El presidente Pedro Sánchez y el líder del PP Pablo Casado
Justicia
La renovación del CGPJ, en «punto muerto» a pesar de la sobrecarga en Supremo y Audiencia Nacional
no habrá acuerdo. Pese al reciente pacto formalizado entre socialistas y populares para la renovación de los principales órganos constitucionales (Tribunal de Cuentas, Tribunal Constitucional o Defensor del Pueblo) el Consejo General del Poder Judicial seguirá sumando tiempo a los tres años que ya acumula en funciones prorrogadas. Desde la institución, que ha consensuado cumplir con su mandato manteniendo un perfil bajo, aseguran que salvo que se produzca un giro radical de las circunstancias las conversaciones entre PP y PSOE están en un «punto muerto» que hace «prácticamente imposible» su cambio en el corto plazo.
El motivo: la necesidad del Gobierno de afianzar lo que resta de legislatura en la mayoría parlamentaria de la investidura que hace inviable un nuevo acuerdo con la oposición. Admitir la línea roja trazada por Pablo Casado a Pedro Sánchez para modificar el actual sistema de elección de los vocales del órgano de gobierno de los jueces, supondría abordar una reforma legislativa en la que ambos partidos tendrían que votar juntos en el Congreso de los Diputados. Una imagen que Sánchez no está dispuesto a propiciar.
Y ello, a pesar de las dificultades que atraviesa el Supremo, y en menor medida la Audiencia Nacional, por la imposibilidad del Consejo de abordar los nombramientos discrecionales imprescindibles para cubrir las vacantes que, a lo largo de este año que termina, se han ido cronificando en el seno del Alto Tribunal.
No en vano, la reforma legal aprobada por PSOE y Podemos por vía de urgencia, con el apoyo parlamentario de sus socios separatistas y Bildu, para impedir que el CGPJ realice designaciones en la cúpula judicial cuando su mandato está prorrogado, como sucede desde diciembre de 2018, sigue haciendo estragos. Las injerencias del Ejecutivo de Pedro Sánchez en el Poder Judicial han condenado al Supremo a resolver los recursos contra el Gobierno con una importante merma de magistrados en el Alto Tribunal. Un total de doce vacantes tras la jubilación forzosa de Cándido Conde-Pumpido, que ascenderán a catorce a comienzos de 2022 y que, con la nueva ley en la mano, no podrán ser cubiertas hasta que no se constituya un nuevo Consejo.
La más afectada por la situación de bloqueo del CGPJ es la Sala Tercera, la única competente para decidir, entre otras causas, si las medidas ministeriales durante los estados de alarma, los indultos concedidos a los líderes políticos condenados por sedición y malversación en el juicio del procés o la polémica medida de gracia concedida a la madre malagueña Juana Rivas, pese a que el Gobierno conocía los presuntos abusos sexuales sufridos por su hijo menor, fueron legales o no. Su Pleno ha pasado de 32 a 26 magistrados.
También la Sala Primera y la Sala Quinta de lo Militar se han visto gravemente afectadas por la anomalía del Consejo. Y, más recientemente, la Audiencia Nacional.
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