El exjuez Baltasar Garzón
Tribunales
Garzón: de defender al Pollo Carvajal a ser acusado por él
Los documentos entregados por El Pollo Carvajal al juez Manuel García-Castellón acreditarían los contratos que supuestamente comprometen al exjuez español con el cobro irregular de casi 9 millones de euros procedentes del régimen chavista, a través de PDVSA, la petrolera estatal de Venezuela
El exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón (Jaén, 1955) ha vuelto a sus orígenes. Los contratos de la petrolera estatal venezolana (PDVSA) con el despacho del exmagistrado que el exjefe militar de la inteligencia chavista Hugo Armando ‘El Pollo’ Carvajal entregó al titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de Madrid, Manuel García-Castellón, han devuelto a Garzón a la actualidad del órgano judicial. El dossier aportado por El Pollo al instructor, en el marco de una comparecencia voluntaria celebrada el pasado 20 de septiembre y revelado por El Debate, contiene los documentos acreditativos de los contratos que supuestamente comprometerían al exjuez español con el cobro irregular de casi 9 millones de euros procedentes del régimen chavista, a través de PDVSA, la empresa petrolera estatal de Venezuela.
El propio bufete de Baltasar Garzón intervino, hasta 2019, en la defensa de Carvajal para evitar su extradición a Estados Unidos por narcotráfico, tal y como confirmó el entorno del propio exgeneral chavista. El empresario venezolano Wilmer Ruperti fue el encargado de contratar los servicios profesionales del exjuez y de su despacho, que ascendieron a una minuta de 1,85 millones de euros, para que confeccionase un informe, que nunca le entregó, donde debía cuestionar las garantías de la Justicia estadounidense para así evitar la extradición de su patrocinado, El Pollo, a Estados Unidos donde está acusado de narcotráfico.
En la actualidad, la petrolera venezolana PDVSA está representada en España, en la causa que instruye la magistrada María Tardón, en el Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, por una letrada del bufete profesional del exjuez Garzón.
Un despacho muy rentable
Garzón habría ingresado cerca de 8 millones de euros en los últimos cuatro años en concepto de honorarios profesionales abonados por Ilocad al exjuez, como retribución por los servicios jurídicos prestados, según los datos disponibles en el Registro Mercantil, consultadas por El Debate. Sólo en 2020 la minuta total recibida del despacho ascendería a algo más de 3 millones de euros, frente a los 1,23 millones de 2019, los 1,3 computados en 2018 y los 2 millones de 2017.
No en vano, los beneficios del bufete creado hace siete años por Baltasar Garzón habrían sufrido un importante crecimiento en el último ejercicio 2020 donde los ingresos registrados superando los 7 millones de euros desde los 5,3 millones ingresados en 2017, los 2,8 de 2018 y los 4,1 millones de 2019.
International Legal Office for Cooperation and Development (Ilocad) ha declarado su mayor beneficio en 2020, desde su fundación, rozando el millón de euros. El valor del activo corriente ascendió a cuatro millones, en ese mismo período, frente a los 1,35 millones del año anterior.
Derechos Humanos y asuntos Pro bono
La página web de Ilocad S.L. (International Legal Office for Cooperation and Development) presenta al bufete como un despacho de abogados «moderno, novedoso y distinto» que «crece entorno a la figura de Baltasar Garzón» al que presentan como «una persona que ha sido juez instructor y que por ello dispone de una visión estratégica de la defensa». De entre todas las ramas del Derecho que atiende el bufete –Penal Internacional, Civil, Mercantil y Tributario, Laboral y negociación colectiva, Arbitraje, Administrativo y Compliance Penal– destaca la especialización de uno de sus abogados en plantilla en el mercado ruso, así como la reciente apertura de una segunda sede del bufete en Jaén, ciudad natal del propio Garzón, para coordinar los asuntos circunscritos en la zona Sur.
Además, Ilocad «contacta periódicamente con organismos públicos o privados internacionales de reconocido prestigio», haciéndoles llegar su «interés en formar parte de sus proyectos bajo el sistema Pro bono», esto es, sin recibir contraprestación alguna por los servicios prestados, «manteniéndose siempre atento y cercano a una sociedad donde se plantean nuevas exigencias y retos en materia de Derechos Humanos».
El propio Garzón se encargaría de las labores de asesoramiento y representación internacional» para sus clientes en la «expansión internacional» de sus negocios. No en vano, el despacho mantiene acuerdos de colaboración vigentes con despachos de varios países: Brasil (Alino & Robert e Adbogados), Reino Unido (Del Canto Chambers), Paraguay (Camino, Brelles & Asociados) y Francia (Juan Branco).
Garzón ha coordinado, entre otros asuntos recientes, la solicitud de indemnización por la confiscación del dinero de españoles que sufrieron durante el franquismo o la defensa del prófugo de la Justicia suiza, Hervé Falciani cuya extradición frenó como fiscal la actual titular de la Fiscalía General del Estado y pareja sentimental del exjuez, Dolores Delgado.
Un juez inhabilitado
Baltasar Garzón fue magistrado ejerciente desde 1981 hasta el año 2012. Desde el 3 de abril de 2012 es abogado por el Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla y ejerciente en Madrid.
En febrero de 1988 llegó como titular al Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional. Desde este cargo, fue uno de los seis jueces encargados de instruir diversas macrocausas sobre terrorismo, narcotráfico, delincuencia económica y financiera organizada, crimen organizado, blanqueo de activos, extradiciones y crímenes de genocidio y lesa humanidad, así como delitos relacionados con la corrupción y los cometidos por españoles en el extranjero.
El ex juez fue procesado y juzgado penalmente, en 2012, ante el Tribunal Supremo, por una presunta prevaricación en dos casos de máxima relevancia política en clave interna: el caso Franquismo y el caso Gürtel. Resultó absuelto del primero –tras asumir competencias para la investigación de desapariciones forzosas durante la Guerra Civil española y la posterior dictadura de Franco– pero condenado por prevaricación en el segundo. Garzón fue apartado de la carrera judicial e inhabilitado para el ejercicio de su cargo durante 11 años por autorizar la realización de escuchas entre varios acusados en la trama y sus abogados, justificando la necesidad de prevenir la comisión de futuros delitos.
El periplo judicial de recursos ante el Constitucional, en clave doméstica, y otras instancias internacionales, culminaba en 2016 cuando el exjuez presentó una queja contra España ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU –el órgano encargado de velar por el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos para los estados firmantes– alegando haber sido víctima de múltiples violaciones de sus derechos fundamentales durante ambos procesos.
El Comité se pronunció el pasado mes de agosto para condenar al Estado español por el uso del derecho penal contra un juez en el marco de sus funciones. Aunque la decisión no tiene efectos prácticos sobre la sentencia condenatoria del Tribunal Supremo, el juez ha anunciado que peleará por su reincorporación a la carrera judicial en su antiguo puesto en la Audiencia Nacional.
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