, sino que lo agrava. La energía es un input básico para el conjunto de la economía. Cuando sus costes aumentan –ya sea por tensiones geopolíticas, encarecimiento de materias primas o disrupciones en el suministro–, ese incremento se transmite, en mayor o menor medida, a toda la estructura productiva. Introducir un impuesto adicional en ese contexto implica añadir un nuevo coste a un sistema ya tensionado.

La teoría económica, y la evidencia empírica, son claras al respecto: los impuestos no desaparecen por arte de magia. Se trasladan. En este caso, el impuesto a las energéticas terminará siendo repercutido, total o parcialmente, a los consumidores finales, ya sea a través de precios más altos o de una menor calidad o disponibilidad del servicio. Pretender lo contrario es ignorar el funcionamiento básico de los mercados. No se penaliza a «las empresas» en abstracto; se penaliza a los usuarios de la energía, es decir, a familias y empresas, a todos.

Pero incluso en el supuesto de que parte del impuesto no pudiera trasladarse inmediatamente, sus efectos aparecerían por otra vía igualmente relevante: la inversión. Las empresas toman decisiones de inversión en función de la rentabilidad esperada. Si se incrementa la carga fiscal sobre un sector, esa rentabilidad se reduce, y con ella el incentivo a invertir. En el caso del sector energético, esto es particularmente crítico, ya que se trata de una actividad intensiva en capital que requiere inversiones constantes para mantener, ampliar y modernizar infraestructuras.

La reducción de la inversión tiene un impacto directo sobre el empleo y sobre la actividad económica asociada al sector

Menos inversión implica, en última instancia, menor capacidad productiva futura, menor innovación y una mayor dependencia exterior. Es decir, exactamente lo contrario de lo que debería perseguirse en un contexto de incertidumbre energética global. Además, la reducción de la inversión tiene un impacto directo sobre el empleo y sobre la actividad económica asociada al sector, que es significativa.

El problema de fondo es más amplio: la política económica del Gobierno parece anclada en la idea de que cualquier desequilibrio puede corregirse mediante la creación de un nuevo impuesto. Esta aproximación no sólo es ineficiente, sino que genera un entorno de creciente inseguridad jurídica y fiscal. Cuando las reglas del juego cambian constantemente y la carga impositiva se incrementa de manera discrecional, la consecuencia es una menor confianza y una reducción de la inversión, tanto nacional como extranjera, cosa que ya está pasando.

Frente a esta estrategia, la alternativa es bien conocida, aunque sistemáticamente ignorada: abordar reformas estructurales por el lado de la oferta. Esto implica reducir trabas regulatorias, fomentar la competencia, mejorar la eficiencia del gasto público, reducirlo y crear un entorno propicio para la inversión y la innovación, con impuestos bajos y reformas profundas.

España arrastra una dependencia energética significativa que la hace especialmente vulnerable a perturbaciones externas

En el ámbito energético, esta necesidad es aún más evidente. España arrastra una dependencia energética significativa que la hace especialmente vulnerable a perturbaciones externas. Reducir esa dependencia debería ser una prioridad estratégica. Sin embargo, las decisiones adoptadas en los últimos años han ido en la dirección contraria, especialmente en lo que respecta a la energía nuclear.

Mientras la Unión Europea ha comenzado a reconocer el papel de la energía nuclear como fuente de energía limpia, estable y necesaria para la transición energética, el Gobierno español mantiene un calendario de cierre de centrales nucleares que resulta difícil de justificar desde un punto de vista económico y estratégico. Prescindir de una fuente de energía que proporciona estabilidad al sistema, reduce la dependencia exterior y contribuye a la descarbonización es, sencillamente, un error.

Mantener abiertas las centrales nucleares existentes no es sólo una cuestión de prudencia, sino de racionalidad económica. Pero más allá de ello, sería necesario plantear una estrategia ambiciosa que incluya el desarrollo de nuevos mini-reactores nucleares. Esta tecnología ofrece ventajas significativas en términos de flexibilidad, seguridad y coste, y podría desempeñar un papel clave en la construcción de un sistema energético más robusto.

Una energía más barata, abundante y estable no sólo beneficia al consumidor, sino que mejora la competitividad de la economía

Una energía más barata, abundante y estable no sólo beneficia directamente a los consumidores, sino que mejora la competitividad del conjunto de la economía. Reduce los costes de producción, facilita la inversión y contribuye a la creación de empleo. Es, en definitiva, un elemento central para el crecimiento económico sostenido.

En lugar de avanzar en esta dirección, la propuesta de imponer un nuevo impuesto a las energéticas apunta hacia un modelo que penaliza la actividad productiva, desincentiva la inversión y traslada costes adicionales a la sociedad. Es una respuesta que, lejos de resolver los problemas, los amplifica.

La política económica no puede basarse en soluciones simplistas ni en la búsqueda de réditos inmediatos. Requiere una visión de largo plazo, centrada en la creación de riqueza y en la mejora de la competitividad. Persistir en la estrategia de gravar sistemáticamente a los sectores clave de la economía no sólo es un error técnico, sino una vía segura hacia el empobrecimiento relativo.

España necesita exactamente lo contrario: estabilidad, reformas estructurales y una apuesta decidida por un modelo energético eficiente y sostenible. Todo lo que se aleje de ese camino no hará sino aumentar la vulnerabilidad de la economía en un entorno internacional ya de por sí complejo.