La vicepresidenta de la Comunidad Valenciana, Mónica Oltra, y el 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, en una imagen de archivo
El informe del Sindic estalla contra la consejería de Mónica Oltra
El documento evidencia que los casos de abusos a menores tutelados suponen un problema estructural que no quiere reconocer la vicepresidenta valenciana
Empezaron siendo casos puntuales, prostitución en el centro del Monte Olivete de Valencia, el caso de abusos por el que fue condenado el ex marido de la vicepresidenta del Gobierno valenciano, Mónica Oltra… Así hasta una decena de casos en los que se habían denunciado presuntos abusos a menores tutelados por la Comunidad Valenciana. Pero se podían ir lidiando achacándolo a casos puntuales, a sucesos que también se dan en otras regiones.
En muchas ocasiones se trataba de ocultar los casos o mirar para otro lado. No en vano, los juzgados valencianos han reabierto el caso de la ex pareja de Oltra extendiendo la investigación a cuatro personas de la consejería de Igualdad por no creer a la víctima y no investigar la denuncia.
Queja al Síndic
Los distintos grupos parlamentarios solicitaban información que no se les facilitaba o esta era sesgada. Hasta que a la parlamentaria del Partido Popular Elena Bastidas presentó una reclamación ante el Síndic de Greuges, el equivalente al Defensor del Pueblo de la Comunidad Valenciana. Y el informe del Sindic, dirigido por cierto por un ex parlamentario socialista, ha explotado de lleno en la consejería de Igualdad que dirige la también vicepresidenta del Gobierno valenciano, Mónica Oltra.
En tan solo un año, doce meses, se han detectado hasta 175 casos de abusos en los menores dependientes de la consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas. Imposible de achacar ya a casos puntuales. Imposible sostener que todo funciona bien. De hecho, este informe ha obligado a solicitar a la propia Mónica Oltra su comparecencia en el Parlamento valenciano.
Pero en lugar de admitir que existe un problema en el sistema de acogida de menores que dirige y aprovecha esa comparecencia para recabar la opinión y la unión de todas las fuerzas políticas para resolver el problema, Mónica Oltra salió por la tangente y este martes acusó al Partido Popular de manipular los datos.
Decía la consejera que los 175 casos sacados a la luz por el Síndic no son condenas, que son solo sospechas, como si no fuera suficientemente grave la existencia de indicios. De hecho, el propio informe del Síndic explica que 118 casos, el 67,5 % del total terminaron en denuncias. «El resto corresponde a los casos derivados de personas protegidas con conductas sexuales inadecuadas no delictivas, menores de 14 años, etc.».
El escándalo que silencia la izquierda
Uno de cada diez niños tutelados por la Generalitat Valenciana sufrió abusos en sus propios centros
Achacaba también que buena parte de las denuncias se producían fuera de los centros de tutelaje. En este punto, la parlamentaria Elena Bastidas advierte que «nosotros decimos que lo que falla es el sistema. Porque la tutela abarca a los menores de las residencias, pero también a los que se encuentran en acogida. No hay menores de primera o de segunda».
Protocolos
Y es cierto que los protocolos establecidos han permitido sacar a la luz los 175 casos conocidos a través del informe del Síndic. El propio informe reconoce que se han dado avances en cuanto a la detección de casos. Pero estos se activan después de que se haya dado el abuso.
El Partido Popular solicitó hasta en tres ocasiones la creación de una comisión de investigación para analizar qué es lo que falla en el sistema de los centros de menores. «Vamos con espíritu constructivo, que hablen los expertos, que son los que saben, y así podamos mejorar los protocolos», afirma Elena Bastidas.
De momento, el Síndic apunta una serie de recomendaciones para evitar precisamente llegar a ese punto de que se produzcan abusos. Entre otros destaca la «Elaboración de la Estrategia autonómica de erradicación de la violencia sobre la infancia y la adolescencia que debería formar parte de la Estrategia Valenciana de la Infancia y Adolescencia» y la «Elaboración de un único protocolo que reformule los actualmente existentes. Este protocolo deberá contener las actuaciones previstas para la prevención, detección precoz e intervención ante posibles casos de violencia sexual».
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